El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, concedió medidas alternativas a la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, y otras 4 personas imputadas por administración en provecho propio y asociación criminal por un presunto perjuicio de G. 338.595.000. La resolución se dio a conocer luego de la realización de la diligencia judicial.

Las medidas impuesta a la jefa comunal residir en el domicilio denunciado en el expediente ubicado en el barrio Sajonia de Asunción, a pesar de ser intenta de una ciudad ubicada a unos 170 kilómetros, la obligación de presentarse de forma mensual ante el juzgado, prohibición de cambiar de número de celular, obligación de presentarse a todas las citaciones que el Juzgado realice, prohibición de salir del país.

Asimismo, la imputada ofreció como fianza real un inmueble que pertenece al diputado Esteban Samaniego, procesado igualmente en el presente caso ubicado en Lambaré, cuyo valor es de G. 281.190.000, para el cual se trabó embargo preventivo hasta cubrir la suma de G 140.000.000.

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Según los informes del Ministerio Público, los supuestos hechos ilícitos se habrían cometido entre los años 2011 y 2017, periodo que duró la gestión del ahora diputado como intendente de la ciudad de Quyquyhó.

En esta causa se menciona que Samaniego “se valió de su cargo como intendente para beneficiarse en forma indebida, ya que era administrador de gastos” y accedía a fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), llegando a la suma de G. 338.595.000. Mientras tanto su esposa, Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, habría cobrado unos G. 117.500.000 que debieron ser destinados para fines sociales. También algunos familiares cobraban cheques y terminaron imputados.

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