El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, manifestó que en el marco del proceso del nuevo modelo de gestión penitenciaria impulsado por el gobierno de Santiago Peña continua en marcha el plan para convertir la cárcel de Tacumbú en un Centro Nacional de Prevenidos. Agregó que este proceso será fundamental para aplicar los programas de reinserción social.

“Toda la parte frontal de la penitenciaría donde antes se tenían las habitaciones vip, los casinos y un galpón grande con un montón de gente acostada en el piso será rencausada. Estamos apuntando que en la cárcel de Tacumbú ya no se tenga mezclado a los reclusos procesados y condenados, solo tendremos a las personas procesadas”, indicó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La intención ya había sido anunciada por Nicora en mayo pasado luego del exitoso operativo militar y policial denominado Veneratio, desarrollado el 18 de diciembre del 2023, que hizo frente a uno de los grupos criminales con mayor influencia en los penales, el clan Rotela.

Sin embargo, el ministro reiteró en la fecha que sigue firme la intención de concretar el ambicioso plan. “De esta forma Tacumbú solamente será para las personas procesadas de alto tránsito que tengan que ir al Poder Judicial para la revisión de sus audiencias, juicios orales, entrevistas con psicólogos, siquiatras. En la etapa del proceso abierto hay mucho más movimiento judicial justamente por las audiencias y las etapas previas a una sentencia”, explicó.

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El secretario de Estado argumentó que de concretarse la iniciativa no solo el Estado paraguayo optimizará recursos humanos y logística, sino que se dará cumplimiento “al gran precepto internacional en clasificar a las personas privadas de libertad en condenadas y procesadas”.

Por otra parte, Nicora sostuvo que el saneamiento que se encuentra impulsando su cartera en las diferentes cárceles del país es el éxito de una gran coordinación de las fuerzas públicas, esto en referencia al inicio del proceso de clasificación de los condenados de acuerdo a sus perfiles.

Ayer martes el Ministerio de Justicia impulsó un operativo de traslado de reos de alta peligrosidad que anteriormente se encontraban alojados en las penitenciarías de Ciudad de Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero hasta el penal de máxima seguridad de Minga Guazú.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que ha iniciado un proceso para separar a las personas privadas de libertad que no cuentan con condena, de aquellos que aún están con procesos abiertos. Esto con el objetivo de que los programas de reinserción sean más efectivos y que el penal de Tacumbú deje de ser una “escuela del delito”.

“Es una deuda histórica que tiene la administración del Ministerio de Justicia con el sistema penitenciario que nos va a permitir tener mayor efectividad a la hora de aplicar estos programas. Ese es el problema que históricamente ha desencadenado otros problemas mayores”, expuso el titular de cartera ante la 650 AM.

Nicora indicó que el impacto social que ha generado que una persona que comete un hecho punible por primera vez e ingresa a un sistema en el que todos los reclusos están integrados, convirtieron a Tacumbú en un lugar donde las personas aprenden a delinquir, lo que origina un agravante al problema social antes que una solución.

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“Cuando hablamos de perfiles de personas que están mezcladas, tanto procesadas como condenadas y de diferentes hechos punibles, estos programas de reinserción no van a ser efectivos como sí lo son cuando ya están orientados a la clasificación y separación de estas personas”, añadió. Asimismo, indicó que este trabajo se viene planificando desde hace meses.

El jefe de cartera manifestó que no ha sido una tarea fácil porque Tacumbú siempre tuvo un hacinamiento importante, contando con unas 4.000 personas privadas de libertad. A partir de Veneratio, el operativo desarrollado en diciembre del 2023, se ha podido reducir considerablemente esta cifra y actualmente el penal alberga a 1.970 reclusos, de los cuales 1.114 están procesados y 856 tienen condena.

“Mirando los planos del centro penitenciario y buscando una reingeniería de lo que es hoy día Tacumbú, logramos consensuar con los arquitectos y con el equipo de obras del Ministerio de Justicia, la posibilidad de que los pabellones que se encuentran en la última parte del centro penitenciario, que son pabellones nuevos y donde antes estaban alojadas organizaciones criminales, puedan ser utilizados exclusivamente por personas con condena”, detalló.

