La fiscala adjunta Lourdes Samaniego ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo para el joven Marcello Fretes, procesado inicialmente por lesión grave en la causa por supuesta agresión a Benjamín Zapag. Con el dictamen del Ministerio Público, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera deberá admitir el pedido y desvincular a Fretes del proceso penal.
Durante la audiencia preliminar, la fiscala del caso Carla Rojas pidió la desvinculación del proceso penal de Fretes atendiendo que no se tienen suficientes elementos de prueba para sostener una acusación. Ante este pedido, la jueza Lovera decidió oponerse y dar trámite de oposición para que el pedido sea evaluado por la Fiscalía adjunta, la cual ratificó que el joven Fretes debe ser desvinculado del caso.
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Días atrás la magistrada Lovera decidió que el joven Héctor Grau enfrente un juicio oral y público por lesión grave durante la golpiza que recibió el joven Benjamín Zapag. Ahora se deberá sortear el Tribunal de Sentencia que juzgue el caso, además se tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia oral.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, Zapag fue detenido a la salida del sanitario de una discoteca asuncena en noviembre de 2022, sitio donde se produjo el ataque físico. El acusado Héctor Grau, quien estaba ubicado al costado izquierdo de la víctima, presuntamente aplicó los golpes que le produjeron la lesión al joven Zapag.
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Caso Berilo: confirman al juez Penal de Garantía Miguel Palacios
El Tribunal de Apelación ratificó la competencia del juez Penal de Garantía, Miguel Palacios, para que siga siendo el magistrado que lleve adelante el proceso penal que enfrenta Reinaldo “Cucho” Cabaña, y otros acusados por delitos relacionados con el narcotráfico.
Ahora el expediente deberá bajar al juzgado Penal de Garantía para que el referido magistrado pueda fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar, en la que se definirá si el caso se eleva a un juicio oral y público.
Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, fue aprehendido en Ciudad del Este el 18 de septiembre de 2018 junto a otras 23 personas, en el marco del Operativo Berilo, llevado a cabo por el Ministerio Público y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). El mismo se encuentra procesado por la presunta comisión de los hechos punibles de tráfico de drogas, asociación criminal, lavado de dinero y comercialización de estupefacientes.
La audiencia preliminar para las personas acusadas fue suspendida en más de ocho ocasiones durante todo este proceso por lo que se espera que se pueda llevar adelante la referida diligencia judicial donde se aguarda que el presente caso se eleve a un juicio oral y público.
Acusación
El fiscal adjunto Marcos Alcaraz fue quien presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el caso están procesadas otras 20 personas más.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
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Imputan a Luis Montanaro por coacción luego de amenazar a fiscala Ruth Benítez
El agente fiscal Federico Delfino presentó imputación en contra de Luis Augusto Carlos Montanaro Bedoya por el hecho punible de coacción, luego de la amenaza que recibió la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien investiga a Montanaro por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.
Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó al juzgado penal de Garantía, a cargo de la magistrada Clara Ruiz Díaz, la prisión preventiva del imputado. Ahora Montanaro deberá ser convocado por el juzgado de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, ocasión en que se definirá si el imputado estará privado de su libertad o no.
De acuerdo al acta de imputación, el día 3 de noviembre, en horas de la tarde, Montanaro se dirigió hasta la Florería Franco, ubicada sobre la Avda. España entre Santa Ana y San Rafael de la ciudad de Asunción, en donde habría consultado a una de las vendedoras del citado local comercial sobre el costo de unos ramos de flores, y posteriormente antes de retirarse habría dado instrucciones a la misma de que una persona posteriormente vendría abonar el costo de los mismos con las indicaciones de entrega.
