Un tribunal de sentencia condenó a 20 años de cárcel a un joven luego de ser encontrado culpable por el delito de abuso sexual en niños cuya víctima es su hermana de tan solo 4 años de edad. La fiscala del caso fue Viviana Llano, de la Unidad Zonal de Villeta.
Los jueces de sentencia valoraron los elementos de prueba que se han ofrecido durante el desarrollo de la audiencia oral y luego de un análisis se llegó a la conclusión de condenar al acusado a la pena privativa de libertad de 20 años de cárcel.
El hecho ocurrió en el año 2021 cuando los agentes policiales habían sido alertados, vía telefónica, por otra hermana del ahora condenado, quien sorprendió al joven vulnerando a la pequeña niña. El autor del hecho intentó darse a la fuga, pero fue reducido por vecinos del lugar.
Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que definirá si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o disponer que se vuelva a realizar un nuevo juicio oral y público.
En los primeros tres meses del año 2024, el Ministerio Público recibió 714 denuncias por abuso sexual en niños y niñas en todo el país. Marzo registró la mayor cantidad de casos, con 265 denuncias. En el año 2023, un total de 3.543 denuncias por abuso sexual en niños ingresaron al Ministerio Público. Estas estadísticas son un recordatorio de la urgencia de actuar y proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad.
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Buscan a trabajador que está desaparecido tras inundaciones en Alto Paraguay
El hombre se encuentra desaparecido desde el 29 de marzo, día en que cayó una fuerte lluvia en zona de Alto Paraguay y desbordó el río Pilcomayo, inundando gran parte del departamento, dejando aisladas a cientos de familias. El hombre salió solo de un establecimiento donde estaba trabajando, pero se perdió por el camino y la búsqueda se intensificó durante las últimas horas.
La persona trabajaba como jornalero en la estancia Santa Elena, hasta donde no se podía ingresar desde el sábado y finalmente hoy jueves, se solicitó el servicio de una retroexcavadora para avanzar con la búsqueda. Desde el establecimiento, indicaron que el ahora desaparecido había terminado el trabajo que le solicitaron y en un momento dado del día sábado salió, pero sigue con paradero desconocido.
“Se inició el operativo de inmediato, pero debido a la altura del agua, que subió de los 1 metro a 1.50, ya no se pudo seguir con la búsqueda. Se realizó la búsqueda aérea con el helicóptero UH en zona del establecimiento, donde se asistió a cinco personas que seguían en el lugar. El miércoles se realizó la búsqueda a caballo y hoy con la retroexcavadora, pero hasta ahora no dimos con la persona”, dijo el comisario Ramón Morales, en el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970.
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Confirmó que esta persona identificada como Eugenio Ramón Portillo, es conocedor del sitio y presumen que estaría en una zona alta, pero que las maquinarias aún no están pudiendo llegar al sitio. “Sigue nuestro personal trabajando en la búsqueda y de a poco están llevando asistencia a las personas que están aisladas. Se realizan traslados de personas adultas y llevan medicamentos como víveres a los que están totalmente aisladas”, detalló.
Agregó que tienen la esperanza de que este hombre esté con vida, por el solo hecho de que es conocedor de la zona, pero la búsqueda sigue por aire, a caballo y con maquinarias. Además, están asistiendo a las familias afectadas de la zona con todo lo necesario hasta que las aguas vuelvan a su estado natural. “Creemos que se refugió en un lugar y que aún no pudo contactarse con nadie. Sigue la búsqueda sin descanso”, puntualizó.
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Itapúa: detienen a hombre que era buscado por asesinar a una mujer en Argentina y será extraditado
La Policía Nacional de San Pedro del Paraná logró detener a un hombre que era buscado por un horrendo crimen que ocurrió en Buenos Aires, Argentina y será extraditado en las próximas horas. Además, realizaron dos allanamientos en búsqueda de otras dos personas que estarían involucradas en el crimen y que se presume que también están en el departamento de Itapúa.
Según el reporte policial Iván Giménez González, fue detenido en la vía pública en el distrito de San Pedro del Paraná. Este contaba con una orden de detención y extradición por estar vinculado a un caso de homicidio ocurrido en una vivienda en la ciudad de Recoleta. En el lugar una mujer fue encontrada muerta, atada de manos y pies, con una bolsa de plástico en la cabeza.