De esta forma, se hizo una división de esa sección de la penitenciaría que cuenta incluso con un nuevo acceso. Por otro lugar, la parte de adelante alberga a los procesados, convirtiéndose en un “Centro Nacional de Prevenidos”, donde ratificó Nicora que únicamente pueden estar personas con procesos abiertos.

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El asesinato de Fernando Báez Sosa llegará a la pantalla chica, pero desde la óptica de los atacantes. Fernando Báez era el hijo de paraguayos inmigrantes, y fue brutalmente atacado por un grupo de rugbistas en enero de 2020 en Villa Gesell, Argentina.

Debido a la brutalidad del caso, que conmocionó no solo a la Argentina, sino también al Paraguay, la Justicia dictó cadena perpetua a cinco de los ocho condenados. Ahora el caso se va a relatar en una serie de televisión, pero desde la óptica de los atacantes, según anunciaron.

Las informaciones que se conocen hasta el momento indican que la serie narraría lo ocurrido aquella fatídica noche, pero desde la perspectiva de varios de los condenados. Su realización estará a cargo de una productora chilena, que ya habría vendido su trabajo a la plataforma de streaming Netflix, la cual estrenaría el documental en marzo del 2025.

Si bien hasta el momento se desconoce con exactitud quiénes serían los cuatro rugbiers que accedieron a realizar el documental, sí se sabe que los más conocidos como Máximo Thomsen, uno de los principales acusados, Matías Benicelli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz, no accedieron a participar de este proyecto.

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Además de los testimonios de los condenados, el audiovisual también expondrá aspectos claves de todo el aspecto judicial que rodeó el proceso legal contra los rugbiers, conociendo así detalles sobre las declaraciones, el juicio y las reacciones en torno al impacto social a nivel nacional e internacional del caso.

Si bien la idea de un documental sobre uno de los ataques en grupo que mayor reacción generó en los últimos tiempos en Argentina y Latinoamérica para muchos resulta interesante, el debate respecto al enfoque y la percepción que el mismo podría dejar no solo a los televidentes, sino a la familia de Fernando se ha reavivado nuevamente.

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Por Karina Ríos (karina.rios@nacionmedia.com)

Hoy se conmemora dos décadas del secuestro de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, hija mayor del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky. Cecilia era una persona alegre y con muchas ganas de vivir, cuya vida fue truncada por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Con solo 31 años, Cecilia fue tomada de rehén por el grupo criminal que tres meses después decidió acabar con su vida. Su familia aún se pregunta por qué la mataron y acompaña en el dolor a cada uno de los secuestrados en Paraguay.

El 21 de setiembre del 2004 Cecilia estaba por llegar a su casa cuando fue interceptada por el EPP, que en medio de disparos y mucha violencia la secuestró. “Hasta ahora nos preguntamos ¿por qué ella? ¿por qué le hicieron esto? ¿por qué le mataron? Son preguntas que nunca van a tener respuesta porque no hay forma de justificar lo que le hicieron”, expresó su hermana, Silvia Cubas, en entrevista con La Nación/Nación media.

Resaltó que recuerda todo como si fuese ayer y que los cuatro meses que Cecilia estuvo secuestrada fueron de esperanza, de que pudiera volver con vida de aquella terrible pesadilla.

“Nadie está preparado para atravesar una situación como la que nos tocó vivir a nosotros y les toca vivir a otras familias acá, en Paraguay, pero llega un momento en el que te das cuenta de que lo que te mantiene en pie durante un secuestro es la esperanza de que tu familiar, en este caso mi hermana, sea liberado y pueda volver sano y salvo”, subrayó Silvia.

La familia Cubas Gusinky quedó destrozada tras la terrible noticia de que su querida hija Cecilia fue hallada muerta en una casa de la ciudad de Ñemby, pero entregarse al dolor no era una opción por lo que se propusieron a buscar justicia. Durante estos 20 años hubo logros importantes, fueron condenadas varias personas, pero aún hay prófugos.

