Los jueces de sentencia Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza dictarán sentencia de primera instancia este martes en el juicio oral y público que enfrentan Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira, accionista y directora de la firma Imedic S.A., y otros acusados por contrabando, producción de documentos no auténticos, uso de documentos adulterados y asociación criminal en calidad de coautores en el marco de la investigación por la compra fallida de insumos médicos durante la pandemia del covid-19.
Este martes la audiencia oral se reanuda con la última parte de la audiencia es decir con la dúplica de la defensa de los acusados. Ya luego el tribunal de sentencia ingresará a deliberar lo que será la sentencia de primera instancia.
Durante la exposición de los alegatos finales la Fiscalía pidió 6 años de cárcel para Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira. Mientras que se solicitó 4 años de pena privativa de libertad para el despachante de aduanas Carlos Gamarra por los delitos de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, mientras que para los funcionarios aduaneros Guillermo Molinas y Gustavo Acosta se pidió la pena de 5 años de pena privativa de libertad.
El fiscal Jorge Arce sostuvo que se probó en juicio que Justo Ferreira así como su hija y el despachante de Aduanas no declararon en tiempo las camas hospitalarias de alto valor y al no ser las camas solicitadas en el pliego, iban a ser comercializadas en el mercado. Agregó que los funcionarios de Aduanas Molinas y Acosta participaron igualmente en los hechos, según la acusación.
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Senado argentino rechazó a jueces nominados a la Corte
- Buenos Aires, Argentina. AFP.
El Senado argentino rechazó ayer jueves las candidaturas de dos jueces nominados por decreto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. El gobierno necesitaba el apoyo de dos tercios de la Cámara alta, donde cuenta apenas con siete escaños propios. Pero una amplia mayoría rechazó las aspiraciones.
En un comunicado, la presidencia explicó que “repudia la decisión del Senado de rechazar los pliegos propuestos por (...) Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia”. “Por primera vez en la historia, el Senado ha rechazado pliegos propuestos por un presidente por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara alta es el refugio de la casta política en el Congreso”, sostuvo el Ejecutivo.
De acuerdo con la Constitución, el gobierno nomina a los magistrados de la Corte Suprema y el Senado debe aprobarlos. El tratamiento de las candidaturas de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, que habían sido propuestos por Milei el año pasado, demoró por la falta de apoyo del Senado, que debe dar acuerdo a los nombramientos, aunque no tiene plazos para ello.
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En febrero el mandatario ultraliberal se valió de un artículo de la Constitución que lo habilita a nombrar “en comisión”, es decir para que ocupen el cargo hasta que finalice el período legislativo, cuyas sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre.
En ese marco la Corte Suprema le tomó juramento a García-Mansilla, un académico de perfil conservador contrario al aborto. En cambio, no hizo lo propio con Lijo, un juez federal del fuero criminal y correccional que intervino en varias causas de corrupción de exfuncionarios de todo el arco político. Había pedido una licencia para jurar como miembro interino del máximo tribunal, pero la Corte se la negó.
“No puedo creer que haya un solo senador dispuesto a votar esta aberración”, dijo en el recinto Martín Lousteau, senador por la Unión Cívica Radical (centro), que cargó contra la decisión del presidente de nombrar a los jueces por decreto. “Si permitimos este mecanismo no vamos a tener más jueces, vamos a tener empleados del Poder Ejecutivo”, dijo.
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La legisladora Guadalupe Tagliaferri (PRO, partido del expresidente Mauricio Macri), consideró además “inadmisible acompañar una Corte sin mujeres”. Entre las distintas causas en carpeta de la Corte Suprema, destaca el recurso de queja que la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) elevó este lunes para que revise la sentencia en su contra por corrupción.
Kirchner recusó además a García-Mansilla bajo el argumento de que lo propuso el presidente, quien expresó públicamente que la también exvicepresidenta (2019-2023) “va a ir presa”, afirmación que consideró es “una indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales”. La exmandataria, de 72 años, fue condenada en dos instancias a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por “administración fraudulenta” en la adjudicación de obras viales durante sus presidencias.
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LN PM: edición del 1 de abril
Anexo C: negociaciones se paralizan hasta aclarar presunto hackeo de Brasil
El ministro de Industria y Comercio (MIC) y miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional, Javier Giménez, adelantó que las negociaciones sobre el Anexo C entre Paraguay y Brasil se paralizan hasta tanto se aclare sobre el presunto espionaje informático de la Agencia de Inteligencia Brasileña (Abin) al Gobierno paraguayo, que trascendió ayer en medios brasileños.
“Vamos a tomarnos un tiempo necesario para primero resolver y aclarar en detalle esta situación antes de volver a la mesa de negociación. En este momento, mañana eso puede cambiar, hoy no hay condiciones para hablar del Anexo C para que se aclaren estos puntos”, indicó el ministro, este martes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Desmienten sobrefacturación en pupitres de Itaipú, cada mobiliario costó 53,14 dólares
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) desmintió la publicación periodística realizada por el medio de comunicación Abc Color, donde se argumenta que la entidad binacional Itaipú terminó pagando la suma de USD 97 por cada mobiliario escolar a la empresa paraguaya Kamamya S. A., mientras que la documentación verificada confirma el costo de USD 53,14 por unidad.
Mediante una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM, el titular de DNIT, Óscar Orué, detalló este martes que la hidroeléctrica pagó la suma total de USD 53,14 por cada pupitre, el cual se encuentra distribuido de la siguiente forma: el valor de cada set de pupitres (mesa y silla) es de USD 30 (equivalentes a G. 237.072), para el servicio de flete se destinó USD 10,32 (G. 81.552); el seguro, USD 0,30 (G. 2.370), y el tributo, USD 12,52 (G. 98.939).
