El tribunal de apelación confirmó la condena de 3 años de cárcel de Justo Ferreira, accionista de la firma Imedic S.A., sentenciado por contrabando de 50 camas, hecho registrado durante la pandemia del covid-19. Foto: Archivo
Imedic: ratifican condena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira
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El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de la Capital integrado por Arnaldo Freitas, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín confirmó la sentencia del 5 de diciembre del 2023 donde fue condenado a 3 años de prisión Justo Ferreira, presidente de Imedic S.A. (Insumos Médicos), luego de ser encontrado culpable por el delito de contrabando por el ingreso irregular de 50 camas hospitalarias en pandemia del covid-19.
Asimismo con los votos de los camaristas Sánchez y Fleitas ratificaron la absolución de Patricia Ferreira, hija de Justo; Carlos Gamarra, el despachante; y los funcionarios aduaneros Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, que también estaban procesados en el hecho. Solo el camarista José Waldir Servín votó por anular la absolución de Patricia y demás procesados.
El Ministerio Público puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia sobre el fallo de segunda instancia que ratificó la absolución de Patricia Ferreira y demás procesados.
La acusación de la Fiscalía sostuvo que durante la pandemia de covid-19, Imedic debió entregar al Ministerio de Salud mascarillas con filtro, trajes para riesgos biológicos y camas manuales para pacientes, sin embargo, Justo Ferreira introdujo al país en forma irregular 50 camas hospitalarias.
Juicio a Patricia Ferreira
Del mismo modo, Patricia Ferreira, de la firma Imedic S.A, está siendo juzgada por presuntamente falsificar facturas de la firma Eurofarma que han posibilitado el ingreso de medicamento oncológico de dudosa procedencia a nuestro país. En el presente caso están siendo enjuiciados la funcionaria de Imedic S.A., Nidia Godoy, y el despachante Néstor Ramírez.
Imedic: confirman condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira
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El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.
La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.
En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.
Un equipo técnico del fuero penal de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema llevó a cabo un censo y recolección de datos en el Centro Regional Penitenciario de Encarnación. Foto: Gentileza
Realizaron censo a personas privadas de libertad del penal de Encarnación
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En el marco de la implementación del programa de Revisión de medidas cautelares, un equipo técnico del fuero Penal de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo un censo y recolección de datos en el Centro Regional Penitenciario de Encarnación. En total se hizo el relevamiento de datos de 201 personas privadas de libertad, tanto prevenidos como condenados.
Esta actividad contó con el respaldo del presidente del Consejo de Administración de la circunscripción judicial de Itapúa, abogado Luis Alberto García, y de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia. Además se enmarca dentro de los trabajos que se realizan junto con el Viceministerio de Política Criminal del Ministerio de Justicia.
Participaron de la jornada los jueces de Ejecución Penal, Sonia Rojas y Laura Benítez; los jueces de Garantías, Claudia Scapinni y Miguel Óscar López. Asistieron representantes del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Ministerio de Salud, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, el sector del deporte y otras instituciones vinculadas al sistema penitenciario.
Esta iniciativa se desarrolla en cumplimiento del artículo 19 de la Constitución Nacional y la Acordada n.° 1.511/2021. Igualmente la misma actividad se realizará en otras penitenciarias de nuestro país.
El 23 de abril se desarrollará el juicio oral y público de Arnaldo Giuzzio acusado por cohecho pasivo agravado por recibir favores de un narcotraficantes detenido en Brasil. Foto: Néstor Soto
Vínculo narco: fijan para el 23 de abril el juicio oral contra Arnaldo Giuzzio
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El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Adriana Planas, Mathias Garcete y Yolanda Morel, fijó para el 23 de abril el juicio oral y público para el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por recibir favores del supuesto narcotraficante detenido en Brasil Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
Días atrás, el Tribunal de Apelación rechazó la recusación presentada por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra los integrantes del Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, Matías Garcete y Adriana Planás.
La chicana fue promovida en su momento por el abogado Emilio Fúster, el pasado 14 de marzo. El exfuncionario de confianza del gobierno de Mario Abdo Benítez está acusado por cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien se encuentra detenido en Brasil.
El Ministerio Público había solicitado al tribunal de sentencia que sea incluido como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado, asociados con Marcus Vinicius Espíndola y que se había fugado de un operativo en Hernandarias, en 2022.
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes argumentan que el también exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
El Ministerio Público construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que Giuzzio usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
Un tribunal de sentencia en mayoría condenó a solo dos años de cárcel a Ricardo Guerrero, distribuidor de droga, quien había sido detenido en el barrio Loma San Jerónimo de Asunción con 262 gramos de cocaína. Foto: Gentileza
Condenan a solo dos años de cárcel a distribuidor de droga
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El Tribunal de Sentencia en mayoría, integrado por los jueces Olga Ruíz, Celia Salinas y Víctor Alfieri, condenó a solo dos años de cárcel con suspensión de la ejecución a Ricardo Daniel Guerrero, quien es considerado uno de los principales distribuidores de droga en el barrio San Jerónimo y que sería uno de los integrantes del clan Rotela.
Los jueces de sentencia que votaron por la leve condena son Olga Ruiz y Celia Salinas, mientras que el magistrado Víctor Alfieri voto por una condena más elevada atendiendo a la gravedad del hecho acusado.
Las magistradas en mayoría hicieron lugar a lo planteado por la defensa y cambiaron su conducta al carácter de cómplice, es decir bajo el artículo 30 del Código Penal, haciendo hincapié en su condición de adicto a las drogas, por lo que solo condenaron a dos años de cárcel.
En la acusación, el Ministerio Público detalla que en marzo de 2023, Guerrero fue detenido en un procedimiento efectuado por agentes de la Secretaría Nacional de Antidrogas (Senad), en el barrio San Jerónimo de Asunción. Al momento de su captura tenía en su poder 262 gramos de cocaína y dinero en efectivo, totalizando 10.000.000, entre otras evidencias, las cuales sustentaron la hipótesis fiscal de que se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes.
Durante la etapa de juicio oral, el fiscal Andrés Arriola presentó todos los elementos de prueba que sustentan la responsabilidad del acusado y se pidió la pena de 7 años y 6 meses de cárcel.
El fiscal sostuvo que el argumento de adicción de la defensa no fue documentada en la carpeta por lo que llama la atención la sentencia leve del acusado. Además de la suspensión en la ejecución de la condena, el colegiado ordenó la devolución del dinero en efectivo que fue incautado al momento del procedimiento, actualmente depositado en cuenta de la Senabico.