El tribunal de sentencia, conformado por los jueces Elsa García, Juan Pablo Mendoza y Yolanda Morel, deberán dictar sentencia de primera instancia en el juicio oral y público que enfrentan Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira accionista y directora de la firma Imedic S.A acusados por contrabando, producción de documentos no auténticos, uso de documentos adulterados y asociación criminal en calidad de coautores en el marco de la investigación por la compra fallida de insumos médicos durante la pandemia del covid-19.
Este martes prosigue la audiencia oral con la réplica de los últimos acusados y luego de esta etapa los jueces ingresarán a deliberar para dictar la sentencia de primera instancia.
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En sus alegatos finales, la Fiscalía había solicitado la pena de 6 años de cárcel para Justo Ferreira así como para su hija Patricia Ferreira. Asimismo se pidió 4 años de pena privativa de libertad para el despachante de aduanas Carlos Gamarra por los delitos de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, mientras que para los funcionarios aduaneros Guillermo Molinas y Gustavo Acosta se pidió la pena de 5 años de pena privativa de libertad.
El Ministerio Público sostuvo que se probó en juicio que Justo Ferreira, así como su hija y el despachante de Aduanas no declararon en tiempo las camas hospitalarias de alto valor y al no ser las camas solicitadas en el pliego, iban a ser comercializadas en el mercado. Agregó que los funcionarios de Aduanas Molinas y Acosta participaron igualmente en los hechos, según la acusación.
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Itapúa: jueza decidirá si varios acusados enfrentarán juicio oral por invasión de inmueble
Este jueves a las 09:30 se debe realizar la audiencia preliminar para varios acusados por invasión de inmueble y otros delitos donde la víctima es Luc María Vanryckeghem quien es dueño de 17 inmuebles ubicados en la zona del distrito de Edelira, concretamente en la localidad de Pirapey, departamento de Itapúa, que totalizan una superficie de 348 hectáreas.
La diligencia judicial se desarrollará ante la jueza penal de Garantía de María Auxiliadora, Itapúa, Carina Ruiz Díaz, quien deberá resolver una vez terminada la audiencia si los acusados estarán sentados en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía durante la etapa investigativa recolectó suficientes elementos de prueba contra cada acusado por lo que se ratificará en que el caso se eleve a un juicio oral. Están acusados Alcides Aquino López, Alicia Aquino López, Aurelio Aquino Cena, Pedro Chilavert y Rosalina López.
Otro caso y preliminar
Para el 12 de septiembre se tendrá que realizar la audiencia preliminar de otro proceso penal que se sigue contra 24 personas acusadas por invasión de inmueble, coacción grave y resistencia donde la víctima es Luc María Vanryckeghem, propietario de casi 400 hectáreas ubicadas en el departamento de Itapúa.
El Ministerio Público acusó y solicitó que el proceso penal se discuta en un juicio oral y público. La acusación fiscal señala que “los acusados junto con su familia ingresaron en los citados inmuebles y se instalaron en diversos sectores de las fincas donde procedieron a construir sus viviendas, plantar en las fincas e incluso procedieron a arrendar; conformaron comisiones vecinales, donde obtuvieron aportes del Municipio local”.
Asimismo menciona el escrito de la Fiscalía que “los acusados ingresaron en los inmuebles valiéndose de la clandestinidad y la violencia, en razón de que la dueña vive en un lugar alejado del lote invadido, pues los lotes se encuentran en Pirapey y su propietaria en Triunfo Km 80; en tanto que las violencias fueron utilizadas para mantenerse en los inmuebles valiéndose de la cantidad personas, el uso de niños y la portación de garrotes y otros elementos”, refiere la acusación fiscal.
Están acusados y con pedido de juicio oral y público, Adolfo Quiroz, Apolinar Ybarra Vázquez, Calixta Correa de Benítez, César Elizardo Rivas González, Claudia Elena González Vera, Cristhian Gustavo Martínez Henrriz, Elvio Milciades Cohene, Gilberto David Martínez Agüero.
