Condenan a tres años de cárcel a tres presos que extorsionaban desde la cárcel
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La Justicia condenó a tres años de cárcel a tres presos que desde su lugar de reclusión cometían extorsión. Los condenados son Marcos Ariel Candia López, Ricardo Javier Almada y Hernán Daniel Espínola Benítez, quienes desde la penitenciaria enviaban mensajes extorsivos a varias personas.
El agente fiscal Marcial Machado fue quien llevó adelante la investigación, recolectando todos los elementos de prueba para poder lograr la condena contra los tres acusados. De acuerdo a la investigación fiscal, los hoy condenados enviaban mensajes vía whatsApp a una de las víctimas, identificándose como “El Churero”. Primero pedían G. 6 millones para evitar la publicación de imágenes íntimas en redes sociales.
La víctima de extorsión realizó un primer giro de G. 250.000 a un número de celular, luego otro giro de G. 2 millones a otro número. La intención de los extorsionadores era completar G. 5 millones, sin embargo, días después los internos volvieron a llamarle y le señalaron que el padre de la mujer afectada estaba internado y que necesitaba urgente más aportes, por lo que le solicitaron otros G. 3 millones más.
La víctima recurrió a un préstamo para responder a los extorsionadores y envió G. 1.500.000 luego ante la insistencia giró otros G. 2 millones y así llegó a completar la suma de G. 11 millones. En su desesperación la víctima señaló al supuesto “Churero” que ya no tenía dinero y decidió hacer una denuncia. La Fiscalía demostró la responsabilidad de los acusados y la justicia decidió condenarlo a tres años de cárcel.
El fiscal Gabriel Segovia presentó imputación por lesión de confianza contra Wisam Osmar, presidente de la firma Macedonia, quien habría desviado sumas millonarias de la referida firma. El Ministerio Público pidió seis meses de tiempo para presentar su requerimiento conclusivo.
De acuerdo al acta de imputación, el 17 de abril del 2024 la Fiscalía recepcionó una denuncia sobre varios delitos presentado por Kassem Ali Osman, de nacionalidad libanesa, quien denuncio a Wisam Osman, quien ejercía la presidencia y control administrativo de la firma Macedonia.
Al parecer, el denunciado siempre declaraba nula ganancia, lo que dejaba al denunciante sin recibir ninguna parte de los beneficios de la empresa a pesar de su participación y contribución, lo que motivó a la denuncia.
Posteriormente, el denunciante se percató que el negocio tenía un registro paralelo de ventas y la firma en verdad generaba más ganancia que la declarada, hecho que coincidió con la oficina habilitada por Wisam en la que operaban Lisa Ibarrola y Sarah Kassen, bajo los registros de ventas reales ocultando ingresos y declarando pérdidas o empate, es decir, en el piso superior en una habitación herméticamente cerrada se contaba el subregistro con los que justificaban todos los años una suerte de empate o ganancias mínimas.
El Ministerio Público realizó varias diligencias entre ellas declararon varias personas en la presente investigación. Asimismo, se realizó un allanamiento al estudio contable que realiza trabajos para Macedonia, de donde se incautaron documentos que comprobarían la responsabilidad del imputado en el delito.
Fiscalía imputa a 11 docentes por presentar título falso
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La fiscal Teresa Sosa imputó a 11 docentes que habrían falsificado sus títulos de grado para acceder a recategorizaciones en concursos realizados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Los delitos imputados son estafa y producción de documentos no auténticos. La causa cayó en el juzgado de garantías N° 11 de Capital a cargo del magistrado Yoan Paúl López quien tendrá que admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Los imputados son Alba Mariela Caballero Paiva, Alcides Arce Fernández, Adilio Javier Aranda Cáceres, Alcides Ditrich Cabrera, Alicia Lorena Caballero Ríos, Alicia Silva Medina, Ana Gabriela Leguizamón Villagra, Analía Beatriz Escobar, Anastacio Ramón Florentín, Alva Anais Martínez Rojas y Ana Claudia Cañete Rolón.
