El abogado Adrián Enríquez Rivas, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, luego de haber -de forma llamativa- anulado la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por prevaricato que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, quien había entregado presuntamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay.

De acuerdo al escrito presentado ante el JEM, los dos camaristas acusados actuaron de manera arbitraria y fuera de la ley violando el principio constitucional del debido proceso ya que juzgaron el fondo de la cuestión, situación que está prohibida.

Con la presentación hecha por el citado profesional del derecho, los integrantes del JEM deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra los camaristas Sánchez y Lovera Cañete y en caso de que los mismos sean enjuiciado podrían ser suspendidos en sus funciones.

El JEM está integrado por Alicia Pucheta, Enrique Bernis, Derlis Maidana, Orlando Arevalos, César Garay, Mario Varela, Manuel Ramírez Candia, y Alejandro Aguilera.

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En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.

También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.

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El agente fiscal Federico Delfino presentó imputación en contra de Luis Augusto Carlos Montanaro Bedoya por el hecho punible de coacción, luego de la amenaza que recibió la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien investiga a Montanaro por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.

Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó al juzgado penal de Garantía, a cargo de la magistrada Clara Ruiz Díaz, la prisión preventiva del imputado. Ahora Montanaro deberá ser convocado por el juzgado de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, ocasión en que se definirá si el imputado estará privado de su libertad o no.

De acuerdo al acta de imputación, el día 3 de noviembre, en horas de la tarde, Montanaro se dirigió hasta la Florería Franco, ubicada sobre la Avda. España entre Santa Ana y San Rafael de la ciudad de Asunción, en donde habría consultado a una de las vendedoras del citado local comercial sobre el costo de unos ramos de flores, y posteriormente antes de retirarse habría dado instrucciones a la misma de que una persona posteriormente vendría abonar el costo de los mismos con las indicaciones de entrega.

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El hoy imputado, luego de retirarse de la Florería Franco, se habría comunicado telefónicamente con José Daniel Alderete Vázquez para que este realice una labor a pedido del mismo. Es así que se concreta una reunión en el lugar indicado por Montanaro, que fue en el Edificio Gral. Genes 623 de la Capital. En dicho lugar, Montanaro Bedoya habría entregado a Alderete tres sobres conteniendo unas esquelas, las cuales iban dirigidas a la Sra. Ruth Benítez, y a otra mujer, más la suma de G. 700.000 y unas direcciones en la ciudad de Asunción.

También refiere el acta de imputación que Montanaro Bedoya habría dado indicaciones a Alderete para que se apersone hasta la Florería Franco a fin de proceder al pago de tres ramos florales que el mismo habría consultado momentos antes y que dichos arreglos florares sean entregados en los domicilios proveídos por el mismo con los sobres señalados anteriormente. Con las instrucciones dadas por el hoy imputado, Alderete Vázquez se habría constituido ante la Florería Franco y procedió a realizar el mandato dado por Montanaro Bedoya, señala parte del acta de imputación presentada contra Montanaro.

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Este jueves, una mujer denunció que fue cruelmente agredida por su vecina porque esta le requirió dinero. La supuesta agresora sería la administradora de un grupo denominado “Kuña Aty”, quien al parecer se molestó porque su vecina le pidió retirar su aporte. La víctima afirmó que se trató de una emboscada, porque anterior a eso la convocaron para entregarle el dinero. Sucedió en Encarnación.

La mujer agredida, identificada como Belén Cardozo, explicó que Águeda García era la tesorera de un grupo de mujeres que juntaba su dinero de forma semanal o mensual y lo guardaba en un banco, siendo una forma de ahorrar. Sin embargo, algunas de las integrantes decidieron salir del grupo y pidieron que lo guardado les sea devuelto.

“La cuenta estaba a nombre de ella y fue habilitada a pedido de una fundación, que nos ayuda porque somos madres solteras, pero para recibir estas cosas deben tener dinero ahorrado. En total somos 30 mujeres y se tenía guardado unos 11 millones de guaraníes”, comentó Cardozo, en entrevista con la corresponsal de Nación Media.

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Resaltó que tenían sospechas de que la tesorera usó parte del aporte y por esa razón ella le manifestó que necesitaba retirar su ahorro. “Le dije que tenía un familiar enfermo y siempre le decía que por favor me devuelva mi plata. Ella siempre decía que no podía, porque echó su cédula”, confirmó.

Apuntó a que durante cinco meses puso excusas para no entregar el dinero, pero ayer miércoles convocó a las mujeres para hacer la distribución. “Envío la ubicación para que podamos ir a retirar nuestros ahorros. Fuimos entre cuatro personas, pero nos emboscaron, golpearon y derramaron agua caliente”, indicó.

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Agregó que llegaron hasta la vivienda de la mujer que estaba bastante retirada de la zona y que ni bien llegaron fueron golpeadas. “La hermana de Águeda, Celia García me derramó el agua caliente, sin mediar palabras. Estamos seguras que hicieron esto porque pedimos el dinero y ya no tenía en su poder”, señaló.

Belén es trabajadora independiente, vende ropas y presenta quemaduras muy graves en el rostro como en todo el torso. “Ya hice mi denuncia ante el Ministerio Público. Pido justicia, me destruyeron totalmente mi rostro. No voy a poder trabajar ahora y quien va a mantener a mis tres hijos ahora, ellos dependen enteramente de mí”, concluyó.

El tribunal de Apelación integrado por los jueces Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín debe resolver si ratifica la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por el delito de prevaricato que soporta la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, quien habría entregado 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.

La defensa de la exmagistrada Irún recurrió la determinación adoptada por el citado magistrado de Garantía, quien al tener suficientes elementos de prueba y a su vez la contundente acusación del fiscal General del Estado, decidió elevar a juicio oral el caso. Una vez que se destrabe el caso se deberá sortear el tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a la exjueza Irún. Del mismo modo, se fijará la fecha para el desarrollo de la audiencia oral en la que se expondrán todos los elementos de prueba que se tiene contra la exmagistrada civil.

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En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el Departamento de Alto Paraguay, consistentes en 310.000 hectáreas, aproximadamente, a favor de las firmas, presumiblemente de maletín.

También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.

Asimismo, la acusación refiere que “lo más grave es que en la sentencia no habría ninguna referencia o mención a las circunstancias establecidas en el Art. 4° de la misma ley que establece como requisito legal para aquellos que pretendan ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que las acciones sean nominativas y no endosables”.

Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que “no existirían en el expediente civil constancias; informaciones o verificaciones de dichas circunstancias realizadas por parte de la magistrada Tania Irún al momento de dictar sentencia definitiva, en incumpliendo a la Ley 2532/05, ley especial, por la cual ordenó la transferencia de dominio de los inmuebles ubicados en el Alto Paraguay, a las empresas de maletín”, dice la acusación de la Fiscalía.

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