La lista de acusados sigue con Gustavo Francisco Cáceres Arzamendia, Ismael Martínez Agüero, Josefina Centeno, Julián Pereira Chávez, Liliana Sánchez Romero, Luis Ignacio Ayala López, Marcelino Cardozo Quiroz, Margarita González Riveros, María Concepción Rivero Algarín, Reinaldo Garcete Fleitas, Richar Antonio Ortigoza González, Sergio Medina Cabrera, Silverio Benítez Delvalle y Silvio Arce Chilavert, Liliana Sánchez Romero.
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Se inició otro juicio oral para líder del clan Rotela, acusado por narcotráfico
Comenzó el juicio oral y público para Armando Javier Rotela, líder del clan Rotela, y varios acusados por integrar una estructura para el tráfico de drogas en Asunción y Central. El tribunal de sentencia que juzga a los acusados está integrado por Inés Galarza, Pablino Barreto y Juan Dávalos. El juicio se desarrolla vía telemática es decir, los acusados desde su lugar de reclusión en el caso de Rotela desde la cárcel de Emboscada.
El fiscal del caso, Luis Said, expuso ante el tribunal de sentencia la teoría del principal acusado que es Armando Javier Rotela de cómo lideraba las actividades criminales y a su vez explicó al colegiado que Rotela tenía a gente penitenciaria a su disposición.
El juicio oral proseguirá el próximo lunes 2 de septiembre a las 07:30 con la declaración de varios testigos propuestos por el Ministerio Público.
En la causa penal están procesados Vicente Chase, Carmen Carolina Ortiz Figueredo, Fredy Pérez, Carlos Damián Fernández, Ronald Cantero, Juan Rodas y Christian Martínez Medina. El Ministerio Público acusó a las personas citadas por los hechos punibles de detentación, posesión y comercialización de drogas peligrosas y asociación criminal.
Rotela está preso hasta 2046
El Ministerio Público logró unificar las penas con medidas contra Armando Javier Rotela Ayala, sindicado como líder del clan Rotela, con lo que fue confirmado que permanecerá en prisión hasta el año 2046. El criminal fue condenado en dos causas por posesión, comercialización y tráfico de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego, por lo que deberá compurgar una pena carcelaria de 31 años.
De acuerdo al informe emitido por la institución judicial, Rotela compurgaría inicialmente 23 años de cárcel y 8 años como medida de seguridad, hasta el 23 de julio del año 2038, y luego acumularía su medida de seguridad de ocho años, que llega hasta el año 2046. Actualmente está recluido en una prisión con medidas especiales en Emboscada, tras ser trasladado en diciembre pasado desde Tacumbú por el operativo Veneratio, que desarticuló su grupo criminal en la penitenciaría.
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Posponen inicio de juicio oral de odontóloga y otro acusado por la muerte de la niña Thirza
El Tribunal de Sentencia integrado por Celia Salinas, Víctor Alfieri y Olga Ruiz pospuso el inicio del juicio oral y público por pedido del Ministerio Público para los acusados Sandra Obertino Leguizamón y Adrián García Servín, acusados por el homicidio culposo luego del fallecimiento de la niña Thirza Belén, quien murió tras un procedimiento odontológico.
La audiencia oral se pospuso porque se espera incluir en el juzgamiento al tercer acusado de esta causa, que es el endodoncista Vicente Cabrera, quien deberá enfrentar la audiencia preliminar donde se definirá si también estará sentado en el banquillo de los acusados.
De acuerdo a la investigación, el 12 de noviembre de 2021, en el consultorio odontológico Mommy Dent, que no se encuentra habilitado por el Ministerio de Salud, ubicado en las calles Acahay 1030 casi Teniente Villalba, en el barrio Loma Pytã de Asunción, la odontóloga Sandra Obertino Leguizamón habría realizado un tratamiento de conducto dental a la menor de 9 años, Thirza Belén Portillo Franco.
