La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.

De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.

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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.

Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.

Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.

Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.

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Un ciudadano chileno identificado como Christian José Esteban Franz Ortiz (26) fue detenido por la Policía en el barrio Barcequillo de San Lorenzo, tras ser sorprendido hurtando varios objetos de un automóvil. El dueño del vehículo, junto con vecinos del lugar, persiguieron al sospechoso, lo atraparon y lo pusieron a disposición de las autoridades.

Con la intervención policial se logró recuperar varios celulares y otras pertenencias de la víctima. “Fue aprehendida una persona de nacionalidad chilena, retenida por ciudadanos del lugar. Aparentemente, ingresó a un vehículo para sustraer un celular; personas se percataron del hecho y empezaron a seguirlo”, relató el oficial Bruno Babañoli a los medios de prensa.

Dijo que los vecinos y transeúntes consiguieron atrapar al hombre, llamaron al sistema 911 para comunicar el hecho. Inmediatamente el personal de la comisaría jurisdiccional acudió al sitio para tomar la denuncia y verificar la identidad, constatándose que se trata de un extranjero.

“Dentro de la mochila se encontró cinco aparatos celulares, una radio tipo Walkie y otras pertenencias de menor valor”, añadió.

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Se presume que el sujeto ya cometió una seguidilla de robos en la zona. “Aparentemente, con las pertenencias que se encontraron dentro de la mochila, ya estaba realizando hurtos en varios lugares. También, en esa fecha, acudió a la comisaría a realizar una denuncia una persona a la que le hurtaron un aparato celular, y coincidentemente es uno de los aparatos que se encontraban dentro de la mochila”, subrayó.

Los investigadores indagaron sobre los antecedentes penales, pero aún no se tienen muchos datos del aprehendido. “Se procedió a revisar su estado, pues encontramos su cédula de identidad chilena y se verificó en el departamento de Interpol. No cuenta con ningún antecedente”, expresó.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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La policía investiga un hecho de una toma de rehén del que fueron víctimas una mujer y su hija en la ciudad de Yaguarón. Aparentemente, los autores del hecho serían parte del clan Rotela, quienes estarían yendo detrás del esposo de la denunciante.

Según la mujer, fue perseguida por dos hombres fuertemente armados cuando llegaba a su vivienda en el centro de Yaguarón. Los mismos, tras asegurarse de dónde era su casa, regresaron a bordo de un automóvil y, a punta de armas de fuego, redujeron a la mujer y su hija por alrededor de una hora.

Los hombres la habrían golpeado y amenazado de muerte si pedía auxilio a algún vecino, ya que los mismos pretendían esperar a que llegara el esposo de la denunciante, identificado como Santiago Gómez. Los desconocidos aseguraron que el hombre tenía una deuda pendiente con ellos y que ambos serían parte del grupo criminal denominado clan Rotela.

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Al percatarse de que el hombre no iba a llegar, los desconocidos se retiraron de la vivienda y la mujer, aterrorizada, solicitó ayuda a transeúntes y luego acudió hasta la comisaría jurisdiccional. Según la pareja de la misma, quien se dedica a ser estibador en una finca vecina, él no tiene conexiones con ningún grupo criminal y no le debe dinero a nadie.

A pesar de esto, las autoridades comunicaron del hecho al Departamento de Investigaciones y desde el Ministerio Público se ha abierto una causa para investigar el trasfondo de lo ocurrido. La denunciante aseguró que teme por su vida y la de su hija, por lo que no descarta abandonar su hogar, ya que los hombres amenazaron con matar a su pareja o a ella si no cumplía con el pago de la deuda.

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