Luego de varias suspensiones, este martes comenzó el juicio oral y público para la extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, acusados por lesión de confianza por la compra irregular de agua tónica.
El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar a la pareja está integrado por Gloria Hermosa, Darío Báez y Alba González, mientras que el fiscal del caso es Francisco Cabrera.
Samudio y su esposo enfrentan un proceso por lesión de confianza, en el que el Ministerio Público sostiene que existe un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal. Ambos fueron procesados por la compra irregular de agua tónica durante la pandemia del covid-19.
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El Ministerio Público sostiene que cuentan con suficientes elementos contra el matrimonio. De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución, con excepción del ítem 6, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron.
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Arnaldo Giuzzio evade el banco de acusados y su juicio pasa a marzo de 2025
El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, nuevamente recurrió a chicanas con la finalidad de evitar el inicio de su juicio oral y público tras ser acusado por el Ministerio Público por presunto cohecho pasivo agravado por supuestos vínculos con el capo narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
El proceso debió comenzar este lunes, sin embargo, el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y simpatizante del Partido Democrático Progresista (PDP) tomó la decisión de reemplazar al defensor público que lo asistió durante ocho meses y contrató a su amigo personal, el abogado y exministro anticontrabando Emilio Fuster.
La decisión de Giuzzio se dio 3 días antes de que comience su juicio. Mediante esta nueva maniobra dilatoria su representante legal requirió un tiempo adicional para estudiar el caso y preparar su estrategia de defensa, petición aceptada por los miembros del tribunal de sentencia, siendo esta la cuarta suspensión del proceso.
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De esta forma se fijó el 3 de marzo de 2025 como nueva fecha para el arranque de su juicio oral y público. La agente Verónica Valdez, quien interina otras unidades fiscales, pidió la reprogramación del juicio debido a dificultades para asistir en la fecha inicial.
Antecedentes
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contratar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, del cual era titular hasta febrero de 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marqués de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que el exministro usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
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Los Super Tucano surcarán el espacio aéreo paraguayo a partir de julio del 2025
La adquisición de los seis aviones Super Tucano por parte de las Fuerzas Aéreas Paraguayas, ya está en proceso, y se estima que para junio o julio del próximo año ya estén sobrevolando el espacio aéreo del territorio nacional, en el marco de la lucha frontal contra el narcotráfico. El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, explicó a La Nación/Nación Media, cómo se dio este proceso.
Primeramente, detalló que los trabajos previos ya se iniciaron hace tres meses con el decreto del Poder Ejecutivo, que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición de las aeronaves, a partir de ahí, con ese decreto el Ministerio de Economía inició junto con el Ministerio de Defensa/Fuerza Aérea Paraguaya, las gestiones ante el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social del Brasil (BNDES) la firma del contrato de empréstito.
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El banco remitió un borrador de este contrato a Paraguay y el Ministerio de Economía y Finanzas realizó la revisión de este borrador, y nuevamente fue remitido al banco brasileño. Una vez cumplidos todos los protocolos, el contrato definitivo y el dictamen favorable del Ministerio de Economía, el presidente de la República Santiago Peña, firmó el decreto que autoriza el contrato del préstamo de USD 101.606.009.
El ministro de Defensa también adelantó que el próximo lunes 18 de noviembre, los ministros de Economía de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, y de Brasil, Fernando Haddad, firmarán el contrato de empréstito, que se realizará en Río de Janeiro, inmediatamente, se iniciará con el proceso de compra con la empresa brasileña Embraer.
La protección del espacio aéreo
A partir de ese momento, la empresa Embraer ya tiene la luz verde para finiquitar los detalles para la entrega. Son seis aeronaves que van a ser entregadas al Paraguay, y la meta es que esas aeronaves lleguen a Paraguay en el mes de junio o a más tardar en julio del 2025.
El ministro de Defensa sostuvo que la misión principal de estas aeronaves es permitir dar la capacidad a la Fuerza Aérea Paraguaya para cumplir su misión constitucional que es la protección del espacio aéreo paraguayo.
“Con ese cumplimiento de visión, viene lo siguiente, que con estas aeronaves el Estado paraguayo va tener el espacio aéreo controlado y vamos a terminar con aquello que las aeronaves realizan vuelos ilícitos, que son tareas que realiza el crimen organizado en todas sus facetas, especialmente el narcotráfico”, apuntó.
