Este jueves, una mujer denunció que fue cruelmente agredida por su vecina porque esta le requirió dinero. La supuesta agresora sería la administradora de un grupo denominado “Kuña Aty”, quien al parecer se molestó porque su vecina le pidió retirar su aporte. La víctima afirmó que se trató de una emboscada, porque anterior a eso la convocaron para entregarle el dinero. Sucedió en Encarnación.

La mujer agredida, identificada como Belén Cardozo, explicó que Águeda García era la tesorera de un grupo de mujeres que juntaba su dinero de forma semanal o mensual y lo guardaba en un banco, siendo una forma de ahorrar. Sin embargo, algunas de las integrantes decidieron salir del grupo y pidieron que lo guardado les sea devuelto.

“La cuenta estaba a nombre de ella y fue habilitada a pedido de una fundación, que nos ayuda porque somos madres solteras, pero para recibir estas cosas deben tener dinero ahorrado. En total somos 30 mujeres y se tenía guardado unos 11 millones de guaraníes”, comentó Cardozo, en entrevista con la corresponsal de Nación Media.

Podés Leer: Identificaciones no puede entregar 4.000 cédulas por falta de insumos

Resaltó que tenían sospechas de que la tesorera usó parte del aporte y por esa razón ella le manifestó que necesitaba retirar su ahorro. “Le dije que tenía un familiar enfermo y siempre le decía que por favor me devuelva mi plata. Ella siempre decía que no podía, porque echó su cédula”, confirmó.

Apuntó a que durante cinco meses puso excusas para no entregar el dinero, pero ayer miércoles convocó a las mujeres para hacer la distribución. “Envío la ubicación para que podamos ir a retirar nuestros ahorros. Fuimos entre cuatro personas, pero nos emboscaron, golpearon y derramaron agua caliente”, indicó.

Lea También: Conductor de plataforma fue baleado durante un intento de asalto

Agregó que llegaron hasta la vivienda de la mujer que estaba bastante retirada de la zona y que ni bien llegaron fueron golpeadas. “La hermana de Águeda, Celia García me derramó el agua caliente, sin mediar palabras. Estamos seguras que hicieron esto porque pedimos el dinero y ya no tenía en su poder”, señaló.

Belén es trabajadora independiente, vende ropas y presenta quemaduras muy graves en el rostro como en todo el torso. “Ya hice mi denuncia ante el Ministerio Público. Pido justicia, me destruyeron totalmente mi rostro. No voy a poder trabajar ahora y quien va a mantener a mis tres hijos ahora, ellos dependen enteramente de mí”, concluyó.

El tribunal de Apelación integrado por los jueces Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín debe resolver si ratifica la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por el delito de prevaricato que soporta la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, quien habría entregado 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.

La defensa de la exmagistrada Irún recurrió la determinación adoptada por el citado magistrado de Garantía, quien al tener suficientes elementos de prueba y a su vez la contundente acusación del fiscal General del Estado, decidió elevar a juicio oral el caso. Una vez que se destrabe el caso se deberá sortear el tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a la exjueza Irún. Del mismo modo, se fijará la fecha para el desarrollo de la audiencia oral en la que se expondrán todos los elementos de prueba que se tiene contra la exmagistrada civil.

Te puede interesar: Itapúa: se suspendió audiencia preliminar de 24 acusados por invasión de inmueble y otros

En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el Departamento de Alto Paraguay, consistentes en 310.000 hectáreas, aproximadamente, a favor de las firmas, presumiblemente de maletín.

También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.

Asimismo, la acusación refiere que “lo más grave es que en la sentencia no habría ninguna referencia o mención a las circunstancias establecidas en el Art. 4° de la misma ley que establece como requisito legal para aquellos que pretendan ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que las acciones sean nominativas y no endosables”.

Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que “no existirían en el expediente civil constancias; informaciones o verificaciones de dichas circunstancias realizadas por parte de la magistrada Tania Irún al momento de dictar sentencia definitiva, en incumpliendo a la Ley 2532/05, ley especial, por la cual ordenó la transferencia de dominio de los inmuebles ubicados en el Alto Paraguay, a las empresas de maletín”, dice la acusación de la Fiscalía.

Podes leer: Expulsan a miembro del PCC detenido en Amambay y que era requerido por justicia brasileña

La presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta, solicitó copias completa del expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva” en el que la jueza en lo civil y comercial Nilda Concepción Benítez Caballero fue denunciada por mal desempeño en sus funciones.

Una vez que se remitan las copias del expediente judicial, los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra la magistrada. Los integrantes del JEM son Alicia Pucheta, Orlando Arévalos, Derlis Maidana, Enrique Berni, Manuel Ramírez Candia, Alejandro Aguilera, César Garay y Mario Varela. Los mismos tendrán que estudiar si corresponde enjuiciar a la citada magistrada.

Días atrás el rematador público Raúl Sosa Navarro formuló acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra de Nilda Concepción Benítez Caballero, jueza en lo civil y comercial 4to Turno de la ciudad de Encarnación, Itapúa.