Según la investigación del Ministerio Público, los padres de la niña abonaron a la odontóloga la suma de G. 3.350.000 en concepto del tratamiento odontológico, ya que Obertino habría sido la encargada de todo el trabajo que le había realizado a la niña.
Igualmente, describe el documento de la Fiscalía que a la niña le administraron sedantes y anestesia, y posterior a la sedación realizada a Thirza Portillo ya no habría despertado, produciéndose su muerte por paro cardiorrespiratorio secundario a shock anafiláctico, siendo las 11:00.
Asimismo, se cuenta con el acta de allanamiento de fecha 13 de noviembre de 2021, realizado en el consultorio odontológico Mommy Dent, de donde se levantó del basurero una ampolla vacía y rota con la inscripción Fornitil y de uso exclusivo del IPS. Medicamento que presumiblemente se habría utilizado en el procedimiento realizado a la menor por parte de Obertino y García.
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Caso Paola Gaete: juicio comenzará el 3 de setiembre y pedirán pena máxima para médico
El próximo 3 de setiembre se dará inicio al juicio oral y público contra el doctor Daniel Domaniczky por el homicidio doloso de Paola Karina Gaete, quien falleció tras someterse a una cirugía plástica el 26 de enero del 2022. La Fiscalía solicitará la pena máxima y que el médico no vuelva a someter a intervención quirúrgica a ningún paciente.
Según la abogada Hilda Benítez, que forma parte de querella adhesiva por parte del hijo de la fallecida, la familia aguarda que el resultado del juicio sea que Domaniczky reciba la pena máxima del caso. Durante el juicio se espera que se presenten todas las pruebas y las testificales hasta el 20 de setiembre en la ciudad de Luque.
El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar al galeno está integrado por los jueces Hugo Segovia, Carmen Ramos y Rodney Rejala, quienes deberán estudiar todos los elementos de prueba para poder dictar una sentencia. “Queremos que se demuestre la negligencia”, dijo Benítez en entrevista con La Nación/Nación Media.
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“No tenía registro”
Resaltó que el doctor Domaniscky no tenía una especialidad como cirujano plástico registrada ante el Ministerio de Salud. “Desde el 2019 se creó un reglamento que en el 2021 se convirtió en Ley que exige que los médicos deben registrar su especialización para poder ejercer y el médico Domaniczky no tenía registrado la especialidad de cirujano plástico”, puntualizó.
Afirmó que al no tener este registro el doctor no podía promocionarse para realizar este tipo de intervenciones. “El (acusado) no hizo la residencia para ser especialista en cirugía plástica, que dura por lo menos dos años. Básicamente en eso se centra la negligencia médica y es parte del tipo penal de homicidio culposo, donde no hay la intención de matar, sino que el desconocimiento y la falta de experiencia”, relató.
Agregó que la señora Paola confió en el profesional y que este ni siquiera le realizó estudios previos básicos como el de crasis sanguínea antes de realizar el procedimiento. “Por eso queremos que se haga justicia, que por fin se cumplan las reglas y las leyes. Buscamos la sanción máxima que es de cinco años como prevé el Código Penal”, manifestó en LN.
Remarcó que el fiscal a cargo será Carlos Acuña solicitará la pena máxima y que el médico no vuelva a ejercer. “Queremos la inhabilitación para el ejercicio de su profesión porque lo que más deseamos es que no vuelva a suceder con otras personas, evitar otra víctima como Paola”, concluyó.
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Antecedentes
En fecha 26 de enero del año 2022, cerca de las 11:00, Paola Karina Gaete Rodríguez, ingresó a la sala quirúrgica del Sanatorio San Sebastián ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora, a fin de someterse a una cirugía plástica específicamente “Liposucción”, a cargo del médico Hernán Daniel Domaniczky Vargas.
Siendo aproximadamente las 17:30, personal policial de la Comisaría 2° Central, comunica a esta representación fiscal el fallecimiento de Paola Gaete por lo que le requirió la presencia del médico forense de turno a fin de constatar la causa probable de muerte y en el lugar se levantaron evidencias.