La Dirección Nacional de Migraciones expulsó de Paraguay a un ciudadano argentino, identificado como José Sebastián Saracho, quien cuenta con orden de captura en su país por varios hechos punibles como homicidio agravado por el uso de arma de fuego criminis causa en grado de tentativa, robo agravado y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.
El hombre fue aprehendido el martes por agentes del Departamento Antisecuestro de Personas de la Policía Nacional en la ciudad de Villa Elisa quienes, tras constatar sus antecedentes judiciales en su país de origen y su ingreso irregular al territorio paraguayo, derivaron el caso a Migraciones para la expulsión y posterior entrega del extranjero a las autoridades de la República Argentina.
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Las autoridades de nuestro país realizaron primero un trabajo de inteligencia para lograr la detención del argentino, que huyo de su país para refugiarse en el nuestro.
El procedimiento se efectuó en el puesto de control migratorio de Puerto José Falcón, en la frontera con Clorinda. Una vez entregado a las autoridades del vecino país el mismo estará detenido en una sede policial para luego ser trasladado hasta el juzgado que tiene a su cargo el presente proceso penal.
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Crimen de Pecci: coinciden en investigación conjunta
El Ministerio Público informó sobre una conversación mantenida con la fiscala general de Colombia, Luz Adriana Camargo, respecto al caso Pecci. Coincidieron en la necesidad de formar un equipo de investigación conjunta para esclarecer el magnicidio.
Camargo conversó con fiscales paraguayos, específicamente sobre la materia pendiente en la pesquisa del crimen de Marcelo Pecci.
“Instalamos la necesidad de activar el Equipo Conjunto de Investigación que pondrá el mayor esfuerzo en el esclarecimiento del caso Pecci”, señala el comunicado al respecto. En la ocasión, acordaron que la Dirección de Asuntos Internacionales de Paraguay y su equivalente en Colombia, se encargarán de agendar un encuentro entre ambos fiscales generales.
“Compartimos el dolor de la familia Pecci y somos sensibles ante la falta de resultados hasta la fecha”, señala el pronunciamiento firmado por Emiliano Rolón, quien se compromete a no escatimar esfuerzos en el objetivo de dar con quien haya ordenado la muerte de Pecci.
La familia Pecci Albertini emitió también otro comunicado, en el que lamenta profundamente la denegación al pedido de tomar intervención en la causa del magnicidio de Pecci.
“El capítulo más desgarrador de esta historia es la calidad de excompañero que ostentaba el fiscal Marcelo Pecci, con sus pares de la institución que hoy tienen la responsabilidad de perseguir a quienes lo asesinaron”, expresaron, al tiempo de reclamar las diferencias aplicadas con el caso Lalo Gomes, donde la familia sí tuvo acceso a la carpeta fiscal.
El fiscal general, Emiliano Rolón, explicó que una diferencia principalísima pasa porque, en el caso de la muerte de Eulalio Gomes, un integrante de la familia (el hijo del fallecido) también está imputado, por tanto, le corresponde esta prerrogativa.
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Filtración de Seprelad: gavilla de Abdo chicanea y vuelve a paralizar proceso penal
El abogado Emilio Fúster, defensor de Arnaldo Giuzzio quien está imputado por varios delitos en el caso conocido como filtración de información de Seprelad, volvió a recurrir a chicanas con el objetivo de seguir dilatando para que el presente proceso penal pueda avanzar. Esta vez el citado profesional del derecho presentó una apelación general contra la resolución del tribunal de apelación que confirmó la competencia de la jueza penal de garantía Cynthia Lovera.
Ahora el expediente deberá ser estudiado por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrado por Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gustavo Santander que tendrá que destrabar por segunda vez el presente proceso penal que involucra al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla.
El escrito dilatorio de Fuster menciona que el tribunal de apelación no estudió los argumentos de la recusación contra la jueza Lovera por lo que pide a los ministros de la Corte que analicen y hagan lugar a la apelación y separen del caso a la referida magistrada.
Ahora los ministros Ramírez Candia, Diesel y Santander deberán estudiar el presente caso y resolver si corresponde confirmar la competencia de la jueza Cynthia Lovera.
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Cámara de Apelación
La Cámara de Apelación, integrada por los camaristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gustavo Aguade, confirmó la competencia de la jueza penal de garantías Cynthia Lovera tras estar casi 5 meses trabado el proceso penal que enfrenta el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su gavilla por varios hechos punibles que tienen que ver con el caso conocido como filtración de la Seprelad.
Igualmente el tribunal de alzada otorgó seis meses más de tiempo al Ministerio Público para que pueda culminar la presente investigación contra Marito y su exministros. El 11 de marzo del 2025 la fiscalía deberá presentar su requerimiento conclusivo que puede ser la acusación y el pedido de juicio oral y público o una salida procesal.
