La presentación realizada por la defensa del periodista Carlos Granada, exgerente de Canal 9, que cuestionó no haber sido notificada en fecha sobre la integración de la jueza Sonia Villalba como miembro del Tribunal de Sentencia derivó en la suspensión del inicio del juicio oral y público por coacción, coacción sexual y otros.

La causa deberá destrabarse en la Cámara de Apelación para poder fijar una nueva fecha para el inicio de la audiencia oral y pública. Actualmente, y tras estar varios meses con arresto domiciliario, Granada cuenta con libertad ambulatoria.

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De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, varias trabajadoras del Grupo Albavisión (de los canales SNT y C9N) habían denunciado ante la Fiscalía a Granada en mayo de 2022, argumentando que en reiteradas ocasiones las había acosado sexualmente.

Desde el Ministerio Público recordaron que fueron víctimas del acusado seis mujeres, todas periodistas hostigadas con fines sexuales. “En tanto, otras padecieron a actos sexuales mediante la fuerza y tuvieron que soportar estos actos ante las amenazas contra sus fuentes de trabajo”, apuntaron.

Resaltaron que Granada se habría valido de su posición jerárquica e influencias ante sus víctimas subordinadas. El proceso contra el periodista empezó en mayo de 2022 y fue imputado por varios delitos, por lo que el juez Julián López resolvió enviarlo a prisión, donde estuvo durante varios meses hasta cumplir la pena mínima.

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Desde el Ministerio Público informaron que la agente fiscal Angelina Arriola Funes, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de Itapúa, formuló acusación contra Alfredo Luis Yd Sánchez, en su carácter de intendente municipal de la ciudad de Encarnación, por la supuesta comisión de delitos contra el medio ambiente. La representante de la Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Conforme a la investigación del hecho, Yd Sánchez, en su carácter de administrador municipal, habría atentado contra el medio ambiente y la calidad de vida humana, al omitir el cumplimiento de las exigencias legales referentes al buen manejo de los residuos sólidos urbanos y de las disposiciones vigentes para la habilitación y el funcionamiento del vertedero municipal, ya que se constató que el mismo funciona sin los criterios ambientales requeridos.

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La unidad fiscal a cargo de Arriola sostiene que, tras las investigaciones realizadas y de los elementos de convicción idóneos que fueron recolectados durante la etapa preparatoria, existe certeza positiva con probabilidad cierta de demostrar en juicio oral y público la participación del acusado en la comisión del hecho punible mencionado, tipificado en el Art. 200 del Código Penal- Procesamiento. Además, el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, tipificado en el artículo 5 inc. e) de la Ley 716/96, en concordancia con el artículo 16, en calidad de autor.

Durante la investigación preparatoria se recolectaron y se incorporaron de manera legal, suficientes elementos de convicción que permiten sostener razonablemente, la existencia del hecho del modo relatado en la plataforma fáctica y la participación que en el mismo le cupo al hoy acusado.

Dentro de las investigaciones realizadas, se pudo verificar que el predio de aproximadamente 22 hectáreas donde funciona el vertedero o relleno sanitario está compuesto de varias fincas cuya posesión corresponde a la Municipalidad de Encarnación y la propiedad a la Entidad Binacional Yacyretá, conforme se coteja en la nota de fecha 6 de setiembre del 2023, remitida por la Binacional al Ministerio Público.

Entre las diligencias llevadas adelante se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el barrio San Antonio Ypekuru, del distrito de Encarnación, lugar donde funciona el vertedero municipal o relleno sanitario de residuos sólidos urbanos del municipio encarnaceno. La comitiva fiscal estuvo encabezada por Arriola, acompañada de técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y personal policial de diversas comisarías.

Durante el recorrido por el predio se constató efectivamente la existencia de un vertedero donde se depositan residuos urbanos domiciliarios, mezclados con algunos residuos industriales y residuos hospitalarios, sin criterios ambientales, pues no se observó la compactación del suelo, las cañerías colectoras de líquidos lixiviados, las chimeneas de venteo ni la cobertura con tierra de los residuos depositados en el sitio, además de no contar con copias de los documentos habilitantes expedidos por la autoridad de aplicación (Mades).

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El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, recusó este viernes a los miembros del Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, Matías Garcete y Adriana Planás, con la finalidad de impedir el avance de su juicio oral y público, cuya continuidad estaba prevista para las 8:30 de hoy. El funcionario de confianza del gobierno de Mario Abdo Benítez está acusado por cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola.

La nueva chicana impulsada por el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) fue presentada por su abogado Emilio Fuster, 40 minutos minutos antes del horario fijado. Lo llamativo del caso es que Guizzio no haya promovido la recusación contra la jueza Yolanda Morel, esposa del ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel de Jesús Ramírez Candia.

De esta manera el proceso se pospondrá hasta tanto la Cámara de Apelación resuelva la recusación contra ambos magistrados. La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anti­corrupción Diego Arzamen­dia y Jorge Arce, que argumentan que el exministro tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil, de obtener contratos con el Estado para­guayo, específicamente con el Ministerio del Interior, que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.

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La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supues­tas conversaciones vía What­sApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evi­dencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Espíndola Marques de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que Giuzzio usó una camio­neta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

Arnaldo Giuzzio también está imputado en el caso de filtración de información de inteligencia financiera de carácter reservado, obtenida de manera ilegal de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El martes pasado, la Fiscalía presentó acusación y pidió juicio contra Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, todos exfuncionarios de Abdo, quien también está imputado en esta causa, al igual que su exsecretario, el diputado Mauricio Espínola.

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“De papá no tenemos información alguna, nada de nada. Hay una burocracia interminable, estamos hastiadas”, dijo Beatriz Denis, hija del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, tras reclamar la falta de avances en las investigaciones por parte del Ministerio Público en torno al secuestro del dirigente político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“Esto es una vergüenza, en verdad ya no me sorprende nada a esta altura del campeonato. Nosotros sabemos que puede haber sobrecarga de trabajo, que no es el único caso de la Fiscalía, pero solo le recordamos que son 3 personas que hasta la fecha siguen secuestradas, no sabemos en qué estado estarían, si con vida o sin vida”, dijo Denis al referirse a la vez sobre el suboficial Edelio Morínigo y el empresario ganadero Félix Urbieta.

El cuestionamiento por parte de la familia Denis surge como reclamo ante la falta de peritaje de los dispositivos incautados se encuentran celulares, chips, pendrives, una cámara y una notebook, tras un allanamiento efectuado el pasado 7 de febrero en la vivienda José Villalba, localizada en la zona de Concepción.

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“Solamente hubo un juramento donde hubo un detalle de todo lo que se incautó y lo que se tiene que extraer de esos elementos. Para esto se necesita de un software, el que posee el Departamento de Antisecuestro ya está vencido creo que desde el pasado año, entonces cómo se avanzará si no se tiene los elementos para realizar el trabajo”, lamentó Denis, este jueves, en una entrevista emitida en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

José Villalba es hermano de Carmen y Osvaldo Villalba, principales líderes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo criminal que secuestró al dirigente político el 9 de setiembre del 2020 en zona de Yby Yaú, Con­cepción. Ante la carencia del software para impulsar un peritaje de los dispositivos incautados, Beatriz detalló que el trabajo finalmente será efectuado por el Comando de Inteligencia Militar. “Ellos tiene un buen software para realizar el trabajo, pero esperamos que pueda ser realizado en el menor tiempo posible, siempre estamos insistiendo sobre esto”, refirió.

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