De acuerdo al relato del Ministerio Público, el director de Asuntos Jurídicos Externos del MEC denunció ante la Fiscalía que en el transcurso del año 2023, el MEC realizó un concurso de oposición para elegir a los docentes para el programa denominado “Jornada Escolar Extendida”. A raíz de ello, se recepcionó llamadas telefónicas de varias personas, quienes informaron que varios docentes, entre ellos los hoy imputados a la mencionada convocatoria, habrían presentado certificados de cursos que serían falsos.
En todos los casos, se detectó que los hoy imputados habrían usado documentos, específicamente, el título de grado de Licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Escolar Básica y su Certificado de Estudios correspondiente, supuestamente expedidos por una Universidad privada, que contendrían declaraciones no auténticas, porque no son de la institución privada mencionada.
Denuncian que falsos inspectores extorsionan a comercios de Asunción
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Este jueves, desde la Policía Municipal Fiscalizadora de la ciudad de Asunción reportaron que ya recibieron varias denuncias sobre falsos inspectores que habrían extorsionado a comerciantes.
Pruebas documentales, como números de celulares, fotos, y videos de cámaras de seguridad de los locales visitados por estas personas fueron entregados al Ministerio Público que ya impulsó una investigación.
Desde la institución indicaron que son varios los comerciantes que ya realizaron las denuncias correspondientes contra estas personas que se hacen pasar por inspectores. Se trata de delincuentes que se dedican a llamar a los propietarios a quienes exigen fuertes sumas de dinero a cambio de no cerrarles sus negocios.
“Nos llegan varias denuncias de ciudadanos, de que personas ajenas a la Municipalidad de Asunción se hacen pasar por funcionarios y que atacan a los comercios. Les llaman a los propietarios, a los encargados de los locales y les dicen mañana voy a cerrar tu local, pero podemos evitarlo dando tal monto de dinero”, afirmó Constantino Ayala, director de la Policía Fiscalizadora.
Resaltó que las víctimas presentaron varias evidencias como números de teléfonos desde donde realizaron las extorsiones e imágenes de las personas que llegaron a sus locales para cobrar. “Tenemos algunos datos como son números telefónicos, tenemos algunas fotos, videos de circuitos cerrados que nos envían los dueños de los locales, también tenemos números de cuentas bancarias”, refirió.
Agregó que todas las pruebas fueron presentadas ante las autoridades correspondientes para que se pueda iniciar una investigación y que se pueda solucionar esta problemática. “Cuando tuvimos conocimiento de la situación, fuimos al Ministerio Público a hacer la denuncia correspondiente”, aclaró Ayala.
Puerto Pinasco: allanan empresa por tala ilegal de quebracho y palo santo
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El fiscal Irán Suárez, de la Unidad Especializada del Medio Ambiente de Presidente Hayes, realizó un allanamiento en la propiedad de la empresa Atenil, ubicada en la zona de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes, donde se constató la tala selectiva de especies nativas como el quebracho colorado y el palo santo.
Durante el operativo, las autoridades encontraron una gran cantidad de postes lisos y rajados, horcones y un volumen considerable de madera de palo santo. Además, se verificaron camiones y tractores previamente incautados, uno de los cuales contenía aproximadamente 20 metros cúbicos de palo santo.
El procedimiento contó con la participación de funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Instituto Forestal Nacional (INFONA), la Asociación de Productores y Exportadores de Carbón Vegetal (APER) y la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
Según el agente del Ministerio Público, las evidencias recolectadas son cruciales para identificar y procesar a los responsables de la tala ilegal, de quienes ya se tienen las primeras identificaciones. La investigación continúa para determinar el alcance total del daño ambiental y las responsabilidades penales correspondientes.
El fiscal del caso deberá convocar a una audiencia indagatoria a los responsables de la empresa a los efectos de que los mismos puedan brindar su versión sobre la presente investigación.