Imputados
En el presente caso, están imputados: Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola.
Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Realizaron requisa y traslado de internos del PCC de la penitenciaría de Encarnación
Ayer sábado se realizó una intervención en la penitenciaría de Encarnación, donde lograron requisar celulares, armas de fabricación casera, drogas y bebidas alcohólicas. Tras el operativo, que fue desarrollado por el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, se efectuó el traslado de cuatro internos.
Según el reporte policial, el operativo se hizo a tempranas horas en la Penitenciaría Regional de Encarnación – Centro de Reinserción Social (Cereso)- específicamente en el pabellón A, donde se encuentran miembros del grupo criminal denominado Primer Comando Capital (PCC).
Durante el operativo los intervinientes lograron reunir varias evidencias que pueden ser utilizadas para atentar contra la vida de internos y que son de uso prohibido en el interior del penal. Se procedió a la incautación de armas blancas, aparatos celulares, bebidas de fabricación casera, presunta cocaína, balanza, cuadernos con anotaciones varias, cargadores y supuesta marihuana.
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Así también las autoridades del Ministerio de Justicia ordenaron el traslado de cuatro personas privadas de libertad (PPL) a diferentes penitenciarías del país, una de ellas al pabellón de régimen cerrado especial o de máxima seguridad del penal de Minga Guazú.
Los intervinientes resaltaron que el procedimiento se realizó sin ningún tipo de inconvenientes por funcionarios penitenciarios, personal de prevención y seguridad de la Dirección de Policía de Itapúa, Grupo Especial de Operaciones (GEO), Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas (Lince). Los departamentos de Investigación de Hechos Punibles, de Criminalística y Antinarcóticos con apoyo de personal penitenciario.
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Tío Rico irá a juicio oral y a prisión de máxima seguridad
El acusado Miguel Ángel Insfrán alías Tío Rico enfrentará un juicio oral y público por el delito de tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero. Así lo resolvió la jueza Rosarito Montanía al elevar el proceso a un juicio.
La resolución de la jueza se dio a conocer luego de la audiencia preliminar que se realizó durante varios días. En el presente caso igualmente está procesado y también deberá enfrentar una audiencia preliminar el pastor José Insfrán.
Asimismo la referida magistrada ordenó vía oficio que Tío Rico sea trasladado al penal de máxima seguridad de Minga Guazú. De esta manera, abandona la cárcel militar de Viñas Cué luego de varios años de estar privado de su libertad en dicha sede penitenciaria.
El Ministerio Público acusó a Tío Rico por presuntamente liderar un esquema criminal dedicado a introducir droga a Paraguay y enviarla al exterior. El fiscal Deny Yoon Pak fue quien estuvo al frente de la investigación y solicitó que el proceso se discuta en un juicio oral y público.
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Otros acusados en A Ultranza Py
Las nueve personas que enfrentarán juicio oral por tráfico de drogas y algunas por lavado de dinero son el ex diputado Juan Carlos Ozorio, Conrado Insfrán hermano de Tío Rico, Fernando Sebriano, José Enrique Gamarra, Alexis González Zárate, Reina Mercedes Duarte, Fátima Irene Koube, María Noelia Colmán y Alberto Koube Ayala.
Condena abreviada
Varios de los acusados por la Fiscalía lograron ser beneficiados con procedimiento abreviado y recibieron sus respectivas condenas por lavado de dinero y asociación criminal en calidad de autores. Las penas dictadas contra los citados más arriba van entre dos años y medio y tres años y medio.
Acusación
La Fiscalía cuenta con un arsenal de alrededor de 1.600 documentaciones, una acusación de más de 170 páginas, pericias de equipos informáticos, telefónicos y revenido químico, y unos 90 testigos en el marco de la causa.
Miguel Ángel Insfrán Galeano posee una trayectoria delictiva desde principios del 2000, se habría iniciado en el crimen organizado cometiendo delitos relacionados al robo, desarme de vehículos y reducción. Estas actividades le permitieron establecer contactos con organizaciones criminales radicadas en Bolivia, ya que en esa época este país era un destino habitual para la comercialización de los vehículos robados en Paraguay.
Fue detenido en febrero del 2023 en Río de Janeiro, Brasil, posteriormente fue extraditado a Paraguay en el marco del mayor operativo antidrogas denominado A Ultranza Py, que fue lanzado en febrero de 2022. La investigación previa que desembocó en el operativo se inició a fines de 2019 con una duración de 27 meses y para el éxito de este despliegue participaron el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Policía de la Unión Europea (Europol) y la Dirección Antidrogas de Uruguay (Dgrtid).