El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú rechazó el pedido formulado por la defensa del abogado Miguel Mendieta, procesado por supuesto soborno agravado por intentar facilitar un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico recluido en la cárcel militar de Viñas Cue.
Actualmente el profesional del derecho cuenta con libertad ambulatoria, pero tiene la prohibición de salir del país y con el pedido realizado al juzgado pretendía viajar a la Argentina del 23 al 29 de noviembre.
Igualmente en el presente caso está imputado el coronel Luis María Belotto por soborno agravado, ya que intentó sobornar a un personal subalterno que presta servicios en el penal de Viñas Cué para que el mismo introduzca un teléfono y así entregárselo al detenido Insfrán. El mismo personal realizó la denuncia a sus superiores; posteriormente, el director del penal hizo la comunicación a la Corte Suprema Militar.
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Antes del intento de soborno, la esposa del militar, Alba Lidia de Belotto, intentó ingresar el aparato telefónico por medio de una encomienda, hecho que no se pudo concretar, de acuerdo a las informaciones.
Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, señalado como el líder del clan Insfrán fue extraditado de Brasil y llegó a nuestro país el pasado 19 mayo; está procesado por la supuesta comisión de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero en asociación criminal, en calidad de autor. El operativo A Ultranza Py iniciado en 2021 lo sindica como uno de los capos del narcotráfico. Habría logrado conformar una importante estructura criminal, con soporte logístico para el tráfico de sustancias ilícitas por vías aérea y terrestre.
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ANR: segundo curso de diplomado en Ciencias Políticas ya registra 5.000 inscriptos
El director de la Academia Republicana, Hugo Vera, resaltó el interés que generan en la ciudadanía los diversos programas educativos ofrecidos por el Partido Colorado. El abogado manifestó que una muestra contundente se manifiesta en la próxima realización del segundo curso de Diplomado en Ciencias Políticas, que ya registró un total de 5.000 inscriptos.
“Este curso es abierto para toda la ciudadanía, aún cuando no sean afiliados. A poco más de una semana ya se tienen 5.000 inscriptos. Es una brutalidad la forma en que está siendo aceptado, el pasado año implementamos innovaciones, uno de ellos fue el sistema de medallas, oro, plata y bronce, para que nuestros alumnos se sientan motivados. Esto es competitivo, es un desafío muy lindo, muy interesante”, refirió Vera.
La etapa de inscripción fue lanzada el pasado 22 de marzo y su realización se encuentra prevista para el próximo lunes 7 de abril. Vera recordó que en el año 2024 se registró un total de 7.000 interesados, de los cuales 3.700 finalizaron el curso.
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Vera señaló que en el primero diplomado, un total de 60 personas resultaron consagradas como mejores egresados y que participaron de un simulacro de una sesión del Senado, con la presencia del presidente de la nucleación tradicional, Horacio Cartes.
“Todos salimos muy contentos con el nivel de preparación de los alumnos. El curso durará 6 meses, este sistema didáctico te hace diferenciar conceptos básicos de economía, política”, afirmó en una entrevista con el programa “Cara o Cruz”, emitido por Unicanal.
El programa del Diplomado en Ciencias Políticas se basa en el modelo de escuelas populares, permitiendo el acceso sin distinción de nivel educativo. El curso es considera como una oportunidad única para los ciudadanos que deseen profundizar en el ámbito político y mejorar sus habilidades de debate y análisis.
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Diputados definirá sobre protección de datos personales y prohibición de celulares en las cárceles
La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.
De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.
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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.
Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.
Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.
Celulares en cárceles
Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.
Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.
Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.
El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.
“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.
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Imedic: confirman condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira
El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.
La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.
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En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.
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Vínculo de Cartes con Israel expone el terrorismo de Estado en la era Abdo
“Esto tiene un gran mensaje político, se da en un momento muy importante”, dijo el abogado Pedro Ovelar al referirse sobre la visita realizada por el expresidente de la República y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, a Israel. Agregó que el acontecimiento terminó demostrando la instalación de un esquema de terrorismo de Estado y persecución política contra su cliente durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Cartes fue invitado por el estado de Israel para hablar de la lucha contra el antisemitismo, justamente cuando la sanción más grave de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos se centró sobre este punto”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las sanciones aplicadas por el país norteamericano al empresario derivaron de las acusaciones sobre los presuntos vínculos que mantiene con Hezbolá. La campaña de vincular a Cartes con el grupo terrorista, considerado como uno de los principales enemigos de Israel fue impulsado por el abdismo en confabulación con poderosos medios de comunicación y una oposición sumisa.
“Se demostró que fue una campaña de denuncias falsas, montada por el exgobierno. En marzo del año 2022 ellos enviaron un informe manipulado y falso a FINCEN en EE. UU., lo que derivó en su sanción en julio del 2022″, comentó Ovelar.
El intento de vincular a Cartes con el grupos terroristas fue desplegado con fuerza en junio del año 2022, meses antes de los comicios internos del Partido Colorado, que se desarrollaron el 18 de diciembre del mismo año. En ese entonces, el líder de Honor Colorado y el exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, disputaban la titularidad de la Junta de Gobierno de la nucleación.
Llamativamente, la campaña también fue desatada en el marco de los comicios presidenciales realizados el 30 de abril del mismo año. El esquema contó con una activa participación del entonces embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, de acuerdo a las denuncias realizadas por cercanos a Cartes.
Antecedentes
Uno de los puntos centrales del intento de vinculación a Cartes con terroristas fue la falsa denuncia impulsada por el entonces ministro de la Seprelad, René Fernández, quien sin fundamentos ni argumentos denunció a la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) por posibles conexiones con el terrorismo, en el famoso caso conocido como el “avión iraní”.
La industria tabacalera tenía en ese entonces entre sus principales accionistas a Cartes. La acusación formulada en el gobierno de Abdo Benítez apuntaba a generar no solo un daño político, sino también moral y económico para sacarlo de la arena electoral.
Mediante discursos coordinados, el abdismo instaló con fuerte respaldo de medios aliados que la aeronave con matrícula venezolana YV3531 transportaba en su interior a tripulantes relacionados con supuestos grupos terroristas. Las 18 personas incluso fueron involucradas de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbolá de Líbano.
El avión hizo una operación de traslado de mercadería de exportación, más específicamente, 7.086 cajas de cigarrillo vendidas por la firma Tabasa a Tabacal Free Zone Nv, empresa ubicada en el país de Aruba. Recientemente el Ministerio Público requirió la desestimación de la causa al no encontrarse elementos que sustenten la acusación.
“La desestimación de la causa ratifica la falsedad así como la persecución a un inocente orquestado desde el anterior gobierno. Acá hubo un presidente que en convivencia con el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, montaron todo este show mediático, político que está hoy en día absolutamente desbaratado”, sentenció.