El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin).

En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.

El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.

Leé también: DNCP levantó restricciones para la compra de las máquinas de votación

La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.

A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.

Te puede interesar: Grupo Zuccolillo se rehúsa a pagar deuda de USD 70 millones a itti

Hace un año, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, requiere que el Senado despoje de sus fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la finalidad de que enfrente a la justicia en el caso de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

El pedido fue remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera el 14 de marzo del 2024 tras la admisión de la imputación fiscal por la revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Desde entonces, los aliados de Abdo Benítez impidieron que sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo. El pasado 12 de marzo, con bombos y platillos, el expresidente anunció mediante sus redes sociales oficiales que solicitaría su desafuero como senador vitalicio, al tiempo de arremeter contra el Ministerio Público y calificarla como una institución “sometida a un grupo de poder”.

Este anuncio al parecer fue parte de un show montado por Abdo Benítez y su entorno, ya que el requerimiento del órgano extrapoder continua pendiente de estudio en el pleno a raíz de las trabas impulsadas por los abdistas y aliados opositores que obstruyen la labor de la justicia.

Lea también: Anexo C: renegociación será reanudada una vez que se restituya la confianza con Brasil

La artimaña dilatoria en busca de impunidad quedó totalmente evidenciada luego de su incomparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que por solicitud de sus leales, los legisladores Lilian Samaniego y Rafael Filizzola, optó por convocarlo el día de ayer, martes 1 de abril, para dar su versión de los hechos que se le atribuyen.

Sin embargo, terminaron acudiendo solo sus abogados Enrique Kronawetter y César Trapani, pese a que con anterioridad Mario Abdo había expresado su predisposición de aclarar su situación, colocando incluso su “cabeza a disposición”.

En medio de un show mediático, también había solicitado el cese de una supuesta persecución contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, con la intención de evitar que perciban la orfandad política de parte de su líder.

En la ocasión, los abogados no lograron refutar las pruebas en contra ni presentar argumentos sólidos que demuestren la inocencia de Marito y derriben las acusaciones de que en su gobierno se montó un esquema de persecución política y terrorismo de Estado contra sus adversarios.

No obstante, el bloque asesor por mayoría de sus miembros terminó aconsejando dar vía libre al desafuero del colorado disidente. La bancada del movimiento Honor Colorado acompaña el pedido de desafuero realizado por el propio Abdo Benítez y la Fiscalía.

Te puede interesar: Plantean crear el Ministerio de la Familia con la fusión de tres entes

La Policía Nacional realizó un allanamiento en la ciudad de Ñemby en la casa que sería de un hombre que es conocido como el “Rey de los robacoches”, que formaría parte del clan Rotela. Esta persona está siendo investigada hace cuatro meses por una serie de robos y contaba con 14 antecedentes penales, que a la fecha fueron borrados del sistema, situación que también está siendo investigada.

Según el reporte policial, la intervención se realizó ayer jueves en el barrio Pa’i Ñu, en una mansión que está ubicada sobre la avenida Pratt Gill. En el sitio se encontraron varios automóviles que estaban denunciados como robados y antes de que los agentes lleguen el hombre ya se habría fugado en compañía de su esposa. Tanto el hombre como su sobrino fueron identificados en varios robos de autos.

Se trata de Juan Manuel Salinas Valdovinos, de 44 años, que cuenta con 14 antecedentes penales. “Iniciada esta investigación, hace cuatro meses saltaban todos los los antecedentes con los que contaban estas personas, al momento nos están informando que no está apareciendo. Esto ya fue comunicado al Ministerio Público”, confirmó el comisario Juan Pereira, en entrevista con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

Te puede interesar: Detienen a empleado de planta industrial por hurtar cables de cobre

Detalló que durante la intervención se logró la incautación de dos vehículos de la marca Toyota, una motocicleta de la marca Kenton y un celular de la marca Samsung, entre otros indicios. “Se le acusa de robar más de 100 vehículos que fueron traídos vía Chile. Estos son robados y luego son modificados, se les cambia de color y el número de chasis. También, se realiza desarme en talleres clandestinos”, aclaró.

Apuntó que es muy difícil distinguir a los vehículos que fueron modificados por la gran cantidad de rodados de esta línea. “Estos se mimetizan en los controles y es así que van pasando. Uno de los rodados incautados ya circulaba en el país por un año, con documentación totalmente apócrifas y chasis implantado”, refirió.

Agregó que, minutos antes de la intervención, una camioneta de alta gama salió de la vivienda y fue detenida tres cuadras después. “Este vehículo salió de la casa y se produjo una persecución y a 10 cuadras se produjo la detención de la persona que estaba al mando, que es esposa del hombre. Se presume que éste descendió en medio en algún punto y emprendió la fuga”, puntualizó.

Leé también: Se mantiene un ambiente cálido y húmedo con precipitaciones dispersas

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Una comitiva encabezada por la fiscal Ruth Benítez, agentes del Departamento de Control de Automotores de la Policía de Alto Paraná y personal de la subcomisaría 52, allanaron ayer viernes un taller, en el marco de una investigación por un hecho punible de manipulación de graficaciones técnicas en vehículos de gran porte.

Incautaron cinco semirremolques y dos tractocamiones, durante un procedimiento que fue a las 19:30 en un taller ubicado en el Km 31, Fracción Piro´y, distrito de Minga Guazú. La propietaria del inmueble es Mirian Acha viuda de Almirón. En el sitio fueron verificados todos los vehículos, siendo aprehendido Alcides Almirón Acha (45).

En todos los rodados inspeccionados fueron encontrados vestigios de adulteración por borrado total y reimpresión del chasis de su lugar convencional, así como la remoción de la plaqueta de seguridad, según el reporte del personal policial interviniente.

El comisario Silvano Presentado, jefe de Control de Automotores, indicó a La Nación/Nación Media que, mediante un trabajo con la Policía Federal de Brasil, se realizó un seguimiento y a raíz de esa investigación se llegó al citado taller. Mencionó que también fueron incautadas chapas adulteradas halladas en el taller y todo fue llevado al Departamento de Control de Automotores.

Puede interesarle: Detienen a dueño de taller mecánico y a otras dos personas por robo de motocicleta

Los vehículos verificados fueron: un semirremolque de la marca Tecno Equino, modelo cisterna 3 ejes, amarillo, chapa AAER 171 Py y un tracto camión, marca Scania, modelo 124-420 6X2, blanco, con chapa AAAG698 Py. Ambos inscriptos a nombre de Alcides Almirón.

La lista sigue con un semirremolque Metalúrgica RE S.A. modelo cisterna 3 ejes, blanco, chapa AAFX 802 Py, inscripto a nombre de Edson Tomas; semirremolque de la marca Metalúrgica Rodas, modelo cisterna ejes, blanco, chapa HARM 952 Py, inscripto a nombre de Ángel Almirón y semirremolque también Metalúrgica RE, modelo cisterna e ejes, blanco, con chapa HAFK 519 PY.

Los dos últimos son un vehículo semirremolque de la marca Metalúrgica Rene, modelo cisterna, blanco, chapa BOJ104 PY, inscripto a nombre de Francisco Ibarra y otro tracto camión de la marca Scania, modelo 113, blanco, con chapa KAC 064 PY, a nombre de la empresa Calibri Import Export S.A. El mismo no reúne las condiciones de autenticidad en cuanto a la alineación, espaciado y profundidad de los números de chasis, según el reporte.

Puede interesarle: Mbaracayú: hallan cadáver en tierra mecanizada y detienen a supuesto autor