El tribunal de sentencia presidido por la jueza Lourdes Garcete ratificó la prisión preventiva del cantante Pablo Benegas, acusado por abusar sexualmente de dos menores de 11 y 16 años. La resolución del tribunal se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo en Palacio de Justicia. De esta manera Benegas seguirá privado de libertad.

El músico de 38 años enfrenta acusaciones por abuso sexual en niños, coacción sexual, violación, proxenetismo y pornografía infantil, y se tiene una expectativa muy alta, de acuerdo a las normas legales.

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La acusación fiscal revela que el 9 de noviembre de 2023 Benegas desde su casa solicitó el servicio de transporte de plataformas para trasladar a dos hermanas de 11 y 16 años desde la zona conocida como Pelopincho, cercana al barrio Chacarita, hasta su domicilio particular. El escrito menciona que el acusado les hizo consumir droga sin que ambas víctimas se dieran cuenta, esto con el objetivo de hacerlas dormir y luego comenzar a desvestirlas, para luego filmarlas desnudas.

El escrito del Ministerio Público señala que se produjeron los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. También se registró el tipo penal de pornografía relativa a niños y adolescentes y proxenetismo, ya que supuestamente entregó G. 500.000 a la niña.

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El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, especializado en Delitos Económicos, no hizo lugar a la recusación planteada contra la jueza Lici Sánchez en la causa del operativo Dakovo. Ahora la magistrada podrá fijar fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si varios acusados enfrentarán juicio oral y público, así como lo solicitó el Ministerio Público en su acusación. En el presente caso está acusado Paulo César Fines. Otro de los procesados es el general Arturo Javier González, excomandante de la Fuerza Aérea.

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Las informaciones respecto a este caso menciona que se iniciaron las pesquisas debido a sospechas de que la empresa paraguaya llamada International Auto Supply S.A., supuestamente estaría vinculada a la importación de una importante cantidad de armas de fuego y componentes de la empresa HS Produkt, de la República de Croacia, armas de fuego que luego fueron incautadas en distintos operativos realizados en Brasil y que estarían siendo destinadas al comercio ilegal.

Por su parte, Fines Ventura es miembro de la asociación criminal liderada por Dirisio, e intervino en nuestro país en tareas tendientes a concretar el tráfico de armas de fuego con destino a Brasil, entre los años 2019 y 2021. El mismo intervino en varias ocasiones para concretar ventas a personas afincadas en Brasil y Paraguay, gestionando para el efecto supuestas ventas de armas a paraguayos, que no eran los compradores reales.

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• Ciudad del Este. Agencia Regional.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, anunció este jueves que los militares que custodiaban el Centro Penitenciario de Minga Guazú serán sometidos a la prueba del polígrafo, como una de las medidas que están siendo implementadas debido a la fuga de ocho personas privadas de libertad, que se registró anoche en el citado recinto.

Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, a las 6:30, el titular del Ministerio de Justicia indicó que estuvo en comunicación con el general Pedro Martínez de las Fuerzas Militares y “se dispuso el uso del polígrafo para los militares encargados de la custodia perimetral del Centro Penitenciario”. Nicora llegó cerca de las 2:00 de este jueves el recinto penal, donde ya lo aguardaba el coronel Rubén Pela, director de Institutos Penales.

Igualmente, confirmó la existencia de elementos relevantes que comprometen a los agentes penitenciarios ya detenidos como consecuencia de la fuga. “Se pudo determinar que se cuenta con indicios importantes de la complicidad de agentes penitenciarios que facilitaron o son responsables en gran medida de la fuga de las ocho personas privadas de libertad (PPL)”, expresó el ministro de Justicia.

Aclaró que la detención ordenada por el Ministerio Público es de cuatro agentes penitenciarios y de un personal encargado del monitoreo del centro de video-vigilancia del sitio. Otro indicio expuesto por Nicora es el horario de recreo de las personas privadas de libertad.

“El horario en que estas PPL se encontraban en los lugares de soleo, en el momento de la fuga, es irregular; son cubículos individuales donde salen dos horas al día a recrearse y hacer un poco de ejercicio y la hora en que estaban, no está contemplado en el protocolo diario del sistema de seguridad”, explicó el ministro.

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Aclaró que el horario establecido es hasta las 17:00 como máximo y las PPL estaban a las 19:00 en el sitio. La fuga se produjo a las 19:18, según confirmó, al igual que la entrega de la llave por parte de uno de los agentes.

“Se pudo constatar que, uno de los agentes penitenciarios, en el momento de abandonar el lugar que tenía que estar custodiando, junto a los otros agentes penitenciarios, hoy detenidos, entregó algún elemento para que estas personas puedan abrir las rejas”, manifestó, aclarando que pudo ser la llave. Informó que se está analizando los materiales audiovisuales “para para ver quién entregó la llave, hay un trabajo de inteligencia al respecto”.

El ministro Rodrigo Nicora detalló sobre los pasos realizados por las PPL para fugarse. “A la zona de soleo fueron ingresando los ocho internos, uno de los agentes entrega lo que sería una llave a uno de ellos, posteriormente los agentes, abandonan el lugar, dejan sin custodia. A partir de allí, el primer interno que tiene la llave proceder a abrir estas rejas y permite la salida de las demás PPL”, explicó.

