Las fiscales Nathalia Silva y Claudia Aguilera durante la exposición de los alegatos finales solicitaron 8 años de cárcel para el exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, acusado por enriquecimiento ilícito. Asimismo, se pidió por 10 años la inhabilitación de ejercer cargo público.
Mientras que el Ministerio Público pidió 5 años de cárcel para María Selva Morínigo, acusada por lavado de dinero. Igualmente se solicitó el comiso especial de los bienes de la pareja Díaz Verón - Morínigo. El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar al exfiscal general del Estado está integrado por los jueces Víctor Alfieri, Alba González y Darío Báez.
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El Ministerio Público sostiene que se pudo probar la responsabilidad de los dos acusados en los hechos punibles investigados por lo que corresponde la pena justa solicitada. El presente caso está llegando a su etapa final luego de 5 meses de juicio oral y público.
Los antecedentes revelan que los fiscales Osmar Legal y Natalia Silva, el 13 de agosto de 2019, acusaron a Javier Diaz Verón y a María Selva Morínigo. La acusación sostiene que el extitular del Ministerio Público y su esposa no pudieron justificar la suma de G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos de los años 2008 y 2017. A esto se suma, según los fiscales, que se intentó ocultar los bienes a través de su esposa.
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Frustran atentado con dron bomba contra cárcel de máxima seguridad en Ecuador
Un atentado con dron bomba contra la cárcel de máxima seguridad del puerto ecuatoriano de Guayaquil, en la que están mafiosos y políticos acusados de corrupción, fue frustrado el jueves sin dejar víctimas, informaron autoridades.
Un “dron de uso agrícola que tenía en su interior una carga explosiva” de 40 libras fue desactivado mediante una explosión controlada, dijo el comandante de la Policía, general Víctor Hugo Zárate, en rueda de prensa conjunta con el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo. “Se trataba de un artefacto explosivo improvisado”, agregó.
El aparato estaba posado sobre el techo rojo del reclusorio y al estallar destruyó parte del mismo, según imágenes aéreas de la AFP. Zárate señaló que antes de la desactivación, los 78 presos fueron trasladados a un sitio seguro de la misma cárcel y que “la situación se encuentra controlada”.
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El denominado Bloque de Seguridad, integrado por la Policía y Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico, informó previamente en un comunicado que impidió un “atentado” que pretendía “inhabilitar” la cárcel conocida como La Roca, con capacidad para un centenar de reclusos y que forma parte de un gran complejo penitenciario de Guayaquil (suroeste).
Allí se encuentran jefes de bandas criminales y políticos acusados de corrupción como el exvicepresidente Jorge Glas, quien fue detenido en abril pasado mediante un asalto de policías a la embajada de México en Quito, donde estaba asilado. El hecho derivó en la ruptura de relaciones entre ambas naciones.
“Tenemos la sospecha de que la intención detrás de este atentado era el provocar el traslado de los ppl’s (personas privadas de la libertad) fuera de La Roca, hacia otros centros penitenciarios”, manifestó a su vez el ministro Loffredo. En setiembre de 2023, la fuerza pública detonó de manera controlada otro dron cargado de explosivos que aterrizó sobre La Roca, sin dejar víctimas.
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Las prisiones de Ecuador, que se transformaron en centros de operaciones del crimen, están bajo control de militares desde enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno ante una arremetida del narco y desplegó a los militares a las calles para neutralizar a una veintena de organizaciones a las que tildó de terroristas y beligerantes.
En esa cárcel también estuvo preso el ecuatoriano Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe del grupo criminal Los Choneros que escapó de la cárcel y continúa sin ser localizado. Macías había amenazado de muerte al candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado por sicarios colombianos en agosto de 2023 cuando salía de un mitin electoral en el norte de Quito.
En 2021 ya se había producido otro ataque con dron dotado de explosivos contra el gran complejo penitenciario de Guayaquil, que ha sido escenario de cruentas masacres por enfrentamientos entre reclusos de bandas narcotraficantes con saldo de más de 460 muertos desde 2021.
