El juez penal de Garantía de Fernando de la Mora, Diego Corbeta, hizo lugar a la extinción de la acción penal por conciliación entre la acusada y los familiares de la joven fallecida, Natalia Godoy. Con el acuerdo entre las partes se archiva el proceso penal.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el juzgado penal de Garantía de Fernando de la Mora. La misma anteriormente fue suspendida por varios motivos, pero en la fecha, luego del acuerdo entre las partes se desarrolló la diligencia judicial y culminó el presente caso.
Florencia Romero fue beneficiada en su momento con arresto domiciliario, hace 3 años aproximadamente y su defensa ofreció un resarcimiento económico a la familia Godoy, propuesta que fue aceptada por la familia de la joven víctima.
Romero atropelló y mató en estado de ebriedad a la joven madre Natalia Godoy en octubre de 2020, cuando la misma se encontraba en una parada de ómnibus sobre la Avenida Mariscal López casi Santa Teresa, esperando una unidad de transporte público de pasajero para ir a su lugar de trabajo. El caso generó bastante indignación en la ciudadanía e incluso los amigos y familiares de Godoy se manifestaron frente a la sede judicial de Fernando de la Mora.
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Triple choque en Samber: otorgan arresto domiciliario a Eugenio Sanabria Vierci
El juez penal de Caacupé, Augusto Acuña, otorgó el arresto domiciliario al empresario Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque-San Bernardino, donde falleció toda una familia, el 10 de noviembre de 2024. La resolución judicial se dio a conocer ayer miércoles, luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en la sede judicial de Caacupé.
El referido magistrado sostuvo en su resolución que desapareció el peligro de fuga y obstrucción en la investigación de parte del imputado Sanabria Vierci, por lo que corresponde el arresto domiciliario.
De acuerdo a la determinación del juez Sanabria, el acusado deberá cumplir la prisión domiciliaria en Asunción con control aleatorio, cuya comisaría del distrito deberá informar inmediatamente a esta magistratura en caso de incumplimiento de la misma. También tiene la prohibición de salir del país y cambiar de domicilio sin autorización del Juzgado; la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y de cualquier tipo de sustancias prohibidas.
Igualmente, tiene prohibido portar cualquier tipo de arma; tiene la obligación de comparecer a la audiencia preliminar que le será notificada; cuando el juzgado y el Ministerio público así lo requiera, bajo apercibimiento de que será declarado su rebeldía sin más trámites; así como una fianza multimillonaria que asumen sus familiares y ellos son María Lucila Rivarola de Sanabria, María Lucila de Fátima Sanabria Rivarola, María Verónica Sanabria Rivarola hasta cubrir la suma de G. 7.550.783.952.
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Imputación
La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 miligramos por litro de alcohol en sangre.
En un automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y su hijo de tan solo cuatro años.
La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), en San Lorenzo.
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Mafia de los pagarés: admiten imputación contra jueza de Paz Nathalia Garcete
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú admitió la imputación por prevaricato contra la jueza de Paz Nathalia Garcete y convocó para el martes 29 de abril, para su audiencia de imposición de medidas. La magistrada fue procesad en el marco de la investigación del caso conocido como la mafia de los pagarés.
En el presente caso se tiene 61 personas imputadas entre jueces, actuarios judiciales, ujieres, oficial de justicia y abogados de firmas de cobranzas quienes deberán comparecer para las audiencias de imposiciones de medidas cautelares.
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Otros imputados
Los imputados son los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas. También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.
Así también enfrentan proceso penal las juezas suspendidas en sus funciones Analía Cibils, Víctor Nilo Rodríguez y otros.
Asimismo, la nómina de los imputados son: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.
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Parque Guasu Metropolitano: jueza elevó a juicio oral proceso penal de acusado por coacción sexual
La jueza penal de Garantía, Diana Rossana Carvallo, elevó a juicio oral y público el proceso penal por coacción sexual y violación que enfrenta Aldo Styven Pereira, quien habría sometido sexualmente a una joven que estaba realizando actividad deportiva en el Parque Guasu Metropolitano, en el mes de agosto de 2024. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
La Fiscalía se ratificó en su acusación, detallando la extrema violencia aplicada por el acusado contra la víctima, a quien habría sorprendido cuando realizaba ejercicios en dicho espacio dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
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De acuerdo a la acusación, Pereira Saucedo, a través de la fuerza habría agarrado del cuello a la víctima, la despojó inmediatamente de su aparato celular y de la llave de su vehículo, luego la introdujo en una zona boscosa para cometer el abuso e incluso intentó ahorcarla, menciona la acusación fiscal.
También la jueza Carvallo decretó el arresto domiciliario del acusado debido a que el mismo ya cumplió la pena mínima. La Fiscalía y la querella no se opusieron a la prisión domiciliaria. Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá que fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público donde se tendrá que debatir la responsabilidad del procesado en el presente caso.
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Muerte de Lalo: juez se opone a desestimar denuncia y fiscal general tendrá la última palabra
El juez penal de garantía de Pedro Juan Caballero, Juan Martín Areco, imprimió trámite de oposición al pedido de desestimación que solicitaron los agentes fiscales Celso Morales, Christian Ortiz y Luis Said en relación a la investigación sobre la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, ocurrida en la madrugada del 19 de agosto del año pasado, en un allanamiento fiscal.
Con la presente resolución judicial, será el fiscal general del Estado quien defina si dictamina a favor de la desestimación o recomienda al juzgado penal de garantía seguir con la presente investigación fiscal.
En su resolución, el magistrado Areco sostiene que “me mantengo en mi oposición, conforme a los fundamentos del A.I. N° 218 de fecha 13 de marzo del 2025, en consecuencia y de conformidad a lo que dispone el artículo 314 del Código Procesal Penal, párrafo segundo, que dice disponer la remisión nuevamente de las actuaciones al Ministerio Publico, para que el fiscal general del Estado peticione nuevamente o ratifique lo actuado por los fiscales inferiores, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución”, según la determinación adoptada por el magistrado Areco.
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De acuerdo a los hechos, el fallecimiento del diputado se registró el pasado 19 de agosto del 2024, a las 3:00, durante un allanamiento encabezado por el Ministerio Público, acompañados por los agentes de la Policía Nacional y los asistentes fiscales.
De acuerdo al Ministerio Público se determinó que los intervinientes que estuvieron en el hecho son los agentes policiales Pablo Torales y Carlos García. Este último fue el que disparó los tiros mortales contra el legislador. Conforme con la conclusión de los fiscales, el hecho se produjo en defensa propia, ya que el diputado también había disparado contra los intervinientes, por lo que habría existido una causa de justificación.
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