Te puede interesar: Juez desestimó denuncia contra presidente del Congreso

En la denuncia presentada por Sosa Navarro ante el órgano juzgador de magistrados, refiere que el 18 de julio del presente año, estaba programada la subasta pública ordenada en el expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva que se tramita ante la referida magistrada, pero al revisar el expediente se encontró con una providencia de suspensión de la subasta emitida en respuesta a una solicitud de suspensión presentada por Daniela Tosetto Casaril, sucesora del Sergio Luiz Tosetto, quien había comunicado el fallecimiento del demandado mediante el acta de defunción adjunta.

Asimismo, el escrito de acusación refiere que “la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el Art. 167 del Código de Organización Judicial (C.O.J.), que establece que el peticionante de la suspensión de un remate deberá consignar la suma que el juzgado fije para el reembolso al rematador de los gastos de publicación o transporte de las cosas, más el cincuenta por ciento de la comisión que le correspondería de haberse llevado a cabo la subasta”, señala el documento.

Igualmente dice el escrito que “el accionar de la magistrada generó un perjuicio económico significativo, superando los G. 20 millones debido a los costos asociados con la publicación de edictos realizada en un medio escrito.

“El daño económico ocasionado no solo se limita a los costos directos de publicación, sino que también ha afectado mi reputación profesional y la de mis colegas, creando un entorno de desconfianza e incertidumbre en el ejercicio de nuestra profesión. La falta de consideración por parte de la magistrada y el incumplimiento de los procedimientos legales han puesto en riesgo la credibilidad y el prestigio de nuestro desempeño en el ámbito profesional”, refiere.

Podes leer: Detienen a una de las personas que habría secuestrado a un niño en Canindeyú

El procurador general de la República, Marcos González, solicitó al juzgado de ejecución de Delitos Económicos a cargo del magistrado Carlos Mendoza, dejar sin efecto la suspensión condicional del procedimiento de Laila Hijazi, quien fue procesada penalmente por los delitos de contrabando y producción de documentos no auténticos por ocasionar un perjuicio al Estado de USD 52 millones. La misma formó parte de la firma “España Informática S.A”.

González pidió a la justicia revocar el beneficio que tuvo Hijazi Fernández atendiendo a que no se cumplió con los requisitos del articulo 21 del Código Procesal Penal con relación a la reparación del daño, es decir, la beneficiada no realizó ninguna donación como reparación del daño por lo que se debe dejar sin efecto el beneficio que obtuvo la procesada.

Igualmente en el presente proceso penal, el Ministerio Público acusó por los delitos de contrabando y producción de documento no auténtico a Khalil Ahmad Hijazi, en carácter de presidente de la firma “España Informática SA”, así como junto con los miembros del directorio y socios, Zulma Fernández de Hijazi, Laila Hijazi Fernández, Hussein Ghaleb Hijazi, Ali Hamze Hijazi, y los despachantes de aduanas Víctor Javier Espinoza y Juan Carlos Sorazábal.

Podes leer: Menor al volante: directora denunció a alumno porque iba al colegio manejando

De acuerdo a la investigación fiscal, los mismos adquirieron mercaderías de diferentes tipos, preferentemente productos electrónicos, de distintos proveedores del exterior, principalmente de los Estados Unidos.

Los proveedores remitían las facturas originales juntos con las mercaderías y una vez llegados los productos al país, a través del aeropuerto Guaraní, los mismos eran entregados por el importador y titular de la firma España Informática SA, Hijazi, a los despachantes de aduanas Víctor Javier Espinoza y Juan Carlos Sorazábal, quienes se encargaban de realizar los trámites de despacho ante la Dirección Nacional de Aduanas.

Antes de su presentación, las facturas originales eran sustituidas por otras, las cuales tenían el mismo número, misma lista de productos y correspondiente al mismo comercio que lo había expedido, sin embargo, se consignaban montos muy por debajo de lo que figuraba en la factura original en lo concerniente a la suma final de costo y cantidad. De esta manera, se movilizaba en el territorio mercaderías sin la documentación legal correspondiente, introduciéndose al país en violación a los requisitos legales, y al mismo tiempo se abonaba menos tributo por los mismos. Mediante las acciones de los procesados se despacharon mercaderías con valor real de USD 132 millones, pero se declararon solo USD 79 millones, teniendo así una diferencia de USD 52 millones.

Ante los elementos de prueba que se tenía en la carpeta fiscal, los acusados admitieron los hechos y la fiscala María Estefanía González pidió salidas procesales para los mismos a cambio de la donación en concepto de reparación del daño social G. 400 millones. Dicho monto de dinero fue divido por cada procesado donde Khalil Ahmad Hijazi donó la suma de G. 200 millones, Zulma Fernández de Hijazi G. 50 millones, Hussein Ghaleb Hijazi G. 50 millones, Ali Hamze Hijazi G. 50 millones y Victor Javier Espinoza Ríos G. 50 millones. La resolución que hizo lugar a la salida procesal de los acusados fue firmada por el juez Humberto Otazú.

Podes leer: Detienen a dominicanos con pasaportes falsos en el aeropuerto Silvio Pettirossi