Los jueces de todos los fueros se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Sajonia para reclamar el reajuste salarial que no tienen desde hace 10 años. La Corte Suprema incluyó en el proyecto de presupuesto el aumento salarial para los magistrados, pero fue denegado en el Congreso.
Por su parte, el juez de sentencia Carlos Hermosilla señaló que el acto de manifestación es una exteriorización del sentimiento que tiene la magistratura nacional, ya que estuvieron trabajando muy esperanzado desde abril y gracias al apoyo que brindó la Corte Suprema de Justicia que plasmó en su proyecto de presupuesto del próximo año un incremento salarial. “A eso nosotros le llamamos reivindicación histórica del salario de la magistratura nacional atendiendo que hace 10 años que no se tiene variación en su salarios, pasaron 10 años, el costo de vida se disparó de forma exponencial”, indicó el citado magistrado.
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Hermosilla señaló que igualmente conversarán con el gremio de funcionarios para poder realizar más movilizaciones porque también se pidió aumento para los funcionarios del Poder Judicial.
La movilización comenzó luego de la jornada laboral y participaron jueces de los fueros Civil y Comercial, Laboral, Niñez, Penal Adolescente, Penal de Garantía, Penal de Sentencia. Del mismo modo en los próximos días se podría realizar este tipo de manifestación a nivel país.
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Plantean penas de hasta 15 años contra cómplices de fugas masivas de reclusos
Con el fin de endurecer las penas contra quienes faciliten o colaboren en la fuga de reclusos, especialmente, cuando se trate de funcionarios públicos o personal penitenciario, y cuando las fugas sean colectivas, en la Cámara de Diputados se presentó el proyecto de ley que establece la modificación y ampliación del artículo 294 de la normativa 1160/97, Código Penal Paraguayo.
La iniciativa establece tres modificaciones principales: por un lado, mantiene la pena base de hasta 3 años o multa para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno. Por otro lado, aumenta la pena para los funcionarios públicos o el personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándola de “hasta 7 años” (como contempla la ley actual) a un rango de “4 a 10 años” de privación de libertad.
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Por último, el proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional, introduce un nuevo agravante para los casos de “fuga masiva”, estipulando una pena de entre 5 y 15 años cuando se libere a más de un interno.
Se estudia el 8 de abril
La iniciativa presentada por el diputado Yamil Esgaib figura entre los puntos más resaltantes que deben ser evaluados por la cámara en su sesión ordinaria del próximo martes 8 de abril. El documento ya fue girado para sus correspondientes dictámenes a las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Económicos y Financieros, de Legislación y Codificación, de Justicia, Trabajo y Previsión Social y de Reestructuración y Modernización del Estado, para sus dictámenes.
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Senado argentino rechazó a jueces nominados a la Corte
- Buenos Aires, Argentina. AFP.
El Senado argentino rechazó ayer jueves las candidaturas de dos jueces nominados por decreto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. El gobierno necesitaba el apoyo de dos tercios de la Cámara alta, donde cuenta apenas con siete escaños propios. Pero una amplia mayoría rechazó las aspiraciones.
En un comunicado, la presidencia explicó que “repudia la decisión del Senado de rechazar los pliegos propuestos por (...) Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia”. “Por primera vez en la historia, el Senado ha rechazado pliegos propuestos por un presidente por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara alta es el refugio de la casta política en el Congreso”, sostuvo el Ejecutivo.
De acuerdo con la Constitución, el gobierno nomina a los magistrados de la Corte Suprema y el Senado debe aprobarlos. El tratamiento de las candidaturas de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, que habían sido propuestos por Milei el año pasado, demoró por la falta de apoyo del Senado, que debe dar acuerdo a los nombramientos, aunque no tiene plazos para ello.
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En febrero el mandatario ultraliberal se valió de un artículo de la Constitución que lo habilita a nombrar “en comisión”, es decir para que ocupen el cargo hasta que finalice el período legislativo, cuyas sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre.
En ese marco la Corte Suprema le tomó juramento a García-Mansilla, un académico de perfil conservador contrario al aborto. En cambio, no hizo lo propio con Lijo, un juez federal del fuero criminal y correccional que intervino en varias causas de corrupción de exfuncionarios de todo el arco político. Había pedido una licencia para jurar como miembro interino del máximo tribunal, pero la Corte se la negó.
“No puedo creer que haya un solo senador dispuesto a votar esta aberración”, dijo en el recinto Martín Lousteau, senador por la Unión Cívica Radical (centro), que cargó contra la decisión del presidente de nombrar a los jueces por decreto. “Si permitimos este mecanismo no vamos a tener más jueces, vamos a tener empleados del Poder Ejecutivo”, dijo.
