El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, nuevamente recurrió a chicanas con la finalidad de evitar el inicio de su juicio oral y público tras ser acusado por el Ministerio Público por presunto cohecho pasivo agravado por supuestos vínculos con el capo narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

El proceso debió comenzar este lunes, sin embargo, el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y simpatizante del Partido Democrático Progresista (PDP) tomó la decisión de reemplazar al defensor público que lo asistió durante ocho meses y contrató a su amigo personal, el abogado y exministro anticontrabando Emilio Fuster.

La decisión de Giuzzio se dio 3 días antes de que comience su juicio. Mediante esta nueva maniobra dilatoria su representante legal requirió un tiempo adicional para estudiar el caso y preparar su estrategia de defensa, petición aceptada por los miembros del tribunal de sentencia, siendo esta la cuarta suspensión del proceso.

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De esta forma se fijó el 3 de marzo de 2025 como nueva fecha para el arranque de su juicio oral y público. La agente Verónica Valdez, quien interina otras unidades fiscales, pidió la reprogramación del juicio debido a dificultades para asistir en la fecha inicial.

La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contratar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, del cual era titular hasta febrero de 2022.

La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marqués de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que el exministro usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

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El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, se opuso a desestimar la denuncia por un supuesto perjuicio patrimonial de G 1,7 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente del ente Vicente Bataglia. Los fiscales Jorge Arce, Luis Piñanez y Néstor Coronel habían alegado la atipicidad (falta de adecuación de la conducta al tipo penal) de los hechos.

De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que pueda proseguir la presente investigación.

El 31 de octubre pasado, los citados agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría que ha arrimado un informe al Ministerio Público sobre la posible existencia de los hechos punibles de lesión de confianza y estafa.

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Días atrás, el abogado José González Maldonado, director jurídico del IPS lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra el expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.

González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.

Agregó que es llamativo que una auditoría del máximo órgano contralor del Estado no haya sido considerada. El reporte final de Contraloría General “es cuanto mínimo un indicio de posible hecho punible”, recordó.

Por otro lado, el director jurídico explicó que el IPS lleva adelante en la actualidad una auditoría sobre numerosas inconsistencias, así como inexistencia de pruebas documentales en la administración de Vicente Bataglia. En ese sentido, recalcó que los agentes fiscales están obligados a tener en cuenta los elementos de cargo y descargo.

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El juez de sentencia Dario Báez expresó su temor ante las amenazas recibidas por parte del titular del Partido Cruzada Nacional, Paraguayo “Payo” Cubas, quien con la finalidad de impedir el inicio de su juicio oral por los disturbios ocasionados frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tras las elecciones generales del 2023, alegó que terminaría “garroteándole” en la vía pública.

“Esto le conviene para seguir teniendo vida, ya que se venía apagando políticamente para tratar de llamar la atención. Me afecta las partes de las amenazas porque lo veo a él como una persona que dentro de este libreto que viene siguiendo realiza amenazas y las cumple. Hay varios antecedentes de agresividad de su persona hacia autoridades, sean policías, senadores y también ha realizado actos de violencia en no solo una oportunidad contra otros jueces y fiscales”, indicó.

El magistrado dijo a la 1080 AM que el líder Cruzada Nacional “tiene un libreto preparado, una semana antes nadie lo estaba recordando, estaba siendo rechazado por todos los grupos políticos”. Sostuvo que “evidentemente esta es su forma de vida porque viene manifestándose de la misma forma hace años y le resulta extremadamente positivo. Ya tuvimos una audiencia en julio y se había portado como un caballero porque no estaba un solo medio de prensa”.

El polémico dirigente esteño, imputado por perturbación de la paz pública, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de las elecciones, tentativa de coacción a órganos constitucionales y resistencia, también terminó insultando al magistrado calificándolo de “idiota, delincuente, corrupto, lavador de dinero y amigo de narcotraficantes”.

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Báez, quien terminó siendo recusado por el procesado, sostiene que el libreto de agresiones tiene como único fin obtener rédito político. “Cubas es bastante inteligente y vivo. La gente dice que se necesita un loco como Payo, pero no es loco bajo todo punto de vista si venimos analizando su comportamiento y las ganancias políticas que ha obtenido gracias a esas actuaciones como defecar en un juzgado, pegarla a un juez en una penitenciaría, hacer pintatas”, mencionó.

La acusación contra Cubas fue presentada en junio del 2023 por los agentes fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia. En el documento sostienen que el líder político convocó a sus seguidores a tomar las calles, expresando su descontento con los resultados preliminares transmitidos a través del “TREP”.