Combate frontal sin necesidad de derribar
Por otra parte, González especificó que el objetivo principal es el combate frontal a los vuelos ilícitos, pero aclarando que no se aplicará la ley de derribos, ya que la ley de protección del espacio aéreo no contempla esta acción.
“Eso no significa que no vayamos a combatir a los vuelos irregulares. Esas aeronaves van a ser acompañadas hasta que finalmente aterricen, una aeronave no puede estar volando indefinidamente en el espacio. El hecho de que no tengamos ley de derribo no significa que no vamos a cumplir con esta misión”, sentenció.
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Ejecutivo autoriza préstamo para la compra de seis Super Tucano
El Poder Ejecutivo autorizó el contrato de préstamo entre la República de Paraguay y el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social del Brasil (BNDES), por un monto de USD 101.606.009, para la compra de los seis aviones Super Tucano, a través del decreto número 2879, firmado por el presidente de la República Santiago Peña.
“Después de décadas, Paraguay retomará el control de su espacio aéreo. He autorizado la firma del contrato de préstamo para la adquisición de aviones con tecnología de punta, esenciales para fortalecer nuestra defensa aérea y enfrentar con firmeza al narcoterrorismo”, expresó el mandatario a través de su cuenta de X.
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Peña reafirmó el compromiso del Gobierno nacional en la lucha contra crímenes y el tráfico trasnacional. “Esta decisión refleja nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y la soberanía nacional. No cederemos en esta lucha; enfrentaremos cada desafío con toda nuestra fuerza y determinación”, apuntó el mandatario.
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, confirmó para La Nación/Nación Media, que este contrato de préstamo autorizado por el Ejecutivo es para la compra de los seis Super Tucano. El empréstito se realizará a través del Banco brasileño, y la adquisición será de la empresa, también brasileña, Embraer.
Lo que dice el decreto
El decreto 2879 establece la autorización de los términos y condiciones del contrato de préstamo de USD 101.606.009, para el financiamiento del proyecto de adquisición de bienes aéreos (aviones), con capacidad tecnológica para la defensa del espacio aéreo nacional y el apoyo a la lucha contra el narcoterrorismo, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional y se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas su formalización.
Este decreto, da continuidad al decreto N° 2165, firmado por el Poder Ejecutivo el 18 de julio de 2024, en cual se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas “el inicio de gestiones de financiamiento, y que en este contexto se llevó a cabo la negociación del borrador del Contrato de Préstamo con el BNDES”.
“El citado proyecto tiene por objetivo general dotar de medios aéreos (aviones) a la Fuerza Aérea Paraguaya, para interceptar vectores aéreos no identificados, con la finalidad de dar cumplimiento a la misión interinstitucional de la Fuerza Aérea que es la de controlar el espacio aéreo conjuntamente con el Sistema Integrado de Vigilancia Aérea, además de cooperar con las demás fuerzas en la lucha contra el narcoterrorismo”, menciona el decreto del Ejecutivo.
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Juez se opone a blanquear a extitutlar de IPS y considera que podrían existir hechos punibles
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, se opuso a desestimar la denuncia por un supuesto perjuicio patrimonial de G 1,7 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente del ente Vicente Bataglia. Los fiscales Jorge Arce, Luis Piñanez y Néstor Coronel habían alegado la atipicidad (falta de adecuación de la conducta al tipo penal) de los hechos.
De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que pueda proseguir la presente investigación.
El 31 de octubre pasado, los citados agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría que ha arrimado un informe al Ministerio Público sobre la posible existencia de los hechos punibles de lesión de confianza y estafa.
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Asesor jurídico IPS
Días atrás, el abogado José González Maldonado, director jurídico del IPS lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra el expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.
González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.
Agregó que es llamativo que una auditoría del máximo órgano contralor del Estado no haya sido considerada. El reporte final de Contraloría General “es cuanto mínimo un indicio de posible hecho punible”, recordó.
Por otro lado, el director jurídico explicó que el IPS lleva adelante en la actualidad una auditoría sobre numerosas inconsistencias, así como inexistencia de pruebas documentales en la administración de Vicente Bataglia. En ese sentido, recalcó que los agentes fiscales están obligados a tener en cuenta los elementos de cargo y descargo.