El Ministerio Público acusó formalmente a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal. El mismo es considerado como una figura clave en el megaoperativo denominado A Ultranza Py.
La acusación fue formulada por el fiscal Deny Yoon Pak, quien además solicitó al juzgado proceder al juicio oral y público en contra de Insfrán, considerando los indicios que involucran al mismo en los delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero.
La Fiscalía cuenta con un arsenal de alrededor de 1.600 documentaciones, una acusación de más de 170 páginas, pericias de equipos informáticos, telefónicos y revenido químico, y unos 90 testigos en el marco de la causa.
Miguel Ángel Insfrán Galeano posee una trayectoria delictiva desde principios del 2000, se habría iniciado en el crimen organizado cometiendo delitos relacionados al robo, desarme de vehículos y reducción. Estas actividades le permitieron establecer contactos con organizaciones criminales radicadas en Bolivia, ya que en esa época este país era un destino habitual para la comercialización de los vehículos robados en Paraguay.
Fue detenido en febrero del 2023 en Río de Janeiro, Brasil, posteriormente fue extraditado Paraguay en el marco del mayor operativo antidrogas denominado A Ultranza Py, que fue lanzado en febrero de 2022. La investigación previa que desembocó en el operativo se inició a fines de 2019 con una duración de 27 meses y para el éxito de este despliegue participó el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Policía de la Unión Europea (Europol) y la Dirección Antidrogas de Uruguay (Dgrtid).
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Hombre de 59 años sufre mutilación en partes íntimas mientras dormía
Un hombre de 59 años fue hospitalizado de gravedad en principio en el hospital de Ñemby, luego de que presentara una herida entre las piernas, según un informe del Ministerio Público. Los médicos tratantes confirmaron que le fueron extirpados los testículos, ya que se presume que habría sido castrado mientras dormía en su vivienda, sin embargo se desconoce el móvil del hecho. Posteriormente, fue derivado al Hospital de Trauma, en donde fue sometido a dos cirugías de emergencia.
Según el reporte dado por la fiscal Gladys González, la víctima identificada como Patricio Bogado, de 59 años, habría sido ingresado al Hospital de Ñemby el pasado miércoles por una herida que presentaba en las partes íntimas y que este pensó que se cortó accidentalmente. Sin embargo, los doctores que lo atendieron confirmaron que no tenía ambos testículos y que este les fueron extirpados mediante la incisión que presentaba.
La víctima en ese momento cambió su relato y resaltó que estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que no recuerda qué fue lo que sucedió, solo que al despertar sintió la humedad entre sus piernas y pensó que se habría herido mientras estaba borracho, por lo que pidió ayuda a la mujer que trabaja como empleada doméstica en su vivienda y esta solicitó el servicio de plataforma de viajes para ir al hospital.
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“Entramos a la casa y no encontramos nada de alcohol o drogas. El hombre se dedicaba a vender plantas y durante esta mañana se sometió a otra cirugía”, detalló la fiscal, en entrevista con canal Trece.
Afirmó que el hombre no aporta mayores datos sobre lo ocurrido y no están avanzando en el caso. Además, en un principio se opuso a que las autoridades ingresen a la vivienda. Actualmente, presenta una infección grave en la zona por lo que su vida está en riesgo, hasta el momento se desconoce el móvil del caso. El paciente no cuenta con antecedentes penales por violencia o abuso sexual.
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Piden juicio oral para cabecilla de megaestafa en venta de vehículos
La fiscala Lourdes Bobadilla presentó acusación contra Denis Steven Barbero Chávez, Carlos Alfredo Bareiro, Carlos Rubén Yrala Fernández por los delitos de estafa y asociación criminal en el caso conocido como Steven Automotores. Igualmente, fueron acusados el juez Jorge Adolfo Franco Garaleik y la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez por los hechos punibles de prevaricato.
La presentación se hizo ante la jueza penal de garantía Gladys Fariña, quien tendrá que admitir la acusación del Ministerio Público y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, se pudieron recolectar varios elementos probatorios que responsabilizan del hecho punible mencionado para cada uno de los procesados. Asimismo, la Fiscalía sostiene que en el presente caso existen 255 víctimas. La causa destapó un esquema de estafa donde se tenía como cómplices a jueces y funcionarios judiciales, que hoy están acusados y con pedidos de que el caso se eleve a juicio oral y público.
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Este caso de megaestafa trascendió en marzo de 2024, con la imputación del juez Jorge Adolfo Franco Garelik, juez de Paz de Chacoí-Nueva Asunción, y de su actuaria Gabriela Noemí Gaona Benítez, por la emisión de resoluciones como orden de secuestro violando los derechos de la otra parte para favorecer a la playa de ventas de automóviles de Denis Steven Bareiro.
Una de las víctimas que abrió esta investigación había adquirido un vehículo en agosto de 2023, en la playa de ventas de vehículos ubicada sobre las calles Acceso Sur casi Mangoré de Ñemby, haciendo una entrega de G. 13.500.000 y pagaderos en 36 cuotas de G. 1.694.000. Sin embargo, al retrasarse con la primera cuota, el 2 de octubre le secuestraron el vehículo con orden judicial, y le solicitaron la entrega de G. 17.000.000, así como la firma de un segundo contrato de compraventa, negándole la devolución del vehículo, del dinero de la primera entrega y los pagarés firmados.