Asisten a más de 1.500 familias afectadas por inundaciones en Alto Paraguay
La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) envió los primeros 36.000 kilos de alimentos que serán distribuidos a unas 1.500 familias afectadas por inundaciones en el Chaco. Se trata de un primera etapa que se irá extendiendo a otras comunidades golpeadas.
El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, informó que más de 6.000 familias son afectadas por las inundaciones en la zona de Alto Paraguay, Chaco, pero en esta primera etapa asisten a unas 1.500, las más golpeadas por las precipitaciones.
Sacan de circulación más de 30.000 litros de gasoil de contrabando
La incautación de dos camiones cisterna evitó que más de 30.000 litros de gasoil que carecían de documentaciones legales ingresen al mercado. Dos operativos realizó ayer la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). El primero, en Coronel Bogado, Itapúa, donde los agentes retuvieron un camión de la empresa Tega Oil.
El conductor del móvil Mercedes Benz, matrícula ARO 762 presentó una nota de remisión que pertenecía a otro vehículo. Además, no entregó la factura. En el segundo procedimiento realizado en Limpio, Piquete Cue, fue incautado un camión Scania del mismo emblema. El chofer tampoco tenía los documentos requeridos para el transporte del producto.
Banco Mundial anuncia que destinarán USD 2.000 millones para potenciar la infraestructura del país
En su visita histórica a Paraguay, el titular del Banco Mundial, Ajay Banga, se reunió con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus ministros en Mburuvicha Róga. Destacó la fortaleza macroeconómica del país, anunciando que destinarán USD 2.000 millones para potenciar el sector de infraestructura del país (caminos, puentes y energía), así como apoyar al sector privado.
Aseguró que la prioridad de la entidad, así como la del Gobierno, es la de crear empleos dignos para los jóvenes, agricultores, pequeñas, medianas y microempresas. Se está promoviendo la posibilidad de que la corporación financiera internacional pueda recaudar fondos de tal manera de apoyar todos los proyectos de inversión de las empresas.
El que “ofrece su cabeza” no irá al Senado hoy, pero enviará a sus abogado
El expresidente Mario Abdo Benítez, quien solicitó la aprobación de su desafuero, tendrá la oportunidad de dar su descargo hoy, antes de que se fije fecha para estudiar el retiro de su inmunidad. Sin embargo, pese a “ofrecer su cabeza”, anunció que no irá.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta tendrá su reunión ordinaria este martes a las 13:00. En el primer punto del orden del día figura la audiencia con el senador vitalicio Mario Abdo Benítez, acompañado con sus representantes legales, en relación a la imputación que pesa en su contra.
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Imedic: confirman condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira
El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.
La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.
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En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.
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Caso Sol Chávez: familiares de la víctima no pueden nombrar a la odontóloga condenada
En un giro controvertido dentro del caso de Sol Chávez, la joven fallecida por intoxicación con flúuro, un juez dictó una medida cautelar que prohíbe a sus familiares mencionar o acercarse a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza, condenada por homicidio culposo. La decisión ha generado indignación en los padres de la víctima, María Edith Franco y José Domingo Chávez, quienes recibieron un oficio judicial que, según su abogado, presenta numerosas irregularidades.
La medida fue dictada tras una denuncia presentada por Espinoza contra la familia de Chávez, amparándose en la Ley 5.777/2016 de violencia contra la mujer. Sorprendentemente, el documento judicial señala a la odontóloga como “víctima”, lo que ha sido fuertemente cuestionado por la defensa de la familia Chávez.
El abogado José Armoa denunció errores graves en el oficio judicial, que van desde incongruencias en los nombres de los involucrados hasta la carátula del documento, donde se menciona un hecho punible de violencia doméstica. “No sabemos si es un error de tipeo o qué, pero un error de esta naturaleza no puede tener esas incongruencias. Lo que más nos llama la atención es que la carátula del Juzgado enuncia un hecho punible de violencia doméstica”, expresó Armoa en declaraciones al canal GEN/Nación Media.
El abogado también explicó que no se puede caratular como “violencia doméstica” un conflicto entre personas que no conviven juntas. En este caso, ni la odontóloga Espinoza ni la química Sandra Hermosa (también acusada por la muerte de Sol Chávez) tienen relación de cohabitación con la familia de la víctima.
Piden investigar al juez del caso
Ante las irregularidades en el documento judicial, la familia Chávez solicita que se investigue al juez José Segundo Velázquez Alfonso, responsable de la medida cautelar. La defensa de la familia destaca que el oficio presenta errores desde el encabezado, mencionando a un jefe policial ajeno al caso, hasta restricciones impuestas a personas extrañas, cuyos nombres fueron corregidos a bolígrafo.
Antecedentes del Caso
Sol Chávez falleció el 9 de abril de 2021 debido a una intoxicación con flúuro. Tras un proceso judicial, Lilia Graciela Espinoza y Sandra Hermosa fueron condenadas a solo dos años de prisión, lo que generó indignación en la opinión pública. Sin embargo, la sentencia fue anulada, y actualmente se lleva a cabo un nuevo juicio.
La decisión de prohibir a la familia de la víctima mencionar a la odontóloga condenada ha generado un fuerte rechazo y ha reavivado el debate sobre la transparencia y equidad en el sistema judicial. La familia Chávez insiste en que seguirá luchando por justicia para su hija y exige que se revisen las acciones del juez a cargo del caso.
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