“Ahora se encuentra detenido en la comisaría primera y está a cargo del Juzgado que está realizando los trámites para la extradición. El detenido será extraditado a la Argentina y seguimos buscando a su hermana y a la pareja de esta, que estarían involucrados en el crimen”, detalló el comisario Javier Jiménez, en entrevista con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.
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La detención del hombre se realizó mediante el operativo conjunto “Finis Unita” encabezado por el departamento de Antisecuestro y Antiextorsión, departamento de Interpol y el Ministerio Público. Posterior a la detención se realizaron una serie de allanamientos donde se incautaron de varios elementos que estaban relacionados con el crimen. El procedimiento fue dirigido por la agente fiscal Rocío Valdez y supervisado por el subcomisario Erwin Cáceres.
En el primer allanamiento, realizado a las 21:00 en la zona rural de Jagua Kua’i, se incautaron de una camioneta Renault Duster de color gris, documentos y un teléfono celular. Luego a las 23:44 horas, se realizó otro procedimiento en la casa de la familia de Iván donde se incautaron de ropa deportiva, una mochila negra y dinero en efectivo en diversas monedas.
El 7 de marzo de 2025, el marido de Magalí Levy, de 28 años, la encontró maniatada con una bolsa de plástico en la cabeza y ya sin signos de vida. La mujer fue asesinada luego de que dejó a sus dos hijos en la escuela y regresó a su casa, donde se encontró con los delincuentes quienes acabaron con su vida. Se presume que el hecho se reportó en medio de un robo domiciliario por lo que el caso es investigado como un homicidio en ocasión de robo.
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Imedic: confirman condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira
El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.
La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.
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En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.
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Caso Sol Chávez: familiares de la víctima no pueden nombrar a la odontóloga condenada
En un giro controvertido dentro del caso de Sol Chávez, la joven fallecida por intoxicación con flúuro, un juez dictó una medida cautelar que prohíbe a sus familiares mencionar o acercarse a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza, condenada por homicidio culposo. La decisión ha generado indignación en los padres de la víctima, María Edith Franco y José Domingo Chávez, quienes recibieron un oficio judicial que, según su abogado, presenta numerosas irregularidades.
La medida fue dictada tras una denuncia presentada por Espinoza contra la familia de Chávez, amparándose en la Ley 5.777/2016 de violencia contra la mujer. Sorprendentemente, el documento judicial señala a la odontóloga como “víctima”, lo que ha sido fuertemente cuestionado por la defensa de la familia Chávez.
El abogado José Armoa denunció errores graves en el oficio judicial, que van desde incongruencias en los nombres de los involucrados hasta la carátula del documento, donde se menciona un hecho punible de violencia doméstica. “No sabemos si es un error de tipeo o qué, pero un error de esta naturaleza no puede tener esas incongruencias. Lo que más nos llama la atención es que la carátula del Juzgado enuncia un hecho punible de violencia doméstica”, expresó Armoa en declaraciones al canal GEN/Nación Media.
El abogado también explicó que no se puede caratular como “violencia doméstica” un conflicto entre personas que no conviven juntas. En este caso, ni la odontóloga Espinoza ni la química Sandra Hermosa (también acusada por la muerte de Sol Chávez) tienen relación de cohabitación con la familia de la víctima.
Piden investigar al juez del caso
Ante las irregularidades en el documento judicial, la familia Chávez solicita que se investigue al juez José Segundo Velázquez Alfonso, responsable de la medida cautelar. La defensa de la familia destaca que el oficio presenta errores desde el encabezado, mencionando a un jefe policial ajeno al caso, hasta restricciones impuestas a personas extrañas, cuyos nombres fueron corregidos a bolígrafo.
Antecedentes del Caso
Sol Chávez falleció el 9 de abril de 2021 debido a una intoxicación con flúuro. Tras un proceso judicial, Lilia Graciela Espinoza y Sandra Hermosa fueron condenadas a solo dos años de prisión, lo que generó indignación en la opinión pública. Sin embargo, la sentencia fue anulada, y actualmente se lleva a cabo un nuevo juicio.
La decisión de prohibir a la familia de la víctima mencionar a la odontóloga condenada ha generado un fuerte rechazo y ha reavivado el debate sobre la transparencia y equidad en el sistema judicial. La familia Chávez insiste en que seguirá luchando por justicia para su hija y exige que se revisen las acciones del juez a cargo del caso.
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