El Ministerio Público durante la exposición de los alegatos finales solicitó penas de 2 años y 6 meses, 7 y 12 años de cárcel para varios acusados por el caso conocido como Marihuana Vip. El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el presente caso está integrado por los jueces Dina Marchuk, Gloria Hermosa y Víctor Alfieri.
La fiscalía pidió 12 años de cárcel para los acusados Henry Homzi, Matías Samudio, Matias Paciello, Francisco Gutiérrez, Eugenio Méndez, Gabriel Martin, María Monserrath Barros y Diego Elizeche. Mientras que 7 años de pena privativa de libertad para Nicolás Marecos, Rodrigo Marecos y Arturo Vega Yambay, y 2 años y 6 meses para Moisés Basualdo.
La representante del Ministerio Público sostuvo que se pudo probar la responsabilidad de cada uno de los acusados en el hecho investigado por lo que corresponde la pena solicitada para cada uno de los acusados.
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Antecedentes
Los acusados fueron detenidos en el denominado operativo “Gorila Glue” tras al menos 12 allanamientos encabezados por integrantes de la unidad antidrogas del Ministerio Público y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en varios laboratorios clandestinos donde se producían marihuana de alta calidad, con invernaderos.
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que todos los procesados están investigados por formar parte de una banda dedicada supuestamente al cultivo de marihuana en invernaderos especiales a fin de lograr mejor calidad y cuyo precio en el mercado, inclusive, superaba al de la cocaína.
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Rescatan de una vivienda a un puma de dos meses en Loma Plata, Chaco
El Ministerio Público y la Policía Nacional lograron rescatar a un puma cachorro de dos meses aproximadamente de una vivienda en la ciudad de Loma Plata, departamento de Boquerón. El fiscal interviniente es Andrés Arriola quien va a investigar el presente caso.
Se tuvo conocimiento del hecho debido a que se estaba ofreciendo al animal para canje o venta, por lo que ante la sospecha se decidió realizar la constitución en la casa donde estaba el felino. Se logró rescatar al animal y ya fue trasladado directamente hasta el refugio Urutaú de la referida localidad donde está al cuidado de las personas encargadas del sitio.
Asimismo, el representante del Ministerio Público evalúa convocar a una declaración indagatoria a los dueños de la casa donde estaba el animal para tener mayor información de cómo llegó hasta esa residencia.
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Investigan a policías
El fiscal de delitos ambientales, Andrés Arriola, inició formalmente una investigación por un supuesto caso de caza furtiva de animales silvestres que se habría registrado en la zona de Teniente Irala Fernández, Chaco. Las primeras evidencias recabadas indican que presuntamente agentes de la Policía Nacional tendrían participación en el hecho, dado que incluso se habrían encontrado los animales carneados y colgados en la comisaría de la localidad de Teniente Irala Martínez, departamento de Boquerón.
Arriola dispuso la apertura de la carpeta fiscal, se realizaron las primeras diligencias en este caso e incluso ya se habría identificado a los presuntos autores del ilícito. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) realizó la denuncia ante Fiscalía tras una investigación sobre el hecho de caza furtiva, a partir de imágenes fotográficas y filmaciones a las que accedió. Varias especies endémicas del Chaco y en peligro de extinción se visualizan en las imágenes que fueron presentadas a la Fiscalía.
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El JEM investiga a jueza de Encarnación por mal desempeño en sus funciones
La presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta, solicitó copias completa del expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva” en el que la jueza en lo civil y comercial Nilda Concepción Benítez Caballero fue denunciada por mal desempeño en sus funciones.
Una vez que se remitan las copias del expediente judicial, los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra la magistrada. Los integrantes del JEM son Alicia Pucheta, Orlando Arévalos, Derlis Maidana, Enrique Berni, Manuel Ramírez Candia, Alejandro Aguilera, César Garay y Mario Varela. Los mismos tendrán que estudiar si corresponde enjuiciar a la citada magistrada.
Días atrás el rematador público Raúl Sosa Navarro formuló acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra de Nilda Concepción Benítez Caballero, jueza en lo civil y comercial 4to Turno de la ciudad de Encarnación, Itapúa.
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En la denuncia presentada por Sosa Navarro ante el órgano juzgador de magistrados, refiere que el 18 de julio del presente año, estaba programada la subasta pública ordenada en el expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva que se tramita ante la referida magistrada, pero al revisar el expediente se encontró con una providencia de suspensión de la subasta emitida en respuesta a una solicitud de suspensión presentada por Daniela Tosetto Casaril, sucesora del Sergio Luiz Tosetto, quien había comunicado el fallecimiento del demandado mediante el acta de defunción adjunta.
Asimismo, el escrito de acusación refiere que “la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el Art. 167 del Código de Organización Judicial (C.O.J.), que establece que el peticionante de la suspensión de un remate deberá consignar la suma que el juzgado fije para el reembolso al rematador de los gastos de publicación o transporte de las cosas, más el cincuenta por ciento de la comisión que le correspondería de haberse llevado a cabo la subasta”, señala el documento.
