La jueza Cynthia Lovera fijó para los días 13 y 14 de febrero de este año a las 8:30 de la mañana la audiencia preliminar del expresidente de la Ande Carlos Heisele, acusado por lesión de confianza en el caso de la construcción de la Línea 500 Kv. En la citada diligencia judicial se definirá si Heisele se sentará en el banquillo de los acusados como cualquier otro procesado.
Igualmente enfrentarán audiencia preliminar los acusados René Aranda Cáceres y Ángel Javier Galeano Barrientos, quienes también están procesados en el presente caso.
Meses atrás la máxima instancia judicial declaró la caducidad de la acción de inconstitucionalidad que presentó la defensa del extitular de la Ande, quien pretende llegar a la impunidad y no enfrentar un juicio oral y público.
El proceso penal se inició tras varias publicaciones periodísticas que señalaron un sobrecosto millonario en el pago a los propietarios de los terrenos que fueron afectados por la construcción de la línea de 500 kV. Asimismo, de acuerdo a la acusación, se otorgaron indemnizaciones irregulares a 17 propietarios de inmuebles ubicados en la franja de dominio de la línea de 500 kV que une Itaipú con Presidente Hayes.
El fiscal Leonardi Guerrero indicó que la Ande pagó a los 17 dueños de inmuebles montos superiores a lo establecido por el dictamen de la Dirección de Topografía, que fijó el costo estimado de G. 3.000 millones. Se estima que el daño ocasionado se aproxima a los G. 9.451 millones.
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Triple choque en Sanber: juez definirá si ratifica o no la prisión de Sanabria Vierci
A las 07:30 de este miércoles se deberá realizar la audiencia de revisión de medidas cautelares para el empresario Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre, por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque- San Bernardino donde falleció toda una familia.
La diligencia judicial se realizará ante el juez penal de garantía de Caacupé Augusto Acuña, quien tendrá que definir si ratifica la prisión preventiva de Sanabria Vierci en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional o en otro recinto penitenciario. Por su parte, la querella adhesiva pedirá al juzgado penal de garantía que se ratifique la prisión del imputado.
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La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.
En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.
La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.
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Vínculo narco: fijan para el 23 de abril el juicio oral contra Arnaldo Giuzzio
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Adriana Planas, Mathias Garcete y Yolanda Morel, fijó para el 23 de abril el juicio oral y público para el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por recibir favores del supuesto narcotraficante detenido en Brasil Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
Días atrás, el Tribunal de Apelación rechazó la recusación presentada por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra los integrantes del Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, Matías Garcete y Adriana Planás.
La chicana fue promovida en su momento por el abogado Emilio Fúster, el pasado 14 de marzo. El exfuncionario de confianza del gobierno de Mario Abdo Benítez está acusado por cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien se encuentra detenido en Brasil.
El Ministerio Público había solicitado al tribunal de sentencia que sea incluido como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado, asociados con Marcus Vinicius Espíndola y que se había fugado de un operativo en Hernandarias, en 2022.
Antecedentes
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes argumentan que el también exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
El Ministerio Público construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que Giuzzio usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
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Fiscalía se ratifica en acusación para que “lavadores” de Pavão afronten juicio oral
Arrancó este miércoles la audiencia preliminar para los acusados por el operativo Pavo Real I que desbarató un esquema de lavado de dinero del narcotraficante, Jarvis Chimenes Pavão, preso en una cárcel de máxima seguridad en Brasil. La diligencia judicial se realiza ante el juez Osmar Legal quien tendrá que definir si eleva a juicio oral y público de los 24 acusados. En la audiencia, el Ministerio Público se ratificó en su acusación para que los presuntos lavadores de Jarvis puedan afrontar el juicio oral y público.
La audiencia prosigue el próximo martes 25 de marzo con la presentación de los incidentes de parte de la defensa de los acusados.
La fiscalía en su momento pidió el comiso de más de 100 inmuebles, entre los cuales figuran dos hoteles en Pedro Juan Caballero, por aproximadamente USD 150 millones y USD 2 millones, respectivamente, depositados en las cuentas de los acusados Angela Kunrad y el abogado Alfredo Duarte.
