El tribunal de sentencia integrado por Héctor Fabián Escobar, Federico Rojas y Carlos Hermosilla que juzga a Nélida Huespe y Celina Villalba de Lovera, acusadas por lesión de confianza y apropiación en el caso de la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay donde existiría un perjuicio de G. 1.240.971.000 dará a conocer la sentencia de primera instancia.
La audiencia oral prosigue este viernes donde ya los jueces de sentencia van a dar conocer la determinación de primera instancia.
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Durante los alegatos finales el Ministerio Público pidió tres años de cárcel para las dos acusadas en el marco de malversación de fondos. La querella solicitó cuatro años de pena privativa de libertad para Huespe de Peralta y Villalba de Lovera, acusadas por apropiación y lesión de confianza.
Según la acusación del Ministerio Público y la postura de la querella, los hechos atribuidos a las acusadas transcurrieron entre los meses de diciembre del año 2014 y marzo del 2015. Según el relato, las acusadas en carácter de presidente y tesorera de la Asociación, habrían librado cheques contra la cuenta corriente y extracciones de dinero de la caja de ahorro en reiteradas ocasiones hasta el respectivo vaciamiento de las cuentas.
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Senave denuncia por más de G. 1.400 millones a funcionario por lesión de confianza
El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) emitió un comunicado mediante el cual informó que se realizó una denuncia al Ministerio Público ante la detección de desvíos de fondos por parte de un funcionario encargado del Departamento de Recaudaciones, causando un perjuicio millonario a la institución.
“La institución informa sobre la detección de un hecho de lesión de confianza en su Departamento de Recaudaciones, que ha provocado un perjuicio patrimonial, hasta ahora, de la suma de G. 1.408.149.403, desde enero de 2023 a junio de 2024″, expone el comunicado. Esta situación fue detectada por la propia Auditoría Jurídica del Senave.
En conversación con “Cuenta Final”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el presidente de la institución, el ingeniero Pastor Soria, explicó que pudieron detectar el hecho luego del seguimiento realizado a las facturaciones, puesto que se percataron de indicios de que los pagos no estaban ingresando en su totalidad.
“Hubo una empresa que pagó su habilitación de depósito y en el sistema saltaba que no se había abonado, hicimos la consulta y ellos nos dijeron que ya pagaron. Hicimos la verificación y efectivamente pagó y el funcionario estaba haciendo el desvío, además se pegaba el lujo de entregarle la factura”, expuso.
Pese a que el 85 % de las transacciones que realiza la instituciones son a través de bancos y de forma digital, de todas formas, algunos funcionarios se ingenian para cometer ilícitos, mencionó. Soria señaló que esta situación se da en un contexto en que el Senave cuenta con un superávit de más de G. 20.000 millones.
“Hace dos meses que el funcionario fue separado del cargo, hoy tenemos esos datos ya con números reales y por eso denunciamos al Ministerio Público al funcionario. Era importante hacer eso para aclarar a la ciudadanía de la forma que venimos trabajando de tal manera a ir transparentando al máximo la institución y generar confianza en la ciudadanía”, manifestó.
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Fallo del TSJ chavista es inconstitucional, señalan excancilleres de Latinoamérica
Un grupo de excancilleres de Latinoamérica dio a conocer un comunicado hoy lunes sobre la situación en Venezuela con relación a las elecciones del pasado 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria al partido oficialista liderado por Nicolás Maduro.
A través de una declaración conjunta, los excancilleres de la región abogaron por una transición diplomática en el país caribeño y calificaron el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ratificó el triunfo de Maduro como “inconstitucional”.
Entre los doce firmantes de México, Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia, Panamá, Ecuador y Paraguay, hay dos exministros de Relaciones Exteriores de Chile: José Miguel Insulza y Heraldo Muñoz.
En el comunicado sostienen su acuerdo con la misión de la ONU para la determinación de los hechos en Venezuela “en cuanto a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país carece de imparcialidad e independencia, y junto al Consejo Nacional Electoral”.
Por eso hecho -agregan- el pronunciamiento del TSJ que avala los resultados electorales del partido gobernante no tiene validez.
En esa línea, los exdiplomáticos apoyaron “los esfuerzos diplomáticos de facilitación para una transición democrática” y argumentaron que para ello, “el régimen venezolano debe respetar la soberanía popular expresada en las urnas, y publicar las actas de votación”.
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El excanciller de Paraguay Eladio Loizaga expresó a la 1020 AM que un tema que genera preocupación a la comunidad internacional es lo que sucede actualmente en Venezuela, en cuanto a la represión desatada contra la población civil.
Es de recordar que a la fecha, ya ascendió a 27 la cifra muertos por las protestas contra el fraude electoral, lo que genera una inquietud en la región y en otras partes del mundo.
Los delitos de lesa humanidad no prescriben, por lo que “tarde o temprano”, el presidente Maduro tendrá que responder por sus crímenes contra el pueblo venezolano, manifestó el excanciller paraguayo. Agregó que hasta ahora el CNE no ha dado muestras de voluntad de transparentar las actas, “nadie conoce el resultado que constan en las actas”, dijo Loizaga.