Igualmente dice el escrito que “el accionar de la magistrada generó un perjuicio económico significativo, superando los G. 20 millones debido a los costos asociados con la publicación de edictos realizada en un medio escrito.
“El daño económico ocasionado no solo se limita a los costos directos de publicación, sino que también ha afectado mi reputación profesional y la de mis colegas, creando un entorno de desconfianza e incertidumbre en el ejercicio de nuestra profesión. La falta de consideración por parte de la magistrada y el incumplimiento de los procedimientos legales han puesto en riesgo la credibilidad y el prestigio de nuestro desempeño en el ámbito profesional”, refiere.
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Procurador pide colaboración de la Fiscalía para hechos que involucren el patrimonio estatal
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, se reunió con el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, y abordaron sobre la posibilidad de que ambas instituciones puedan cooperar en casos que se vea afectado el patrimonio del Estado. El procurador resaltó la apertura del fiscal general para trabajar en conjunto.
“Mantuvimos una reunión con el fiscal general y le hemos solicitado una cooperación sobre la cuestión también al Poder Judicial para que la Procuraduría General de la República sea comunicada cuando exista una sanción por un hecho punible en el que se vea perjudicado el patrimonio del Estado”, expresó.
A esto añadió, “de la misma manera, que sea informada cuando exista una salida alternativa al proceso, de modo que el Estado pueda hacer prevalecer, cuidar y exigir el respeto al patrimonio estatal”. González indicó que están confiados en que se pueda llevar adelante un trabajo en conjunto tanto con la Fiscalía General del Estado como con el Poder Judicial.
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El objetivo de esta cooperación es “institucionalizar” estos procesos donde el patrimonio del Estado se puede ver afectado. Por su parte, el fiscal general del Estado mostró apertura a la petición y manifestó que hará lo necesario para ejecutar dicha solicitud.
“El doctor Emiliano Rolón es un docente, jurista, entiende y conoce las reglas y nos comentó que él va a hablarlo al interior de la Fiscalía General del Estado para que pueda hacerse realidad y podamos trabajar en conjunto todas las instituciones”, culminó diciendo González en diálogo con varios medios de prensa.
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Frustran atentado con dron bomba contra cárcel de máxima seguridad en Ecuador
Un atentado con dron bomba contra la cárcel de máxima seguridad del puerto ecuatoriano de Guayaquil, en la que están mafiosos y políticos acusados de corrupción, fue frustrado el jueves sin dejar víctimas, informaron autoridades.
Un “dron de uso agrícola que tenía en su interior una carga explosiva” de 40 libras fue desactivado mediante una explosión controlada, dijo el comandante de la Policía, general Víctor Hugo Zárate, en rueda de prensa conjunta con el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo. “Se trataba de un artefacto explosivo improvisado”, agregó.
El aparato estaba posado sobre el techo rojo del reclusorio y al estallar destruyó parte del mismo, según imágenes aéreas de la AFP. Zárate señaló que antes de la desactivación, los 78 presos fueron trasladados a un sitio seguro de la misma cárcel y que “la situación se encuentra controlada”.
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El denominado Bloque de Seguridad, integrado por la Policía y Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico, informó previamente en un comunicado que impidió un “atentado” que pretendía “inhabilitar” la cárcel conocida como La Roca, con capacidad para un centenar de reclusos y que forma parte de un gran complejo penitenciario de Guayaquil (suroeste).
Allí se encuentran jefes de bandas criminales y políticos acusados de corrupción como el exvicepresidente Jorge Glas, quien fue detenido en abril pasado mediante un asalto de policías a la embajada de México en Quito, donde estaba asilado. El hecho derivó en la ruptura de relaciones entre ambas naciones.
“Tenemos la sospecha de que la intención detrás de este atentado era el provocar el traslado de los ppl’s (personas privadas de la libertad) fuera de La Roca, hacia otros centros penitenciarios”, manifestó a su vez el ministro Loffredo. En setiembre de 2023, la fuerza pública detonó de manera controlada otro dron cargado de explosivos que aterrizó sobre La Roca, sin dejar víctimas.
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Las prisiones de Ecuador, que se transformaron en centros de operaciones del crimen, están bajo control de militares desde enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno ante una arremetida del narco y desplegó a los militares a las calles para neutralizar a una veintena de organizaciones a las que tildó de terroristas y beligerantes.
En esa cárcel también estuvo preso el ecuatoriano Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe del grupo criminal Los Choneros que escapó de la cárcel y continúa sin ser localizado. Macías había amenazado de muerte al candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado por sicarios colombianos en agosto de 2023 cuando salía de un mitin electoral en el norte de Quito.
En 2021 ya se había producido otro ataque con dron dotado de explosivos contra el gran complejo penitenciario de Guayaquil, que ha sido escenario de cruentas masacres por enfrentamientos entre reclusos de bandas narcotraficantes con saldo de más de 460 muertos desde 2021.
Fuente: AFP.