La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera admitió la imputación y ordenó la prisión preventiva de Fabio Martínez Colmán, imputado por el feminicidio de Laura Susana Giménez. Foto: Gentileza
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera admitió la imputación y ordenó la prisión preventiva de Fabio Martínez Colmán, imputado por el feminicidio de Laura Susana Giménez. El crimenocurrió en la madrugada del domingo último en el barrio Sajonia, de Asunción.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, llevada a cabo en el Palacio de Justicia. La magistrada sostuvo que se trata de un hecho grave y que existe peligro de fuga y obstrucción de la investigación, por lo que corresponde decretar la prisión de Martínez Colmán. El imputado ya fue trasladado hasta el departamento Judicial de la Policía Nacional, de donde luego de realizar los trámites de rigor será trasladado a una sede penitenciaria de nuestro país para guardar reclusión.
El Ministerio Público presentó imputación contra Fabio Martínez por ser el presunto autor del feminicidio de su pareja. De acuerdo a la investigación, el ataque ocurrió durante la madrugada del domingo, en una vivienda situada en el barrio Sajonia de Asunción. Los vecinos de la casa de la víctima dieron aviso al sistema 911 tras escuchar peleas y gritos de auxilio.
Al llegar al sitio, los agentes policiales llamaron varias veces a la puerta de la casa, hasta que el hombre abrió; tenía la ropa y parte del cuerpo cubiertos de sangre y según pudieron constatar, la hija de la pareja, de solo 5 años, habría presenciado el homicidio de su madre.
Por decreto del Ejecutivo, Paraguay cierra su embajada en Canadá
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El Poder Ejecutivo emitió el decreto 3.659, por el cual dispuso el cierre de la embajada de la República de Paraguay en Canadá. El documento fue firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, el pasado 3 de abril, basado en la nota remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que solicitó el cierre de la representación diplomática en ese país.
La Cancillería argumentó que el pedido de cierre se da por la necesidad de ajustar el presupuesto y buscando una reciprocidad en las relaciones para alcanzar objetivos de eficiencia y economicidad en el gasto de la administración pública, con el fin de racionalizar el uso de los recursos estatales y maximizar el aprovechamiento de los ya existentes, pero “sin descuidar la misión institucional como instrumento de la política exterior”.
Así también, se señala que esta racionalización involucra a los recursos humanos existentes en el manejo de las relaciones exteriores, que serán redireccionados en las funciones diplomáticas.
“Esta política de optimizar incluye el cierre de la embajada de la República del Paraguay ante Canadá, a fin de reorientar los recursos para atender las necesidades institucionales de carácter prioritario, sin perjuicio que en el futuro dicha sede pueda ser reabierta atendiendo al significativo valor que se otorga a la relación bilateral con el citado país”, menciona el documento.
El Gobierno de Canadá fue debidamente notificado sobre esta decisión. En consecuencia al cierre de esta sede, también se determinará la concurrencia diplomática de la embajada del Paraguay ante este país.
Decreto del Poder Ejecutivo por el cual se dispone el cierre de la embajada de Paraguay ante Canadá. Foto: Decreto presidencial
La jueza penal de Lambaré dispuso que el hermano de una fiscala, imputado por abuso sexual, sea recluido en la cárcel militar de Viñas Cué atendiendo a que supuestamente recibió amenaza. Foto: Archivo.
Hermano de fiscala imputado por abuso sexual trasladado a la cárcel militar de Viñas Cué
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La jueza penal de garantía de Lambaré, Isabel Bracho, vía revisión de medidas, ordenó que el imputado por abuso sexual en niños y hermano de una fiscala guarde reclusión en la cárcel militar de Viñas Cué. Inicialmente, el procesado debía estar privado de su libertad en la comisaría de Villa Elisa y luego debía ser derivado al penal de Tacumbú.
La defensa del imputado alego que recibió amenaza debido a que la hermana del procesado es agente fiscal de una unidad especial, por lo que corre peligro la vida del imputado. Ante este hecho, la jueza Bracho cambio el lugar de reclusión y ordenó que sea derivado al penal militar de Viñas Cué. Del mismo modo, la referida magistrada podría haber ordenado que se resguarde la integridad del imputado en el lugar donde tenga que estar privado de libertad como se hace en otros casos similares.
La magistrada sostuvo en su resolución que “del análisis de los antecedentes, pruebas documentales y normativas aplicables, este juzgado considera acreditado el riesgo inminente que enfrenta el imputado en caso de guardar reclusión en alguna penitenciaria nacional. Por lo que para esta judicatura corresponde hacer lugar a lo peticionado por la defensa, en consecuencia, deberá disponer su inmediato traslado al penal militar de Viñas Cue”.
Días atrás, el Ministerio Público presentó el acta de imputación contra un hombre por el hecho punible de abuso sexual en niños, cuya víctima tiene tan solo 6 años de edad. La fiscalía pidió 6 meses de tiempo para poder presentar su requerimiento conclusivo donde se deberá presentar la acusación y el pedido de que el caso se eleve a un juicio oral u otra salida procesal.
Filtración de Seprelad: jueza habilitada para estudiar chicanas de exfuncionarios abdistas
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La jueza penal de garantías Cynthia Lovera ya se encuentra habilitada para estudiar las chicanas impulsadas los exministros de Mario Abdo Benítez en la causa conocida como filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), se reportó este miércoles a través del programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, desde el Poder Judicial.
Lovera deberá estudiar un total de 12 chicanas planteadas desde el 14 de marzo del 2024 por las defensas de Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, acusados por la Fiscalía, el pasado 11 de marzo. Mientras el exmandatario Mario Abdo Benítez y su exsecretario, el diputado Mauricio Espínola, continúan escudados en sus fueros legislativos.
Los siete imputados se encuentran acusados por lossupuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La acusación fue presentada por los fiscales Silvia González y Christian Benítez ante la jueza Penal de Garantías, Cynthia Lovera. El caso inició tras la denuncia presentada el 31 de julio del 2023 por el expresidente de la República, Horacio Cartes, a través de su abogado Pedro Ovelar, quien amplió la denuncia en dos oportunidades: el 30 de agosto y el 30 de octubre de 2023.
Parque Guasu Metropolitano: jueza elevó a juicio oral proceso penal de acusado por coacción sexual
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La jueza penal de Garantía, Diana Rossana Carvallo, elevó a juicio oral y público el proceso penal por coacción sexual y violación que enfrenta Aldo Styven Pereira, quien habría sometido sexualmente a una joven que estaba realizando actividad deportiva en el Parque Guasu Metropolitano, en el mes de agosto de 2024. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
La Fiscalía se ratificó en su acusación, detallando la extrema violencia aplicada por el acusado contra la víctima, a quien habría sorprendido cuando realizaba ejercicios en dicho espacio dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
De acuerdo a la acusación, Pereira Saucedo, a través de la fuerza habría agarrado del cuello a la víctima, la despojó inmediatamente de su aparato celular y de la llave de su vehículo, luego la introdujo en una zona boscosa para cometer el abuso e incluso intentó ahorcarla, menciona la acusación fiscal.
También la jueza Carvallo decretó el arresto domiciliario del acusado debido a que el mismo ya cumplió la pena mínima. La Fiscalía y la querella no se opusieron a la prisión domiciliaria. Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá que fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público donde se tendrá que debatir la responsabilidad del procesado en el presente caso.