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Filtración de Seprelad: “No se dedican a refutar los hechos, solo a incidentar”, dice González
El secretario general de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Eduardo González, se refirió sobre la decisión de la Fiscalía de acusar y requerir juicio oral y público para los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer persecución política y terrorismo de Estado mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
“Acá el órgano investigador establecido por la propia Constitución Nacional hizo su trabajo. Yo veo muy bien elaborada la investigación por lo que es el resultado final de la acusación, el mismo se basa en hechos concretos, es muy interesante porque podemos ver como operaban”, expresó al programa “Cara o Cruz” emitido por Unicanal.
Tanto Abdo Benítez y sus excolaboradores Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, Mauricio Espínola, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, fueron imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
“Esto no puede volver a ocurrir, no podes aprovecharte del aparato estatal para atacar a tu adversario de turno. Nunca se dedicaron a refutar los hechos, solo a incidentar el proceso. Los abogados defensores se pasan chicaneando”, cuestionó González.
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La imputación surgió tras la denuncia formal por persecución política impulsada por el exjefe de Estado, Horacio Cartes, desde el 2018, y que se acentuó en el marco de las pasadas elecciones internas, en diciembre de 2022, y las generales, en abril de 2023. En el acta de imputación figuran 42 elementos de sospecha, entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documentos oficiales.
“Ellos ya saben de qué se les acusa y de qué defenderse. Tienen la oportunidad que no tuvo el expresidente Horacio Cartes, el de defenderse, de presentar un abogado, de conocer de qué se le está acusando. En este caso se puede ver un relato de hechos en la elaboración de un informe totalmente tendencioso, incluso se puede saber cuándo fueron sus reuniones, todo se encuentra corroborado como por ejemplo la remisión de informes de computadora a computadora”, indicó el también abogado al referirse sobre el informe de la Seprelad elaborado contra Cartes que habrían sido remitido a Estados Unidos, para que sea utilizado como garrote político.
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Abdo pretende utilizar políticamente su desafuero para ponerse en papel de víctima, señalan
El senador colorado Juan Carlos “Nano” Galaverna, se refirió al pedido de desafuero que presentaron los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez ante el Congreso. Al respecto, recordó que ese pedido está pendiente de estudio en la Cámara de Senadores desde hace un año, y si bien ya contaba con dictamen a favor de la aprobación, no tenían la mayoría requerida para su aprobación.
El legislador señaló al Diario La Nación/Nación Media, que es bastante llamativo el anuncio que hizo el exmandatario, un día después, de que el Ministerio Público haya presentado la acusación y elevado a juicio oral el caso de filtración de Seprelad, en el que están involucrados Abdo Benítez, tres de sus exministros y varios excolaboradores.
Esto, teniendo en cuenta que la investigación fiscal comenzó hace un año, y que el juez había solicitado el desafuero del senador vitalicio Abdo Benítez y del diputado Mauricio Espínola. En ambos casos, los trámites quedaron pendientes en el Congreso.
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“Creo que esa actitud que asume ahora Marito, de anunciar públicamente que él mismo solicita su desafuero, no entiendo por qué no tuvo la misma actitud hace un año. Yo creo que él está queriendo utilizar políticamente esto, poniéndose en el papel de víctima. Espectacular es este Marito, el victimario, ahora quiere ponerse en el papel de víctima, el perseguidor ahora dice ser el perseguido” expresó.
No obstante, el legislador señaló que este tema será analizado la próxima semana, ya que cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “Hace tiempo, que nosotros habíamos impulsado el tratamiento del pedido del Juzgado, y en ese entonces no habíamos reunido los números. Ahora, creo que existe la posibilidad de tener los números para aprobar y que finalmente se someta a la justicia”, indicó.
Respecto a declaraciones que ya realizaron algunos colegas colorados disidentes, que no estarían acompañando el pedido de desafuero, porque consideran que es una persecución política, el legislador afirmó que en este caso se “le pierde un poco la pelota”, ya que el propio líder de su movimiento interno anuncia públicamente que él solicita su desafuero y que sus aliados dentro del Senado tengan otro discurso, da a pensar que se trata todo de “una actuación”, dijo.
“La información que me hicieron llegar, no sé si es cierto o no, es que la declaración del senador vitalicio Mario Abdo, de solicitar su desafuero, fue por presión de sus cómplices, llámese Giuzzio, Arregui o Fúster. Presionado por estos tres personajes, el senador vitalicio asume públicamente este comunicado donde solicita su desafuero. Insisto, no sé si son ciertas, pero es lo que me dijeron”, acotó.
No existe persecución
Por otra parte, el senador Galaverna sostuvo que no existe ningún tipo de persecución política, ya que se hizo una denuncia formal contra el exjefe de Estado y sus colaboradores, por la grave filtración y tergiversación de informaciones de la Seprelad. Esto fue investigado durante un año por el Ministerio Público, que finalmente en base a evidencias se impuso la acusación y solicita el juicio oral.
Al respecto, señaló que Mario Abdo y su equipo tendrá el derecho a la defensa, el cual le negaron en su momento al expresidente Horacio Cartes, que no tuvo la oportunidad de defenderse.
“Esta gente utilizó las instituciones del Estado para llevar adelante una persecución miserable, tenebrosa, e inmisericorde tratando de sacar de la carrera política al presidente de nuestro partido y líder de nuestro movimiento, don Horacio Cartes. No le dieron derecho a la defensa nosotros que somos del equipo político del presidente respetamos las instituciones, respetamos las vías correspondientes. Somos republicamos y esta gente cuenta con todas las garantías, tienen derecho a la defensa. No se está utilizando a ninguna institución del Estado, y no está en nuestro espíritu, ni en nuestro ánimo perseguir a nadie”, concluyó.