Alega que sus discursos incendiarios y publicaciones en redes sociales incitaron a la violencia, llevando a manifestaciones en diversas ciudades del país. Las protestas derivaron en disturbios, daños a la propiedad pública y privada, así como agresiones a agentes policiales. La acusación contra Cubas está respaldada por una serie de pruebas contundentes, como ser: pruebas documentales, pruebas audiovisuales, denuncias realizadas por la coordinadora de la Dirección Jurídica de la Justicia Electoral y evidencias incautadas.

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La petrolera estatal dio una agra­dable sorpresa el viernes último, pues disminuyó en 300 guara­níes los precios de las naftas, lo que podría empujar a que los emblemas privados sigan su ejemplo abaratador. Esto hará que se aliviane un tanto el pre­supuesto de miles de propietarios de auto­motores que necesitan usar su vehículo todos los días. Por consiguiente, Petróleos Paraguayos (Petropar) seguirá teniendo los precios más bajos de los hidrocarburos en nuestro país para favorecer a la gente.

Con los nuevos valores de comerciali­zación, los precios quedan del siguiente modo: la nafta Kape cuesta ahora 6.130 guaraníes el litro, en tanto que la nafta Oikoite se vende a 6.630 guaraníes por litro, y el litro de la nafta Aratiri cuesta 7.980 guaraníes.

Durante los casi quince meses que está al frente del gobierno la administración actual ha realizado siete reducciones de precios de los derivados del petróleo, cinco de las naftas y dos del gasoil para los motores diésel. Eso a pesar de los vai­venes del mercado petrolero interna­cional y de la alta cotización del dólar, moneda con la que se pagan las impor­taciones que se realizan. Con esto el gobierno de Santiago Peña está buscando alivianar un tanto el costo de vida de un importante sector de la ciudadanía. El presidente resaltó que los márgenes con­tables entre los costos vigentes han per­mitido que se pudiera realizar otra reduc­ción en los precios finales. “Siempre que se pueda, lo vamos a bajar”, expresó el mandatario.

“No podemos bajar nomás. Lo hacemos cuando tenemos un costo menor y pasa­mos ese costo menor al usuario. Ahora lo estamos haciendo en el caso de las naftas”, explicó cuando fue preguntado sobre otras posibles reducciones de pre­cios de los combustibles.

Existe la posibilidad de que se reduz­can también los precios del gasoil en sus diferentes denominaciones. Fuentes de la entidad petrolera dijeron que están realizando próximamente una licitación de gran porte de diésel, que, si se realiza con buenos costos, bajarán los precios de venta al público.

La entidad petrolera estatal está cada vez más extendida en la geografía del país, lo que hace que su influencia positiva sea cada vez mayor en los distintos puntos de la nación. Mediante el crecimiento cons­tante, Petropar tiene en la actualidad una red de 233 estaciones de servicios en todo el país. Por ello la incidencia de las reducciones de precios que suele aplicar es muy importante a nivel de toda la geo­grafía paraguaya y benefician a muchí­sima gente. Aparte de los combustibles para motores diésel, los tipos de naftas que ofrece la entidad son el Aratiri 97, el Oikoite 93, el Kape 88 y el Eco Flex 85.

Un detalle importante que considerar es que la petrolera estatal no pierde plata con la reducción de los precios de sus pro­ductos de venta. De acuerdo con los datos contables, la institución no solo no pide plata al Estado o atenciones especiales en materia cambiaria para sus gastos como ocurría en el pasado, sino que con sus uti­lidades puede cubrir sobradamente sus costos, como toda empresa que actúa con eficiencia. Lo cual indica que se están haciendo las cosas como corresponde.

Conviene resaltar que mejorar la situación económica de la gente y de las empresas que trabajan en el país es parte impor­tante de la política del gobierno. Por eso habitualmente está tomando medidas que se encaminan a hacer más llevadera la vida del ciudadano común y a reforzar la fortaleza de las entidades que traba­jan aquí para que tengan un mayor rendi­miento económico y una proyección social beneficiosa para las personas. Pues no se trata solamente de que los índices esta­dísticos estén bien, sino de que la sociedad esté en mejores condiciones de vida. Ya que hay que poner siempre por delante de cualquier cifra económica de una nación el verdadero interés de sus habitantes.

Estamos terminando un año que ha pre­sentado muchas dificultades, pero que está mostrando excelentes números gra­cias al esfuerzo y la inteligencia desple­gada por las empresas y las personas. La economía creció más de lo que se había previsto inicialmente, lo que puede hacer que muchas personas estén en mejores condiciones que antes, con fuentes de tra­bajo para muchos y más gente con ingre­sos asegurados.