“Luego toman el techo, pasan al primer muro perimetral interno del módulo de régimen cerrado especial (Pabellón de máxima seguridad), después vulneran un cerco de reja perimetral, luego ya suben por la escalera de la garita de control para ganar el muro principal que da a la calle”, concluyó el titular del Ministerio de Justicia.

Rodrigo Nicora mencionó también que el director del Centro Penitenciario, César Careaga, hoy apartado del cargo, argumentó la falta de personal suficiente como la causa por la cual la garita por donde se fugaron las PPL, estaba sin custodia. Sin embargo, el secretario de Estado rechazó lo expuesto por el director ya apartado, señalando que no es ninguna justificación aceptada.

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• Intervención del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.
• Separación del cargo del director y agentes penitenciarios.
• Prueba del polígrafo a militares que realizaban custodia.
• Auditoria y peritaje del sistema de seguridad del centro penitenciario.
• Remisión de antecedentes al Ministerio Público sobre los funcionarios responsables de la vigilancia.
• Refuerzo, custodia y rastrillaje en la zona del centro penitenciario.
• Coordinación con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad de todos los centros penitenciarios.
• Detención de cuatro guardias y un personal del centro de monitoreo.

Disidentes de las FARC retuvieron a 29 policías y militares en un enclave guerrillero del suroeste de Colombia, donde el gobierno lanzó una ofensiva para detener la violencia del narcotráfico, informaron el viernes las autoridades.

El ministerio de Defensa indicó que “la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública” tuvo lugar en las montañas del departamento del Cauca bajo el control de rebeldes del Estado Mayor Central (EMC), que nunca aceptaron el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de la guerrilla marxista.

Según la cartera, “pobladores instrumentalizados” por los guerrilleros participaron en la retención de los uniformados, una represalia contra el gobierno que presiona al EMC tras los frustrados intentos de negociaciones para alcanzar su posible desarme.

Videos publicados por las autoridades muestran una tanqueta que huye en llamas mientras un grupo de personas le tira piedras. En otros, se observa a policías antidisturbios lanzar granadas de humo y avanzar por una calle en medio de disparos.

Los hechos se registraron en los municipios de Argelia y El Tambo, zona donde hay una de las mayores concentraciones de cultivos de coca, según la ONU. Allí el ejército lanzó en octubre de 2024 la incursión militar “Perseo” para retomar el control de la región.

El gobierno asegura que el EMC es responsable de las acciones “ejecutadas con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad” de los uniformados.

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Imágenes difundidas en medios locales la tarde del viernes muestran a los uniformados retenidos en un centro comunitario para reuniones, rodeados de pobladores y en aparente buen estado de salud, sentados en sillas plásticas y recibiendo cada uno un plato de comida.

En un comunicado, pobladores del Cañón del Micay rechazaron lo que denuncian como una campaña de “erradicación forzada” de cultivos de coca y una intención del estado de “militarizar el territorio”. Exigen al gobierno del izquierdista Gustavo Petro “entablar el diálogo y la concertación directa con las comunidades”.

En un mensaje en la red social X, Petro sostuvo que el EMC actúa con “desespero y por eso utiliza la población civil”. “La manera como el frente (Carlos Patiño) logra movilizar campesinos contra la fuerza pública es mediante el engaño. Les dice que habrá erradicación forzosa de cultivos cuando nosotros hemos planteado el pago por erradicación voluntaria”, agregó Petro más tarde en otra publicación.

El Frente Carlos Patiño, que opera en esta conflictiva zona, es una de las principales estructuras armadas adscritas al EMC y mantiene una fuerte presencia en el Cañón del Micay.

El Ministerio de Defensa aseguró que desde el ingreso de la fuerza pública a la región enfrentan “constantes amenazas” de esta disidencia de las FARC “que busca sembrar miedo, zozobra y frenar la llegada de proyectos sociales”.

“¡Exigimos su inmediata liberación! Rechazamos categóricamente el secuestro de nuestros policías en El Plateado (Cauca), a manos de la organización criminal Carlos Patiño, a la cual hacemos responsable de su integridad”, escribió el viernes también en X el general Carlos Fernando Triana, director de la policía colombiana.

El EMC llevaba a cabo negociaciones de paz con el gobierno de Petro, pero se dividió en 2024 en dos facciones. En esta zona opera la escisión bajo el mando de alias Iván Mordisco, que se apartó de los diálogos y aumentó su presión violenta contra las fuerzas estatales. La otra facción, dirigida por alias Calarcá, mantiene las conversaciones.

“Estos actos constituyen crímenes de guerra que violan el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, al desplazar, confinar, aislar y atemorizar a la población civil”, denunció el ministerio.

La Fiscalía investiga lo ocurrido y “avanza en la identificación” de los responsables de varios “delitos graves, con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión”, según el boletín.

El sábado se realizará una reunión en Popayán, capital del Cauca, con miembros del gobierno y la comunidad para evaluar la situación. Los disidentes “no solo reclutan de manera forzada a menores de edad, sino que instrumentalizan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a salud, educación, trabajo y oportunidades para la transformación del territorio”, añadió el ministerio.

Colombia atraviesa su más grave ola de violencia en la última década, con distintos focos en el noreste y suroeste del país. La escalada pone en jaque la apuesta del gobierno de lograr el desarme de todos los grupos armados para desactivar un conflicto interno de seis décadas.

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