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El hoy imputado, luego de retirarse de la Florería Franco, se habría comunicado telefónicamente con José Daniel Alderete Vázquez para que este realice una labor a pedido del mismo. Es así que se concreta una reunión en el lugar indicado por Montanaro, que fue en el Edificio Gral. Genes 623 de la Capital. En dicho lugar, Montanaro Bedoya habría entregado a Alderete tres sobres conteniendo unas esquelas, las cuales iban dirigidas a la Sra. Ruth Benítez, y a otra mujer, más la suma de G. 700.000 y unas direcciones en la ciudad de Asunción.
También refiere el acta de imputación que Montanaro Bedoya habría dado indicaciones a Alderete para que se apersone hasta la Florería Franco a fin de proceder al pago de tres ramos florales que el mismo habría consultado momentos antes y que dichos arreglos florares sean entregados en los domicilios proveídos por el mismo con los sobres señalados anteriormente. Con las instrucciones dadas por el hoy imputado, Alderete Vázquez se habría constituido ante la Florería Franco y procedió a realizar el mandato dado por Montanaro Bedoya, señala parte del acta de imputación presentada contra Montanaro.
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Asesoría Jurídica de IPS califica de apresurado desestimar la denuncia contra Vicente Bataglia
“Tiene que haber una sanción para aquellos administradores que desvían su comportamiento y manejan mal los recursos del asegurado”, manifestó el asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González. Se refirió de este modo al cuestionar la solicitud de desestimación de la denuncia contra el expresidente de la institución Vicente Bataglia, investigado por lesión de confianza y estafa.
También sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.
“Nos sorprende este pedido, es apresurado que hayan llegado a esta conclusión. Nosotros tenemos una auditoría pendiente de fiscalización por parte de la auditora interna del IPS y el perito de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que este es un elemento necesario que debe contar el Ministerio Público a fin de poder concluir su investigación y determinar si hay una conducta penal relevante”, manifestó González a la 1020 AM.
El pedido de desestimación al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos fue realizado por el equipo de agentes fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez. “Ellos estaban en conocimiento de que hay una auditoría pendiente”, dijo González.
Recordó que la investigación fiscal contra Bataglia y sus excolaboradores inició en setiembre del 2023, tras la presentación de 3 reportes por parte de la Contraloría General de la República al IPS y al Ministerio Público donde se hacía mención de un perjuicio patrimonial.
Sin embargo, los agentes del Ministerio Público, a través de un documento de 24 páginas, sostienen que durante la etapa investigativa se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.
González mencionó que de prosperar el pedido de desestimación aguardarán los resultados de la auditoría para requerir la “reapertura de la causa al existir hechos nuevos que ameritan que sean investigados”.
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Ratifican condena de 30 años de cárcel por tortura para excomisario
Un tribunal de apelación en mayoría integrado por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias, ratificó la condena de 30 años de cárcel para el excomisario Eusebio Torres, quien fue sentenciado tras ser encontrado culpable del hecho de tortura. Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de poder recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
Actualmente el condenado está cumpliendo su condena bajo el régimen de arresto domiciliario debido a que tiene 88 años de edad. Durante el juicio, quedó demostrado que Eusebio Torres Romero sometió a torturas físicas y psicológicas a los hermanos Carlos y Luis Alberto Casco, y a Teresa de Jesús Aguilera.
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Torres Romero era el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional durante el gobierno de Alfredo Stroessner. Los hechos ocurrieron en abril de 1976. Los relatos durante el juicio indican que Carlos Casco recibió diversas agresiones físicas y sociológicas tras su detención y posterior traslado en una embarcación hasta el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, donde permaneció privado de libertad.
El tribunal que dictó este histórico fallo estuvo integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre y al inicio de la lectura de la sentencia hablaron de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
El colegiado aplicó la pena máxima tras analizar las pruebas y testificales que hallaron culpable a Torres Romero de los crímenes de lesa humanidad. Debido a la avanzada edad del condenado, este no irá a prisión y gozará de arresto domiciliario, especialmente mientras quede firme la condena, con posibilidad de salir de su casa en caso que tenga problemas de salud.
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