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Venezuela: la Corte convalida reelección de Maduro pese a denuncias de fraude
Sin sorpresas, la Corte Suprema de Venezuela convalidó este jueves la reelección del presidente Nicolás Maduro a pesar de las denuncias de fraude de la oposición, que consideró “nula” la decisión de este tribunal cuya independencia cuestiona.
Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “certificar” el resultado de las elecciones del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó vencedor con 52 % de los votos. La oposición asegura haber ganado estos comicios y acusa tanto al TSJ como al CNE de servir al chavismo.
La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral a cargo del caso, Caryslia Rodríguez, leyó la sentencia que “certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031″.
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La magistrada citó un informe técnico que concluyó que “los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación” y “mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización”. El fallo es inapelable.
Liderada por María Corina Machado, la oposición asegura que su candidato Edmundo González Urrutia ganó con 67 % de los votos y publicó en una web copias de las actas que, sostiene, lo prueban. El chavismo ha dicho que el material es “forjado”.
A los pocos minutos del fallo, González Urrutia reaccionó en la red social X: “Nula, la soberanía reside instransferiblemente en el pueblo”, dice una ilustración que muestra un documento judicial, acompañado por la etiqueta “No usurparán la verdad”.
Ya la propia Machado y González Urrutia habían adelantado el miércoles, en una carta avalada por la coalición opositora Plataforma Unitaria, que considerarían “ineficaz y nula” una eventual sentencia que “pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer”.
“Falta de independencia e imparcialidad”
Juristas coinciden en que este procedimiento era improcedente, al sostener que la Corte Suprema asume atribuciones que corresponden al CNE. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen la proclamación de Maduro para lo que sería un tercer mandato.
Una misión independiente de la ONU para evaluar la situación de derechos humanos en Venezuela cuestionó la independencia de las instituciones venezolanas.
La misión alertó sobre “la falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado”, según un mensaje divulgado en X por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Machado agradeció “esta firme e inequívoca posición”. “No existe maniobra que pueda otorgarle un ápice de legitimidad a Nicolás Maduro”, agregó la dirigente. Maduro acusa a González Urrutia y Machado de promover la violencia e incitar un golpe de Estado en su contra, tras las protestas que estallaron al conocerse el resultado con saldo de 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
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El mandatario pidió cárcel para ambos y la fiscalía ya abrió una investigación penal. Maduro cuenta con la “lealtad absoluta” del alto mando de la Fuerza Armada, que ha descartado llamados de la oposición para apoyarlos.
El Parlamento, también controlado por el chavismo, impulsa una serie de leyes que incluye una legislación contra el fascismo -término que el gobernante chavismo suele usar para descalificar a sus adversarios- y una para regular las redes sociales. La plataforma X está bloqueada en Venezuela desde el pasado 8 de agosto. Ya fue votada una ley de fiscalización de oenegés, criticada por activistas de derechos humanos.
Fuente: AFP
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Tribunal ratifica prohibición de salida del país para Giuzzio
El Tribunal de Sentencia decidió ratificar la prohibición de salida del país al exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, luego de que este solicitara un permiso para asistir a un taller especializado en Colombia. La exautoridad se encuentra a puertas de enfrentar un juicio oral y público.
El exsecretario de Estado en el gobierno de Mario Abdo Benítez es investigado por cohecho pasivo agravado debido a supuestos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola. Las audiencias del juicio debían iniciarse el 1 de julio, pero fueron postergadas para octubre.
Giuzzio había solicitado al tribunal, presidido por la jueza Adriana Planas, asistir a un taller en la ciudad de Bogotá. El curso en el cual asistiría el acusado se debía realizar desde el 6 al 9 de agosto y consistía presuntamente en una capacitación especializada.
No obstante, el colegiado judicial argumentó que los documentos arrimados por la defensa no dan una certificación plena acerca del curso al que fue invitado el acusado. Además, remarcaron que para salvaguardar el proceso penal y de cara al juicio oral y público en octubre, se debe rechazar el pedido.
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Causa de Giuzzio
Para las fechas 21, 22 y 23 de octubre está fijado el desarrollo del juicio oral del exsecretario de Estado. Sus presuntos vínculos con el narcotráfico se exponen luego de que se identificara cómo el brasileño Marcus Vinicius Espíndola le prestó a Giuzzio una camioneta para vacacionar.
El detenido en Brasil pretendía fungir como proveedor de insumos tácticos para la Policía Nacional durante la administración de Giuzzio al frente del Ministerio del Interior. Atendiendo estos detalles y las comunicaciones constantes entre Giuzzio y el capo narco, la Fiscalía considera que existe una relación muy cercana entre ambos.
“Teniendo en cuenta todo el material probatorio, es posible afirmar que Arnaldo Giuzzio tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de contratar con el Estado Paraguayo y, en particular, con la cartera que él representaba”, sostiene parte del escrito de acusación contra el exministro.
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