Este lunes, padres del segundo grado de la escuela Cristóbal Colón de la ciudad de Ñemby se manifestaron frente a la institución para solicitar que la docente y directora vuelvan a sus cargos. Ambas fueron denunciadas por supuesto maltrato contra un alumno a quien la docente no dejó ir al baño.

Según Beatriz Ayala, vocera de los padres del segundo grado, están bastante indignados con la decisión de apartar a la profesora Nidia Cardozo, quien es bastante apreciada por sus alumnos. Resaltó que es injusta la denuncia realizada por la madre y que afectó a todos los estudiantes del curso.

“El jueves pasado fue apartada tras la denuncia de una madre por supuesto maltrato verbal y psicológico al niño. Desde el año pasado tenemos problemas con esta mujer y es la única mamá que crea inconvenientes, ahora dejó sin profesora a todos los alumnos del segundo”, detalló Ayala, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Explicó que en el 2023 también realizó varias quejas contra otra docente y que aparentemente sería una mujer conflictiva. “La manifestación la hacemos para pedir el reintegro de la profe Nidia, del segundo grado y de la directora Beatriz Martínez. Es lamentable lo que estamos pasando todos en este momento”, aseguró.

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La madre refirió que los chicos quieren mucho a su profesora y que a raíz de la denuncia no están desarrollando clases, afectando el rendimiento de los alumnos. A todo esto se suma que están a una semana de los exámenes finales y que requieren de ayuda para el repaso.

“A raíz de la denuncia de esta señora nuestros hijos están afectados psicológicamente porque quieren a su profe y preguntan cuándo va a volver. Es una de las pocas docentes que es recibida con los brazos abiertos por sus alumnos, la acompañan hasta el salón de clases y ahora no puede acercarse a ellos”, detalló en LN.

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Este lunes, un grupo de padres llegó hasta la supervisión y entregó una nota en la que solicitan la reincorporación de la docente y de la directora. La nota pasará a Dirección Departamental, pero el periodo de respuesta sería dentro de 6 meses a un año, mientras los alumnos terminarán en año lectivo sin profesora.

“La nota está firmada por varios padres, que acompañan nuestro reclamo. La manifestación seguirá y esperamos tener una respuesta más rápida. Tenemos mucha confianza en la directora y la profe Nidia, que desde hace cinco años forma parte del plantel docente y nunca hubo quejas de ella”, aseguró.

Agregó que la madre del niño, refirió que su hijo tiene problemas renales y que la docente le negó la posibilidad de ir al baño, que esta situación afectó psicológicamente a su pequeño. “Esta persona no presentó pruebas para la denuncia, lo hizo verbalmente. Existe mucha incoherencia en la denuncia que ella hizo”, puntualizó.

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El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.

En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.

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La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.

Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.

La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.

En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.

La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.

Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.

En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.

Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.

Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.

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“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.

Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.

Fuente: AFP

El agente fiscal Federico Delfino formuló imputación contra Carlos Miguel Stehlik Maciel y Tania Giselle Galeano Llanes por extorsión, quienes se contactaron con las víctimas con las que intercambiaron fotos para luego exigir dinero para no publicarlas. El Ministerio Público pidió arresto domiciliario para ambos imputados.

Ahora un juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación, citar a los dos imputados para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si son remitidos a una penitenciaria o son beneficiados con el arresto domiciliario.

Los antecedentes del caso refieren que en fecha 24 de setiembre del 2024, el Departamento de Antisecuestros de Personas comunicó al Ministerio Público la supuesta comisión de los hechos punibles anteriormente mencionados denunciados por la víctima ante el Departamento Antisecuestros de Personas de la Policía Nacional.

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De acuerdo a los datos, surge de la investigación Carlos Miguel Stehlik en compañía de Tania Giselle Galeano Llanes, ambos vecinos, quienes habrían aprovechado esta cercanía para organizarse con el fin de captar a las potenciales víctimas, contactarse con las mismas y solicitar dinero por medio de sus exigencias extorsivas.

En ese orden, a inicios del mes de mayo del 2024, Carlos Miguel Stehlik habría utilizado el perfil de Instagram, _marthugomez, mediante el que entabló conversación con el denunciante e intercambiaron fotografías íntimas. Posteriormente, Carlos Miguel utilizando el usuario citado le habría solicitado primero la suma de G. 750.000, luego G. 6.000.000 para no mencionarle lo ocurrido a un familiar cercano a este, en la cual a solicitud del hoy investigado, el afectado habría enviado el dinero a la cuenta de un banco.

Luego, el 20 de julio de 2024, Carlos Miguel se habría comunicado vía red de mensajería WhatsApp con la víctima en dos ocasiones, a través de números distintos, la primera vez habría solicitado la suma de G. 5.000.000 y en la segunda habría solicitado la suma de G. 8.000.000 a fin de no divulgar sus fotografías íntimas. A raíz de esa amenaza la víctima accedió y transfirió el dinero solicitado y posteriormente bloqueó uno de los números.

El 17 de agosto de 2024, Tania Giselle Galeano a solicitud de Carlos se habría contactado también con la víctima solicitándole que desbloquee el número del cual había recibido las exigencias de pago de dinero, y al desbloquearlo le volvió a solicitar en varias ocasiones las sumas de G. 4.000.000 y G. 10.000.000.

Luego, del número perteneciente a Tania Giselle Galeano, también le habría solicitado la suma de G. 5.000.000 respectivamente, con el fin de no difundir las fotografías íntimas. Todos los depósitos habrían sido realizados a solicitud de los extorsionadores a la cuenta de un banco, correspondiente a Carlos Miguel Stehlik Maciel, totalizando así la suma de G. 30.000.000, aproximadamente.

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El agente fiscal de Luque Augusto Ledesma Blasser presentó imputación contra Rodrigo Fabián Benítez Bareiro (35), por el supuesto hecho punible de abuso sexual en niños. El mismo en su carácter de profesor de una escuela de fútbol habría vulnerado a un niño de 13 años, bajo la promesa de incorporarlo como parte del equipo titular de un club de la localidad de Areguá.

Ahora es un juzgado penal de Garantía el que deberá admitir la imputación y se tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si el imputado estará privado de libertad o estará con medidas alternativas a la prisión.

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Los antecedentes refieren que, en el mes de agosto del 2024, en el interior de una vivienda, el imputado supuestamente cometió actos sexuales con un menor, cuyos episodios se registraron en reiteradas ocasiones, tanto en el domicilio del procesado como en el de la víctima.

Conforme a la investigación, se presume que el hombre cuenta con filmaciones en su teléfono celular de situaciones similares, donde el mismo habría practicado actos sexuales con otros chicos que forman parte del entorno de la víctima, con la misma promesa, aprovechándose de la indefensión de los mismos.

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