La agente fiscal Teresa Sosa imputó por cohecho pasivo a Sonia Torres, funcionaria de la Supervisión de Ñemby del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). La imputación se efectuó tras un procedimiento encubierto realizado luego de una denuncia formulada por parte del Ministerio de Educación y Ciencia.
En la denuncia, la funcionaria del MEC solicitaba sumas de dinero a fin de obtener cargos para otras personas dentro de la citada institución estatal en calidad de docente. A raíz del hecho, la representante del Ministerio Público encabezó un procedimiento encubierto en el que se pudo grabar y fotografiar a la persona cuando recibió una suma de dinero prometiendo el cargo.
Así también fue ordenada la detención de esta persona imputada. Ahora la funcionaria del MEC tendrá que acudir hasta el Ministerio Público para que pueda prestar declaración indagatoria.
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Luego deberá ser convocada por el juzgado penal de garantía de turno para la audiencia de imposición de medidas cautelares. En la mencionada diligencia judicial se tendrá que definir si se ordena la prisión preventiva de la imputada.
En caso de que se ordene la prisión la funcionaria estará primeramente en la comisaría local para luego ser derivada hasta la cárcel de mujeres del Buen Pastor donde estará privada de su libertad a la resulta del proceso penal.
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Familia de Pecci cuestiona al Ministerio Público por negarles el acceso a la carpeta fiscal
Mediante un comunicado emitido este jueves, la familia del fallecido agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, criticó el posicionamiento del Ministerio Público al no permitirles acceder a la carpeta fiscal de la investigación del crimen perpetrado en mayo de 2022 en la isla Barú, Colombia.
“Observamos con profundo asombro y desazón cómo el pedido de tomar intervención en la causa del magnicidio de nuestro hermano Marcelo Pecci nos fue inexplicablemente negado y, sin embargo, poco tiempo después, en otro caso fue otorgado y sin mayores discusiones a la familia del extinto diputado Eulalio Gomes, en la misma etapa procesal”, refieren.
Asimismo, en el documento manifiestan que “¿Por qué a la familia del diputado Eulalio Gomes sí y a la familia de Marcelo Pecci no? ¿Dónde queda el principio constitucional de igualdad ante la ley? Sería lo primero que a un abogado o jurista le vendría en mente. Si fuésemos más exigentes, desde un punto de vista ético, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Solo a los parientes de un legislador se les concede este derecho? Esto, lejos de igualdad, se parece mucho a un privilegio”.
La familia expresa a la vez que “dentro de lo que el dolor permite” trata de examinar “con la mayor objetividad posible” cuál es la fundamentación del órgano extrapoder para el rechazo de la solicitud y de la concesión para la causa que ocupa a la familia del legislador fallecido.
“¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? Pareciera ser que al haber sido el doctor Marcelo Pecci simplemente un “común”, tal derecho no se concede por la interpretación supuestamente “estricta” de la norma procesal. Sin embargo, ¿cuáles son las motivaciones para que desde el Ministerio Público se califique la cualidad del concepto de “víctimas” en un sentido en un caso y en sentido diametralmente opuesto en otro?”, indican.
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En el comunicado expresan que “estas preguntas sin respuesta siguen siendo un misterio que genera sospechas, frustraciones, indignaciones y una terrible suposición de que el Ministerio Público ha incumplido por una cuestión de privilegios”.
Ante dichas afirmaciones, en el documento citan el artículo 47, numeral 1, que hace mención a las garantías de igualdad, el cual refiere que “el Estado garantizará a todos los habitantes de la República la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen”.
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Autorizan viaje al extranjero de Giuzzio, acusado por tener vínculos con supuesto narco
El tribunal de sentencia, integrado por los jueces Adriana Planás, Karina Cáceres y Yolanda Morel de Ramírez, esposa del ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia, otorgó el permiso desde el 3 al 6 de setiembre al acusado por cohecho pasivo por presuntamente mantener vínculos con el narcotráfico Arnaldo Giuzzio para que pueda viajar a Miami, EE.UU.
De acuerdo a la información que se maneja, el acusado Giuzzio va a Miami, Florida a realizar entrevistas sobre hechos relacionados al contrabando. Para tal efecto se agregó los tickets aéreos así como el sitio donde se hospedará el procesado. Ante el presente pedido, los fiscales del caso Diego Arzamendia y Verónica Valdez se allanaron al pedido realizado por la defensa de Giuzzio.
