La Fiscalía reiteró el pedido de desafuero del diputado Esteban Samaniego, en el marco de su imputación por administración en provecho propio y asociación criminal. El primer pedido de desafuero había sido remitido por el juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, el 12 de diciembre del año pasado a la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, el pedido aún no fue tratado por el pleno de la Cámara Baja, por lo que el fiscal Silvio Corbeta realizó la reiteración de dicha solicitud al juzgado penal de Garantías a cargo de Otazú, y este debe remitir nuevamente a la instancia legislativa.

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En esta causa se menciona que Samaniego, durante su administración como intendente de la ciudad de Quyquyhó “se valió de su cargo como intendente para beneficiarse en forma indebida, ya que era administrador de gastos” y accedía a fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), llegando a la suma de G. 338.595.000.

Mientras tanto, su esposa, Patricia Corvalán, actual intendenta de la misma ciudad, habría cobrado unos G. 117.500.000 que debieron ser destinados para fines sociales. También algunos familiares cobraban cheques y terminaron imputados.

Por otra parte, el diputado Jorge Ávalos Mariño, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, informó que ya se emitió un dictamen sobre el pedido de desafuero remitido por Otazú, la comisión asesora recomendó la aprobación del pedido.

“Nosotros en diciembre habíamos recibido el pedido de desafuero de Esteban Samaniego, y el martes pasado nosotros dictaminamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El pedido que entró fue por el tema de cuando era intendente, y eso ya tuvo dictamen el martes pasado”, indicó el legislador para La Nación/Nación Media.

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