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Están acusados en el presente caso: Adrián Rolando Brizuela Olmedo, Daniel Montenegro Menesez, Gabriela Esther González Jacquet, Carlos Andres Oleñik Memmel, Pedro Pablo Seall Melgarejo, Lilia Haydee Ayala De Silva, y Jorge Fernando Mora Galeano.
La lista de acusados sigue con: Renan Gilberto Mora Benítez, Ronaldo Adalberto Serrati Duarte, Evaldo Andrade Dos Santos, Víctor Hugo Paniagua Fretes Filho, Gustavo Aníbal Medina Carneiro, María Cristina González Ibarra, y Nancy Del Carmen Alfonso Prieto.
Asimismo los acusados, Raquel Amaro Fernández, Marcos Raúl Aveiro Mendoza, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorena Arce Cáceres, Alberto Manuel Barboza Beraud, Ricardo Sanabria Ferreira, Olga Elena Reichardt De Souza, Alexandre Reichardt De Souza, Amilcar Battaglín De Souza y Rosely Messias Da Silva Pavao.
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Metrobús: pericia de la Fiscalía concluye que no hubo daño patrimonial
Se realizó la audiencia preliminar del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, acusado por el delito de lesión de confianza por el caso conocido como Metrobús. La diligencia judicial se desarrolló ante el juez Humberto Otazú.
El abogado Ricardo Preda, representante legal del extitular del MOPC, fue claro en puntualizar las irregularidades y los vicios que tiene la acusación del Ministerio Público por lo que se debe hacer lugar al sobreseimiento definitivo de Jiménez Gaona.
Preda indicó que “la propia pericia de la Fiscalía concluyó que no existe perjuicio patrimonial en el caso investigado, un argumento clave que debilita la acusación presentada”. Sostuvo que “el informe técnico fue presentado después de que la acusación fuera formalizada, lo que ha levantado serias dudas sobre la transparencia y solidez del proceso judicial”, señalo el citado profesional. Añadió que “la acusación del Ministerio Público, tiene muchos vicios y eso hace que caiga en contradicciones”.
Del mismo modo, el abogado citó las falencias de la investigación mencionando que “no existe precisión y detalle en la descripción de los hechos punibles, así como se usó un tipo penal derogado, lo que genera nulidad procesal del presente caso”. También agrego que “la investigación fue deficiente, sin pruebas concluyentes que justifiquen la acusación”.
Otro punto importante que describió el abogado fue que se ha “violado el derecho a la defensa, ya que los acusados fueron indagados por hechos distintos a los expuestos en la acusación fiscal, por lo que se debe hacer lugar a la nulidad de la acusación y por ende el sobreseimiento definitivo”. Del mismo modo, se dejó constancia la ausencia de perjuicio patrimonial real, ya que los pagos fueron aprobados por fiscalización y el BID.
Otro punto importante que mencionó el citado profesional fue que “la obra se ejecutó y se pagó en un 18,5 % y lógicamente en este estado no podría cumplir con todas las expectativas “sociales” depositadas en el proyecto; la misma quedó inconclusa no por una inviabilidad técnica, sino por una decisión política de la siguiente administración, que igualmente fue la que tomó la decisión de demolerlas parcialmente”.
Preda concluyo que “En agosto de 2018, al fenecer el mandato, la administración de Ramón Jiménez Gaona entregó un avance de obra del 18,5 %, como se afirmó, así como pólizas de seguro y contratos vigentes. La siguiente administración dispuso la suspensión de las obras, la intervención del proyecto. Luego de meses de trabajo, en junio de 2019 la intervención recomendó la continuación del proyecto; pero en febrero de 2020 la administración decidió la cancelación del proyecto” refirió el defensor del exministro del MOPC.
La audiencia preliminar prosigue este jueves y ya el juez Humberto Otazú tendrá que resolver si corresponde hacer lugar a los incidentes planteados por la defensa de Jiménez Gaona y ordenar el sobreseimiento definitivo o enviar a juicio oral. También en el presente caso está acusada la exviceministra de Administración y Finanzas, Marta Benítez.
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