El Instituto de Previsión Social (IPS) solicitó a la Superintendencia de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lleve adelante una auditoría para conocer quiénes fueron los responsables del extravío de hojas y la desidia judicial acerca del expediente caratulado: “IPS contra Espigal SA, sobre ejecución hipotecaria y prendaria del año 2002″.

Este juicio, que comenzó el 26 de setiembre de 2002, se encuentra sin tener los avances correspondientes en el juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial del octavo turno, y el monto de la demanda es de un monto superior a los G. 18.617 millones.

Desde la Dirección Jurídica de la previsional señalaron que el juicio cuenta con más de 10 años y que antes nadie impulsó desde el IPS para apurar el proceso y permitir la ejecución hipotecaria, considerando la sustracción de hojas del expediente.

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“Ante esta situación, denunciamos ante la Superintendencia de Justicia, y pedimos una auditoría interna y externa para deslindar responsabilidades e identificar a los responsables, de todas las personas que intervinieron en el proceso por la desidia”, aseveró el director jurídico, Dr. José González.

Según la denuncia existen hechos relevantes que ameritan una investigación sobre la conducta de los agentes de Justicia que intervinieron en el caso, ya sean jueces, actuarios e incluso de los abogados de la Dirección Jurídica de IPS, que corresponden al año 2002 en adelante.

De acuerdo con el Informe del entonces actuario, Abg. Alexis Mendoza, de fecha 8 de mayo de 2012, señala que las fojas 1 al 43 de los autos caratulados “Reconstitución del expediente : IPS C/ Espigal S.A. sobre ejecución hipotecaria”, no se encuentran glosados a autos.

La denuncia señala que los folios faltantes fueron buscados en los armarios de la secretaría de la Dirección Jurídica de IPS y no fueron encontrados.

Los documentos a los que hace alusión se tratan nada más y nada menos que del Estado de Cuenta de la demandada, la cesión de derechos al IPS y una nota en la que la empresa privada reconoce la deuda y el monto. Es decir, que la “parte extraviada” desapareció, dice parte de la denuncia presentada por la entidad previsional.

Actualmente, varios juicios son objeto de auditorías, tanto internas como externas, a los efectos de investigar y deslindar responsabilidades en el desempeño de los funcionarios, respecto al cumplimiento de sus deberes y obligaciones, para con la Institución. Si el caso amerita, los antecedentes deben ser remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, señala la denuncia presentada.

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Este miércoles, un Tribunal de Sentencia decidió condenar a ocho años de prisión al adolescente de 17 años que asesinó a la maestra y directora de la institución educativa donde asistía. El hecho conmocionó al departamento de Guairá y todo el país, porque ocurrió frente a otros estudiantes.

El juicio oral y público culminó hoy, y los integrantes del tribunal decidieron condenar al estudiante que asesinó brutalmente a la profesora Sofía Rodríguez, de 44 años, quien era directora del Colegio “San Gervasio” de Independencia. El terrible hecho se registró en mayo del 2023.

Finalmente, el estudiante del citado colegio y alumno de Rodríguez, que resultó víctima fatal, fue encontrado culpable del asesinato que se registró frente a sus compañeros mientras la profesional estaba dando clases y le otorgaron 8 años de pena privativa de libertad.

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La resolución indica que se debe compurgar un año de pena, porque el acusado permaneció ese tiempo recluido, por lo que le quedan siete años de prisión. El joven permanecerá en un centro educativo por ser menor de edad, pero cuando cumpla la mayoría se analizará el trasladarlo a otra prisión. Los familiares de la maestra se mostraron conformes con la sentencia.

“Logramos la pena máxima que se puede dar en nuestro país y estamos conformes con eso, creemos que es lo que se merecía”, expresó Arnaldo Cristaldo a los medios de comunicación. El Tribunal descartó problemas psiquiátricos tras el informe forense y por eso decidió que la condena sea la máxima que se puede dar a un menor.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, cuestionó a su colega, el senador Salyn Buzarquis, por manifestarse y encadenarse frente a la Municipalidad de Asunción, en contra del intendente Óscar Rodríguez. El titular legislativo indicó que esta actitud no corresponde, teniendo en cuenta que se trata de un representante del Parlamento y con ello también podría incurrir en una interferencia en otros poderes del Estado.

“Creo que el colega Buzarquis no tiene por qué ir a manifestarse de esa forma siendo un senador. ¿Ustedes me ven encadenado frente a la Municipalidad de Ciudad del Este?. Entonces yo estoy interfiriendo en la labor de un poder, el Poder Judicial y la Fiscalía”, dijo en conversación con los medios de comunicación.

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También se refirió al “apriete” de Buzarquis que reveló ayer el intendente de Asunción, tras una acalorada discusión, para favorecer a un amigo empresario con alquileres de camiones por parte de la Municipalidad capitalina. Al respecto, se habla de un pedido de pérdida de investidura, por tráfico de influencias.

Núñez indicó que, por el momento desconoce si existe o no el pedido de pérdida de investidura contra Buzarquis, y aseguró que de presentarse tal solicitud la decisión de acompañar o no debe ser tomada en bancada.

“Yo desconozco sobre quién haya pedido la pérdida de investidura hasta el momento. Nosotros nos debemos a una bancada, entonces lo que la bancada decida hacemos”, sentenció el presidente del Senado e integrante de la bancada de Honor Colorado.

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El “amigo” por el cual el senador Enrique Salyn Buzarquis presionó al intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, para que otorgue alquileres de sus vehículos cuenta con más de 600 licitaciones en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El titular de la institución, Agustín Encina, confirmó al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media que esta persona a través de su empresa cuenta con cientos de licitaciones.

“No le conozco a la persona, sí por supuesto pudo haber ganado más de 600 licitaciones quizás, pero lo cierto y concreto, al día de hoy por lo menos, no tenemos ninguna cuestión pendiente, cuando hablamos de cuestiones pendientes, digo protestas, investigaciones”, dijo el titular de la DNCP.

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De acuerdo con la publicación de la página hoy.com.py, se trata de Antonio Ramón Figueredo, dueño de la empresa ARF Construcciones en San Pedro del Paraná, Itapúa. Los datos señalan que este empresario, amigo de Buzarquis, se adjudicó 69 contratos en los últimos años por valor de G. 7.734.315.770 en las municipalidades de José Leandro Oviedo y San Pedro del Paraná, además de un contrato en la Gobernación de Itapúa.

De todas las adjudicaciones a esta empresa, solo tres fueron otorgadas por medio de un concurso de ofertas, tres por vía de la excepción y el resto fueron a través de contrataciones directas, lo que aparentemente pretendía nuevamente en la Municipalidad de Asunción.

Tras una discusión y varios improperios lanzados por el senador Buzarquis hacia el intendente Rodríguez en una reunión entre ambos que se desarrolló el día de ayer martes, Rodríguez publicó mensajes que le había enviado el legislador liberal, pidiendo que la Municipalidad de Asunción alquile camiones de este empresario.

“Seguro Nano G (Galaverna) que te estamos ayudando para tu presupuesto. Necesito urgente meter un camión de un amigo para que se le alquile, sea Cateura o lo que sea, le debo muchos favores, una vez le llevé junto a vos”, decía Buzarquis en el mensaje. Este amigo, es el empresario Antonio Ramón Figueredo.

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