“Cuando esa esperanza se termina, lo único que uno piensa es ¿qué vamos a hacer ahora? En nuestro caso, como familia, decidimos que no íbamos a entregarnos al dolor que nos produjo lo que le hicieron a Ceci. Sobre todo mi mamá, Mirta Gusinky, que dedicó su vida a pelear por una justicia verdadera para mi hermana”, relató.

Silvia profundizó que aprendió a convivir con lo que vivieron como familia, “uno no se olvida, no es que pasa, es una marca, una herida que uno lleva de por vida” y para la que nadie está preparado, “que le pongan precio a la vida de un familiar y que decidan matarlo porque no cumpliste con las expectativas o simplemente porque era el plan que tenían diseñado”, lamentó.

Cecilia Cubas es la primera víctima fatal de secuestro del EPP, su trágico desenlace conmocionó a la sociedad y marcó la historia del país.

“Fue la primera víctima mortal del EPP y es impresionante cómo el país sufrió con lo que le pasó. Creo que, a través de nuestras palabras, es como que toda la gente la pudo conocer y hasta quererle. Entonces, es como que esto fue un golpe realmente para todos los paraguayos, no solo para la familia y los amigos de Cecilia”, indicó Silvia a LN.

Recordó a su hermana mayor como una persona alegre, auténtica, cariñosa, generosa y muy inocente, que nunca veía malicia en las demás personas. Explicó que Cecilia pensaba que todas las personas eran como ella, buenas, jamás hubiera imaginado que unos criminales iban a acabar con su vida.

“Era una luz, brillaba siempre y no necesitaba decir ni hacer nada, transmitía muchísima alegría donde quiera que vaya. Era una persona súper sensible y las situaciones dolorosas le afectaban muchísimo. Era mi hermana mayor, pero a la vez era como la más chica de la casa, siempre la cuidamos y protegimos más, porque no veía malicia en nadie”, afirmó.

Tras el fatal desenlace, el Ministerio Público inició las investigaciones logrando condenar a 11 personas por el secuestro y muerte de Cecilia. Entre ellos Osmar Martínez, Anastasio Mieres Burgos, Francisca Andino, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo, Roberto Otazú, Rosalba Jara Drackeford, Lidia Samudio y Aldo Meza.

“En el caso de Cecilia todos los detenidos ya fueron juzgados y están cumpliendo su pena o siguen siendo juzgados. Podemos decir que la Justicia hizo su parte, pero nos queda mucho por delante y aún quedan muchos prófugos. Nuestra batalla está lejos de terminar, pero claramente tengo que decir que nos gustaría que el EPP desapareciese”, acotó Silvia.

En la familia no pierden la esperanza y creen que hay instituciones que se están formando correctamente y que están trabajando bien. “En algún momento va a dar resultado visible todo el trabajo que se está haciendo. Hay que tener en cuenta también que muchas veces para que se llegue a algo con un grupo como el EPP hay mucho trabajo por detrás y no es un simple golpe de suerte para que sucedan las cosas”, manifestó.

Silvia pidió justicia para las familias de los que están secuestrados, con quienes mantienen un contacto muy estrecho, porque es una situación que no se puede dejar pasar. “No tenemos que olvidar que hay todavía personas desaparecidas, cuyas familias aún siguen esperando noticias de ellos, esto no toca mucho. Tenemos que unirnos para luchar de manera correcta no solo por un futuro, sino por un presente mejor para cada uno de los compatriotas”, apuntó.

Instó a la población a luchar contra este grupo criminal, a no apañar estos crímenes. “Acá la lucha debería ser siempre de los buenos contra los malos. Todo lo que ellos predican de que han luchado por los más necesitados son mentiras, porque han secuestrado y asesinado a miembros de la sociedad paraguaya sin distinción de ningún tipo”, concluyó.

• El cuerpo sin vida de la joven fue hallado 5 meses después, en febrero de 2005, en una fosa cavada en una vivienda ubicada en Ñemby.
• Su familia pagó 300.000 dólares por su liberación, a mediados de noviembre de 2004.
• Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos fueron condenados a 25 años de prisión y 10 años de seguridad por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas; luego de afirmarse que cometieron los delitos de homicidio doloso, privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal.