El agente fiscal Marcial Machado, imputó a Oscar Reinaldo Zárate Recalde por coacción sexual y violación, abuso sexual en personas bajo tutela y estupro. Asimismo fue imputado Justo Adolfo Zarza Ruíz Díaz por coacción sexual y violación e intervención en el suicidio y estupro. Ambas personas habrían abusado de una joven estudiante de 16 años, quien luego decidió suicidarse el pasado 13 de octubre en su vivienda.
El representante del Ministerio Público solicitó al juzgado penal de garantías la prisión preventiva para los dos imputados. Tanto el docente de una escuela secundaria, donde era estudiante la joven víctima, y el propietario del motel situado en el barrio Republicano de Asunción, fueron detenidos por agentes de Homicidios de la Policía Nacional.
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De acuerdo a los datos, el pasado 10 de octubre, alrededor de las 19:30, el docente y la alumna, habrían salido juntos y fueron hasta el barrio Republicano e ingresaron al motel “Sanders”. Luego la joven fue interceptada por Zarza, dueño del motel, y bajo amenaza, también abusó de ella.
Posteriormente, la joven fue asistida en un centro asistencial donde decidió denunciar lo que pasó. Luego intervino el Ministerio Público quien realizó un arduo trabajo para poder llegar a los supuestos responsables del hecho. Debido al terrible caso la adolescente decidió quitarse la vida días después.
Los imputados deberán comparecer para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si son remitidos a una cárcel de nuestro país.
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Cámara Alta resuelve endurecer penas para casos de abuso sexual a menores
La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cambios introducidos por los Diputados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.
La iniciativa fue aprobada este miércoles 20 con el voto positivo de 36 legisladores y con esto, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las diferentes comisiones recomendaron acompañar los cambios realizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.
La ley sancionada contempla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de libertad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.
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“El texto de Diputados introdujo mejoras de forma, que ameritan ser aceptadas. Propone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el senador Luis Pettengill, presidente de la referida comisión.
Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, celebró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejemplares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.
“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudadanos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo.
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En la misma línea opinó su colega, Rubén Velázquez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Paraguay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son necesarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abusos infantiles vamos a necesitar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.
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Triple choque en Sanber: imputan a conductor que causó accidente y piden su prisión
La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino.
Ahora la jueza penal de Garantía de Caacupé, Silvia Cáceres, deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si se ordena la prisión del autor del terrible accidente que acabo con la vida de varias personas.
Igualmente, de acuerdo a los primeros reportes se confirmo que el conductor que ocasionó el accidente de tránsito dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.
Sanabria Vierci también resultó con varias lesiones y tuvo que ser trasladado hasta el Hospital San Roque de Asunción. El mismo estaba al mando de una Volkswagen Tuareg, de color azul. Actualmente se encuentra bajo custodia policial.
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En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes; tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.
La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma.
El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.
En una cámara de circuito cerrado se observa que el vehículo al mando de Sanabria Vierci cruzó en el carril contrario y embistió de frente contra los vehículos.
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Imputan a Luis Montanaro por coacción luego de amenazar a fiscala Ruth Benítez
El agente fiscal Federico Delfino presentó imputación en contra de Luis Augusto Carlos Montanaro Bedoya por el hecho punible de coacción, luego de la amenaza que recibió la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien investiga a Montanaro por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.
Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó al juzgado penal de Garantía, a cargo de la magistrada Clara Ruiz Díaz, la prisión preventiva del imputado. Ahora Montanaro deberá ser convocado por el juzgado de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, ocasión en que se definirá si el imputado estará privado de su libertad o no.
De acuerdo al acta de imputación, el día 3 de noviembre, en horas de la tarde, Montanaro se dirigió hasta la Florería Franco, ubicada sobre la Avda. España entre Santa Ana y San Rafael de la ciudad de Asunción, en donde habría consultado a una de las vendedoras del citado local comercial sobre el costo de unos ramos de flores, y posteriormente antes de retirarse habría dado instrucciones a la misma de que una persona posteriormente vendría abonar el costo de los mismos con las indicaciones de entrega.
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El hoy imputado, luego de retirarse de la Florería Franco, se habría comunicado telefónicamente con José Daniel Alderete Vázquez para que este realice una labor a pedido del mismo. Es así que se concreta una reunión en el lugar indicado por Montanaro, que fue en el Edificio Gral. Genes 623 de la Capital. En dicho lugar, Montanaro Bedoya habría entregado a Alderete tres sobres conteniendo unas esquelas, las cuales iban dirigidas a la Sra. Ruth Benítez, y a otra mujer, más la suma de G. 700.000 y unas direcciones en la ciudad de Asunción.
También refiere el acta de imputación que Montanaro Bedoya habría dado indicaciones a Alderete para que se apersone hasta la Florería Franco a fin de proceder al pago de tres ramos florales que el mismo habría consultado momentos antes y que dichos arreglos florares sean entregados en los domicilios proveídos por el mismo con los sobres señalados anteriormente. Con las instrucciones dadas por el hoy imputado, Alderete Vázquez se habría constituido ante la Florería Franco y procedió a realizar el mandato dado por Montanaro Bedoya, señala parte del acta de imputación presentada contra Montanaro.
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Padres exigen reincorporación de docente y directora denunciadas por supuesto maltrato
Este lunes, padres del segundo grado de la escuela Cristóbal Colón de la ciudad de Ñemby se manifestaron frente a la institución para solicitar que la docente y directora vuelvan a sus cargos. Ambas fueron denunciadas por supuesto maltrato contra un alumno a quien la docente no dejó ir al baño.
Según Beatriz Ayala, vocera de los padres del segundo grado, están bastante indignados con la decisión de apartar a la profesora Nidia Cardozo, quien es bastante apreciada por sus alumnos. Resaltó que es injusta la denuncia realizada por la madre y que afectó a todos los estudiantes del curso.
“El jueves pasado fue apartada tras la denuncia de una madre por supuesto maltrato verbal y psicológico al niño. Desde el año pasado tenemos problemas con esta mujer y es la única mamá que crea inconvenientes, ahora dejó sin profesora a todos los alumnos del segundo”, detalló Ayala, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Explicó que en el 2023 también realizó varias quejas contra otra docente y que aparentemente sería una mujer conflictiva. “La manifestación la hacemos para pedir el reintegro de la profe Nidia, del segundo grado y de la directora Beatriz Martínez. Es lamentable lo que estamos pasando todos en este momento”, aseguró.
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Profe muy querida
La madre refirió que los chicos quieren mucho a su profesora y que a raíz de la denuncia no están desarrollando clases, afectando el rendimiento de los alumnos. A todo esto se suma que están a una semana de los exámenes finales y que requieren de ayuda para el repaso.
“A raíz de la denuncia de esta señora nuestros hijos están afectados psicológicamente porque quieren a su profe y preguntan cuándo va a volver. Es una de las pocas docentes que es recibida con los brazos abiertos por sus alumnos, la acompañan hasta el salón de clases y ahora no puede acercarse a ellos”, detalló en LN.
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Pedido a la supervisión
Este lunes, un grupo de padres llegó hasta la supervisión y entregó una nota en la que solicitan la reincorporación de la docente y de la directora. La nota pasará a Dirección Departamental, pero el periodo de respuesta sería dentro de 6 meses a un año, mientras los alumnos terminarán en año lectivo sin profesora.
“La nota está firmada por varios padres, que acompañan nuestro reclamo. La manifestación seguirá y esperamos tener una respuesta más rápida. Tenemos mucha confianza en la directora y la profe Nidia, que desde hace cinco años forma parte del plantel docente y nunca hubo quejas de ella”, aseguró.
Agregó que la madre del niño, refirió que su hijo tiene problemas renales y que la docente le negó la posibilidad de ir al baño, que esta situación afectó psicológicamente a su pequeño. “Esta persona no presentó pruebas para la denuncia, lo hizo verbalmente. Existe mucha incoherencia en la denuncia que ella hizo”, puntualizó.
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