Roseli Messias Da Silva Pavão viuda de Rony, hermano de Jarvis Chimenes Pavão, imputada por el operativo Pavo Real, seguirá recluida en la cárcel de mujeres. Así lo resolvió el juez Osmar Legal, quien ratificó la prisión preventiva de la cuñada de Chimenes luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en el juzgado a cargo del referido magistrado.
La defensa de la procesada sostuvo que Roseli no ha realizado ninguna operación ni transacción con personas involucradas en el proceso; que según consta en los documentos es viuda desde hace siete años, no posee antecedentes judiciales ni policiales, por lo que solicitó el levantamiento de la medida de prisión preventiva.
Igualmente la procesada presentó como garantía un inmueble de 150 hectáreas que está tasado en G. 1.800 millones para poder ser beneficiada con el arresto domiciliario, pero el juez Legal resolvió ratificar la prisión de la cuñada de Chimenes.
Ahora la defensa de la mujer puede apelar el fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que deberá decidir si corresponde confirmar el presente fallo judicial o revocar el mismo.
Da Silva Pavão está imputada por supuestamente formar parte del clan familiar para el lavado de activos presuntamente provenientes del narcotráfico, encabezado por Jarvis.
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Caso Berilo: confirman al juez Penal de Garantía Miguel Palacios
El Tribunal de Apelación ratificó la competencia del juez Penal de Garantía, Miguel Palacios, para que siga siendo el magistrado que lleve adelante el proceso penal que enfrenta Reinaldo “Cucho” Cabaña, y otros acusados por delitos relacionados con el narcotráfico.
Ahora el expediente deberá bajar al juzgado Penal de Garantía para que el referido magistrado pueda fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar, en la que se definirá si el caso se eleva a un juicio oral y público.
Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, fue aprehendido en Ciudad del Este el 18 de septiembre de 2018 junto a otras 23 personas, en el marco del Operativo Berilo, llevado a cabo por el Ministerio Público y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). El mismo se encuentra procesado por la presunta comisión de los hechos punibles de tráfico de drogas, asociación criminal, lavado de dinero y comercialización de estupefacientes.
La audiencia preliminar para las personas acusadas fue suspendida en más de ocho ocasiones durante todo este proceso por lo que se espera que se pueda llevar adelante la referida diligencia judicial donde se aguarda que el presente caso se eleve a un juicio oral y público.
Acusación
El fiscal adjunto Marcos Alcaraz fue quien presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el caso están procesadas otras 20 personas más.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
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El 9 de diciembre se sabrá si religiosas van a juicio por servidumbre de adolescente
El juez Osmar Legal fijó para el 9 de diciembre, a las 8:30, la realización de la audiencia preliminar para Olga Bogado Cubas y Rufina Salinas Acuña, acusadas por trata de personas. En la diligencia judicial se definirá si las acusadas estarán sentadas en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos probatorios para que el proceso penal se pueda elevar a un juicio oral y público, por lo que se ratificará en la audiencia en la acusación fiscal.
La fiscal Vivian Coronel fue quien presentó la acusación contra Olga Bogado Cubas, religiosa que presuntamente mantuvo durante varios meses a una adolescente de 16 años en régimen de servidumbre y trabajo forzado, además de maltratarla física y psicológicamente. Igualmente, el Ministerio Público analiza presentar el requerimiento conclusivo en relación con la procesada Rufina Salinas Acuña.
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La acusación fiscal señala que Olga Bogado Cubas acogió a la adolescente el 27 de marzo de 2023 en un lugar denominado “Casa de la Reina de la Paz”, ubicado en el barrio Molino de Luque. Esto ocurrió después de que la menor fuera captada, bajo engaño, por Rufina Salinas Acuña, para una supuesta formación como novicia religiosa en un local conocido como “Nuestra Señora de Caacupé”, en el Km 14 de Minga Guazú.
Desde su llegada a Luque, la víctima fue presumiblemente sometida a un régimen de servidumbre y trabajo forzado durante siete meses. Según los investigadores, Bogado la habría sometido a todo tipo de malos tratos, llegando a abofetearla y golpearla en la nuca constantemente. Además, la obligaba a besar el suelo hasta cien veces cuando no le gustaba su trabajo, según la acusación.
Posteriormente, el 20 de septiembre, Olga Bogado trasladó nuevamente a la víctima a la zona de Minga Guazú y la dejó a cargo de Rufina Salinas. Esta última finalmente abandonó a la menor frente a su vivienda y le dio instrucciones, amenazándola para que mintiera a su madre sobre las condiciones en las que había vivido en Luque.
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Caso Bataglia: fiscales tienen 10 días para volver a examinar reportes de hechos punibles
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú indicó que el equipo de fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez cuenta desde este miércoles con 10 días hábiles para volver a examinar los reportes de indicios punibles emitidos por la Contraloría que hacen mención a un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1,6 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente de la entidad, Vicente Bataglia.
“Ayer martes se sugirió la providencia de oposición. Este juzgado entiende que es necesario que el Ministerio Público vuelva a examinar con mayor detenimiento los puntos u observaciones que hizo la Contraloría”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El magistrado acotó que “en esta primera etapa de este trámite los fiscales intervinientes pueden ratificarse de lo que ya han suscrito o pueden rectificar”. Sostuvo que “a partir de hoy disponen de 10 días hábiles para poder hacer ese análisis, lógicamente eso queda al arbitrio de los agentes si se utilizará o no todo esos plazos”.
De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública, por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que puedan proseguir la investigación.
El médico es investigado por lesión de confianza y estafa. También sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina, quienes fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.
El 31 de octubre pasado los agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría y un grupo de parlamentarios de la oposición bajo el argumento que durante la etapa investigativa se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.
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Juez se opone a blanquear a extitutlar de IPS y considera que podrían existir hechos punibles
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, se opuso a desestimar la denuncia por un supuesto perjuicio patrimonial de G 1,7 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente del ente Vicente Bataglia. Los fiscales Jorge Arce, Luis Piñanez y Néstor Coronel habían alegado la atipicidad (falta de adecuación de la conducta al tipo penal) de los hechos.
De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que pueda proseguir la presente investigación.
El 31 de octubre pasado, los citados agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría que ha arrimado un informe al Ministerio Público sobre la posible existencia de los hechos punibles de lesión de confianza y estafa.
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Asesor jurídico IPS
Días atrás, el abogado José González Maldonado, director jurídico del IPS lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra el expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.
González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.
Agregó que es llamativo que una auditoría del máximo órgano contralor del Estado no haya sido considerada. El reporte final de Contraloría General “es cuanto mínimo un indicio de posible hecho punible”, recordó.
Por otro lado, el director jurídico explicó que el IPS lleva adelante en la actualidad una auditoría sobre numerosas inconsistencias, así como inexistencia de pruebas documentales en la administración de Vicente Bataglia. En ese sentido, recalcó que los agentes fiscales están obligados a tener en cuenta los elementos de cargo y descargo.