Fuente: AFP.
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Diputadas plantean castigar el criadazgo con penas de hasta 8 años de cárcel
Las diputadas Dalia Estigarribia y Johanna Ortega presentaron el proyecto de ley que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo. En la propuesta legislativa se establecen penas de hasta ocho años de cárcel para las personas que incurren en la esclavitud infantil.
El documento tendrá entrada oficial a la Cámara Baja el próximo miércoles. “En Paraguay, en muchas ocasiones, se normaliza la situación de criadazgo, pensando que se está haciendo algo benéfico para con los niños; entregando a niños y adolescentes de familias vulnerables a otras con más caudal económico, donde en muchas oportunidades ocurren maltratos y abusos”, sostuvo Estigarribia, quien encabeza la Comisión de Niñez y Adolescencia de Diputados.
Asimismo, la legisladora dijo en una conferencia de prensa: “Sabemos que son en esos hogares donde ocurren los mayores maltratos físicos, psicológicos y sexuales. Le estamos causando un daño moral a esos niños y niñas desde el momento en que se los sacan del seno familiar es incalculable”.
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Ortega, quien preside el Frente Parlamentario por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, expresó que “esta es una práctica que se sigue dando en nuestro país y con este proyecto nos comprometemos a erradicarla. Es una explotación que lamentablemente afecta a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables sobre todo en zonas rurales y empobrecidas en nuestro país. Este proyecto de ley no solo define el criadazgo, sino que busca prohibir estas prácticas”.
Una vez que se concrete su ingreso, el documento deberá ser girado a las comisiones asesoras para sus respectivos dictámenes y posterior tratamiento en plenaria. La propuesta también plantea la creación de un “Programa Nacional del Niño, Niña y Adolescente”, el cual pretende establecer mecanismos de atención temprana en instituciones educativas y otros centros de concurrencia de niños y adolescentes.
Dicho programa estaría a cargo del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Los últimos registros que datan del año 2013 reportan que alrededor de 45.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de criadazgo en el Paraguay.
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“Esto es un refrito para tapar todas las fechorías del gobierno de Abdo”, según Barrios
El senador colorado Antonio Barrios sostuvo que es “un refrito” tratando de tapar las barbaridades que cometió el gobierno anterior, con el expresidente Mario Abdo Benítez, en connivencia con muchos actores, incluso actores diplomáticos. El parlamentario brindó estas declaraciones respecto a la ratificación del gobierno de Estados Unidos con la sanción a la empresa paraguaya Tabacalera del Este (Tabesa).
En comunicación con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970/Nación Media, señaló que estos mismos actores que están detrás de estas sanciones, son los que buscaron echar al Partido Colorado del Gobierno, pensando que la alternancia era la gran alternativa; y que el Partido Colorado, así como el pueblo paraguayo dio una fuerte respuesta con la victoria más grande de las últimas elecciones en el Paraguay.
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“Con Santiago Peña, presidente; Pedro Alliana vicepresidente; Horacio Cartes en la Junta de Gobierno; y el Partido Colorado con mayoría propia en ambas cámaras del Congreso Nacional. Esa es la respuesta política. Ellos siguen insistiendo; yo creo que acá hay un sesgo y un resto de pichadura muy grande. Además de tratar de cubrir a su gran cómplice Mario Abdo Benítez, de todas las fechorías que hoy está a disposición de la Justicia y la Fiscalía que esperan sean tenidas en cuenta e inicie la investigación”, comentó.
El legislador se refirió al informe de la Contraloría General de la República respecto al llamativo enriquecimiento de las empresas de Mario Abdo durante el periodo de la pandemia, que fue una época muy crítica para el Paraguay y para todo el mundo, ya que su empresa fue la única que ganó dinero, mientras que más de 900 mil empresas han cerrado en época de pandemia.
