El pleno de la Cámara de Diputados también otorgó su visto bueno a la propuesta que establece la prorroga por 60 días más de la Comisión Antilavado, encabezada por el senador opositor Dionisio Amarilla. El requerimiento surgió por parte de sus miembros con la finalidad de continuar con las indagaciones.

La votación arrojó como resultado 36 votos a favor, 9 en contra y una abstención. De esta manera la comisión bicameral estará en funcionamiento hasta el próximo 20 de diciembre y luego del receso parlamentario, desde el 2 de marzo, hasta completar el plazo solicitado.

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Días atrás un total de 21 senadores acompañaron la extensión de vigencia, mientras que 18 parlamentarios principalmente de los partidos y movimientos de la oposición se opusieron al requerimiento.

Este último martes, uno de sus integrantes, el senador Gustavo Leite manifestó que el bloque recurrirá al auxilio de la Justicia para intimar a las organizaciones sin fines de lucro (ONG) a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.

Esto teniendo en cuenta que durante las indagaciones la comisión bicameral no solo reveló el festín de las organizaciones no gubernamentales con el dinero público, sino también la financiación de candidaturas a aliados políticos de peso.

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Tras un largo debate, durante la segunda sesión extraordinaria, el plenario de la Cámara de Senadores aprobó la prórroga, por 60 días más, de la Comisión Bicameral de Investigación de Antilavado y delitos conexos. Un total de 21 senadores acompañaron el pedido de resolución presentado por varios legisladores, mientras que 18 parlamentarios se opusieron a la extensión.

Esta comisión que fue constituida en carácter transitorio fue creado con el objetivo de abrir una investigación parlamentaria sobre temas vinculados a corrupción y lavado de dinero; incluyendo a organizaciones de la sociedad civil y sus presuntos vínculos con actores políticos que recibieron eventuales financiamientos para campañas políticas.

Al respecto, senador Dionisio Amarilla, que preside la CBI indicó que desde que se constituyó la comisión el pasado 26 de agosto, ha establecido tres ejes de investigación que ha sido ampliamente desarrollado, que hace referencia al lavado de activos vinculados al financiamiento político a través de organizaciones sin fines de lucro.

Como segundo eje, indicó que se enfocó en el lavado de activos provenientes del tráfico de armas y como tercer punto se indagó sobre el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueamiento que ingresaron al sistema financiero vía bancos y empresas.

Informó que durante este tiempo la CBI ha convocado a autoridades de 8 instituciones públicas, así como a periodistas investigadores, y miembros del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Además de representantes de la sociedad civil, entre otras autoridades de Fundassa y equipo técnico.

“Mi intención, como proyectista y presidente de esta CBI es señalar al pleno que esta comisión está preparada y que ha logrado traer a su seno documentos y elementos de convicción que seguramente derivarán en planteamientos de modificación de marcos regulatorios, de denuncias que tal vez se podrán formular más adelante, si así lo deciden los miembros de la comisión ante los órganos jurisdiccionales. Pero sobre todo estaremos entregando un trabajo que nos permita decir que hemos cumplido con el deber que nos han encomendado”, expresó.

Luego de que el plenario se constituyera en comisión, se abrió un amplio debate, donde se escucharon todas las posturas tanto a favor como en contra de otorgar la prórroga. Pero que finalmente, por mayoría, el pedido quedó aprobado y se le otorga un plazo de 60 días más para llevar adelante sus indagaciones.

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La jueza penal de Garantía, Alicia Pedrozo, concedió el arresto domiciliario a Víctor Pantaleón Valiente, Jonathan Darío Martínez Jara y Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga, imputados por coacción, estafa y asociación criminal por el caso conocido como amaño de partidos de fútbol con el fin de tener ganancias en apuestas deportivas en el marco del Operativo BET. La resolución de la referida magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas llevada a cabo en el tercer piso de la torre norte del Palacio de Justicia.

De acuerdo a las autoridades encargadas de la investigación, el imputado Luis Esteban Cañete Torres, sería líder del grupo, junto a Milciades Senen Cañete Grance y Víctor Pantaleón Valiente Piris, quienes estarían implicados en los sobornos a jugadores para que estos bajen su rendimiento en los partidos y así lograr ganancias a través de apuestas.

También están investigados Dahiana Katherine Recalde Coronel, Yamile Belén Caballero Peralta, Jonatan Darío Martínez Jara y Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga, quienes habrían reclutado a otros jugadores.

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Días atrás, varias comitivas policiales y fiscales llevaron adelante seis allanamientos simultáneos en los departamentos de Central y Guairá, esto en el marco de una investigación realizada por el Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional en torno a hechos de supuesta coacción y otros delitos.

Según manifestaron los intervinientes del operativo BET, se trataría de una red de personas que operaría en el ámbito futbolístico, realizando sobornos a jugadores y dirigentes para que los equipos alteren sus resultados. Este esquema involucraría a varios equipos de fútbol a nivel local y ya habría permeado en diversas divisiones y categorías.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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