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La legisladora Guadalupe Tagliaferri (PRO, partido del expresidente Mauricio Macri), consideró además “inadmisible acompañar una Corte sin mujeres”. Entre las distintas causas en carpeta de la Corte Suprema, destaca el recurso de queja que la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) elevó este lunes para que revise la sentencia en su contra por corrupción.
Kirchner recusó además a García-Mansilla bajo el argumento de que lo propuso el presidente, quien expresó públicamente que la también exvicepresidenta (2019-2023) “va a ir presa”, afirmación que consideró es “una indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales”. La exmandataria, de 72 años, fue condenada en dos instancias a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por “administración fraudulenta” en la adjudicación de obras viales durante sus presidencias.
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Policía Nacional denunció a dirigentes opositores por perturbar la paz pública
La Policía Nacional denunció a opositores ante el Ministerio Público por los hechos punibles de perturbación de la paz pública y resistencia. Esto, tras los disturbios ocasionados el pasado 31 de marzo frente al Poder Judicial. El grupo de dirigentes políticos pretendía acceder al Museo de la Justicia, violando los protocolos establecidos para el ingreso.
Fueron acusados el senador del Partido Democrático Progresista (PDP) Rafael Filizzola, su esposa la exsenadora Desirée Masi y los liberales, el exsenador Luis Alberto Wagner, Marlene Orué, Agustín Saguier y Efraín Alegre (hijo).
La denuncia ante la Fiscalía fue presentada por el comisario Mario Ovelar. Los incidentes se registraron en coincidencia con el octavo aniversario del fallecimiento del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.
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Los dirigentes opositores pretendían realizar una representación teatral y entregar al Museo de la Justicia el expediente judicial del caso Quintana. “Ellos no pidieron autorización para ingresar al museo. No se puede recibir donaciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Todas las causas deben estar finalizadas, con sus últimas sentencias”, había indicado la coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau.
En la acusación se relata que los uniformados comunicaron sobre la necesidad de contar con una autorización oficial, conforme a la acordada n.° 254, inciso 4 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Agrega que esta situación terminó enfureciendo a los dirigentes políticos, motivo por el cual se decidió la conformación de un cordón de seguridad perimetral con personal de prevención y seguridad en dos líneas (femenino y masculino).
Señalan que fueron agredidos verbal y físicamente por los opositores resultando heridos, Ovelar, los suboficiales ayudantes Jesús Martínez, Pablo Cabrera, Miguel Vergara, Diego Zaracho y Fernando Fernández.
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Envíos de productos nacionales bajo el certificado de origen aumentaron 17 % en marzo
La Ventanilla Única de Exportación (VUE) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) dio a conocer que durante marzo de este 2025 los envíos de productos nacionales al extranjero, bajo el certificado de origen, registraron un aumento del 17 % en comparación a febrero, llegando a un total de USD 674.248.423 por 993.513 toneladas.
El informe indica que la diferencia fue de USD 98.172.274, respecto a las exportaciones del segundo mes del año, cuando fueron USD 576.076.149. Con ello, Paraguay sigue aumentando la cantidad de productos nacionales enviados al exterior bajo este certificado, según señalaron.
El destino principal de las manufacturas paraguayas siguió siendo el continente americano con el 84 % de las compras. En el primer trimestre este bloque importó por más de USD 523.342.907, llegando a un total de 848.643 toneladas de productos.
Detallaron que dentro del cono sur Brasil, Argentina y Chile lideraron el ranking de los principales destinos. El principal comprador fue el mercado brasileño con exportaciones por USD 193.222.680, seguido de Argentina con USD 151.353.437. En tanto que Chile importó por un valor de USD 72.250.237, además se exportaron manufacturas nacionales a Estados Unidos por USD 46.533.188.
En este mes figuró la República de China (Taiwán) con USD 23.881.907, luego estuvo Israel que alcanzó un valor de USD 22.115.085. Mientras que los Países Bajos sumaron USD 21.754.594, México USD 12.958.759, Uruguay con USD 11.896.042 y otro mercado fue Costa Rica con USD 9.288.045.
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El certificado de origen es un documento que declara bajo juramento que la mercadería destinada a la exportación cumple con las normas de origen establecidas. Además, ofrece beneficios arancelarios en el país de destino y también permite aprovechar el cupo de importación disponible.
Según los datos del VUE, al cierre de diciembre de 2024 los envíos finalizaron con USD 536 millones bajo esta herramienta, llegando a 716.822 toneladas. El continente americano representó el 82 % del valor total exportado con 640.999 toneladas, siendo el destino principal de los productos locales.
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