“Esto es un refrito más, para tapar todas las fechorías del gobierno anterior; o ya se olvidaron que en el gobierno anterior se iba la cocaína que salía de Paraguay a Europa, y probablemente parte de la cocaína que entraba a los Estados Unidos; pero con toda la libertad, porque no había ningún tipo de control. Se levantaron todos los controles, durante el narco gobierno de Mario Abdo Benítez. Esta sigue siendo una persecución política contra el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes”, enfatizó.
Llamativo momento del anuncio
El parlamentario coincidió igualmente respecto al momento y las circunstancias actuales en que se da este nuevo anuncio por parte de la embajada norteamericana. Esto teniendo en cuenta que en los últimos días todos los medios locales se hicieron eco del informe de la Contraloría General, que confirma que el expresidente Abdo Benítez tenía empresas de asfalto que venía bajo presión de Obras Públicas a las empresas constructoras y que fue confirmado por empresarios del sector.
Cabe resaltar que actualmente existe una investigación en curso, ya que han saltado cuestiones graves, como por ejemplo los USD 45 millones de utilidades no declaradas en la declaración jurada de bienes del expresidente Abdo. Sumado al aspecto de la competencia comercial por parte de Tabesa y la empresa tabacalera multinacional Phillip Morris, que estuvo instalando mentiras contra la empresa paraguaya.
“Esta guerra de Tabesa con la Phillip Morris data de varias décadas y siempre han estado en ese conflicto. Pero hay que entender que la industria tabacalera en los Estados Unidos también es una industria muy importante. Una industria que financia campañas políticas, que tiene sus propios parlamentarios y que varios de esos parlamentarios formaban o forman parte del Departamento de Estado. Hay intereses creados en todos lados para tratar de destruir a una empresa paraguaya que siempre trabajó y trabajó en la legalidad”, enfatizó.
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DNIT explicó su rol investigativo en el caso de enriquecimiento de Abdo Benítez
El gerente general de impuestos internos de la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT), Ever Otazú, explicó el rol de la institución en torno al caso que envuelve al expresidente Mario Abdo Benítez por presunto crecimiento exponencial de su patrimonio.
“Tuvimos una participación conforme a lo que nos permiten y obligan las leyes de transparencia. Nos solicitan los informes la Contraloría, damos esto como insumo y la Contraloría consideró que había elementos para presentar el caso a la Fiscalía”, indicó en “Fuego Cruzado” por GEN/Nación Media.
Abdo Benítez había monopolizado las licitaciones de compra de asfalto en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de sus empresas Aldia S. A. y Createc S. A., en donde es el accionista mayoritario. Así, presentó un crecimiento nunca antes obtenido previo a su presidencia.
En cuanto a la DNIT, como su interés se centra únicamente en la contingencia tributaria, para lo cual si se llega a considerar que existe algo a ser analizado, se concluye a la realización de algún control interno, fiscalización o acciones similares.
Enfoque de la institución
Otazú remarcó que, atendiendo las diferentes áreas de atención de la DNIT y los impuestos existentes, el crecimiento patrimonial de Abdo Benítez podría llegar a tomarse como algo normal, dentro del impuesto a las ganancias de capital. Sin embargo, todo dependerá de análisis exhaustivos.
“Lo que podríamos ver, en un tiempo no inmediato, es cuáles son los tipos de obligaciones que podrían haberse disparado”, mencionó, pero si el crecimiento se da en meses alternados, por ejemplo, constituye algo que se debe estudiar para posteriormente realizar algún tipo de requerimiento.
Otazú remarcó que el estadio de las funciones actuales es que, conforme a los procedimientos, se comunique a la Fiscalía y esta volver a realizar una comunicación a la DNIT, luego de considerar algún tipo de contingencia. Allí, de manera formal, la institución contará con un insumo para analizar el caso.
“Si creemos que hay alguna contingencia tributaria a ser analizada, veremos si amerita algún tipo de control que sería interno o una fiscalización. Este sería el camino y el proceso, hablando en generalidades”, indicó el representante de la DNIT.
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