Asimismo, el colegiado que tiene a su cargo juzgar a Giuzzio los días 21, 22 y 23 de octubre dispuso la obligación de que el acusado se presenté ante la secretaria el primer día hábil siguiente a su regreso como prueba de cumplimiento de la orden impuesta por el tribunal de sentencia. También se mantuvo la caución real de G. 1.000 millones, valor del inmueble ubicado en San Lorenzo.
Es de mencionar que Arnaldo Giuzzio había sido imputado por la Fiscalía por el hecho punible de cohecho pasivo agravado, a raíz de sus supuestos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.
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Fiscalía investiga a policías por supuesta caza furtiva de animales en el Chaco
El fiscal de delitos ambientales, Andrés Arriola, inició formalmente una investigación por un supuesto caso de caza furtiva de animales silvestres que se habría registrado en la zona de Teniente Irala Fernández, Chaco. Las primeras evidencias recabadas indican que presuntamente agentes de la Policía Nacional tendrían participación en el hecho, dado que incluso se habrían encontrado los animales carneados y colgados en la comisaría de la localidad de Teniente Irala Martínez, departamento de Boquerón.
Arriola dispuso la apertura de la carpeta fiscal, se realizaron las primeras diligencias en este caso e incluso ya se habría identificado a los presuntos autores del ilícito. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) realizó la denuncia ante Fiscalía tras una investigación sobre el hecho de caza furtiva, a partir de imágenes fotográficas y filmaciones a las que accedió. Varias especies endémicas del Chaco y en peligro de extinción se visualizan en las imágenes que fueron presentadas a la Fiscalía.
Cabe mencionar que los materiales audiovisuales fueron entregados al Mades, lo que desencadenó una rápida respuesta por parte de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada, con apoyo de la Dirección de Asesoría Jurídica y Dirección de Vida Silvestre, identificando entre las especies afectadas: Tagua (Catagonus wagneri), especie endémica del Chaco y en peligro de extinción; venado o guasu (Mazama sp.); tapiti boli (Dolichotis salinicola), yacaré (caiman sp), teju guasu (Salvator sp); carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) y tapir o mborevi (Tapirus terrestris).
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Detienen a los padres por sospechosa muerte de su beba, en Itapúa
Probablemente a causa de un ataque sexual, una beba de 1 año y 4 meses llegó sin signos de vida en el hospital distrital de Coronel Bogado, Itapúa y detuvieron a los padres porque se verificó que estaba muerta hace 5 horas, según los agentes intervinientes de la Policía y fiscalía.
Por este caso fueron imputados cuatro personas: Gilberto Rubén Parris Arguello (22), Elena Beatriz Marchaki Esteche (27); Ángela García (65), y Rolando Antonio Flores Arrúa (38). Estas personas ya guardan reclusión en distintas dependencias policiales, esperando la notificación para la prestación declaratoria.
El fiscal interviniente Rodolfo Colmán mencionó ayer sábado que la beba falleció por el ataque sexual sufrido, en el que se está investigando a sus progenitores y a la abuela. “Sus genitales estaban destrozados. Mañana (por domingo), la fiscal Carmen Palazón procederá a la imputación de los padres y la abuela, debido a que el hecho ocurrió en Encarnación. Este domingo de siesta allanamos su vivienda e incautamos sábanas y pañales con sangre, además que la versión de los vecinos confirma que estaba muerta hace rato y no de camino a Bogado, desde Encarnación”, dijo.
Se confirmó que la pequeña falleció a causa de la violencia sexual a la que fue sometida. “Lo que se buscará ahora es quién cometió el abuso y la forma en que acometió el crimen”, dijo el fiscal Colmán.
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El hecho se habría registrado en una vivienda ubicada en el barrio Santa María, de la capital departamental de Itapúa, ayer sábado 24 de agosto. Un día después, en el lugar llegó una comitiva policial-fiscal y procedió al allanamiento, aprehensión de personas e incautación de evidencias. Se incautó de una bolsita de la papelera con su contenido, y un pedazo de sábana con mancha oscura, y preservativos usados, además de un DVR de cámara de circuito cerrado, según el oficial interviniente Hugo Sotelo.
El relato señala que este domingo, personal policial procedió a acompañar la comitiva fiscal, encabezada por la fiscal María del Carmen Palazón, quien se constituyó en la vivienda, siendo recibida por Ángela García, quien posteriormente fue derivada a la Comisaría 116° Mujeres, a disposición de la Unidad Fiscal, junto a Flores Arrúa, quien fue trasladado a la Comisaría 1° Encarnación.
La fiscal dispuso que el cuerpo de la criatura sea derivado hasta la morgue de Asunción para determinar la causa de muerte.
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