El juez José Delmás decretó la prisión preventiva de Roberto Garcete Rodríguez, expresidente del Club Resistencia, quien está imputado por los delitos de usura, lavado de dinero y asociación criminal, por ser parte presuntamente del esquema de Ramón González Daher.
Delmás sostuvo que existe peligro de fuga y obstrucción a la investigación, así como señaló la fiscala Belinda Bobadilla.
Ahora la defensa del imputado tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien tendrá que estudiar si corresponde confirmar la prisión del imputado o se ordena su libertad.
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De acuerdo a la investigación fiscal, Roberto Garcete, su esposa Lidia Cano y sus hijos, Roberto Alejandro Garcete Cano y Fabiana Garcete Cano, están investigados por supuestamente haber formado parte del esquema del condenado Ramón González Daher y la víctima en este caso fue Miguel Eladio Brítez, quien por un préstamo de G. 200 millones, que pagó incluso de más, fue despojado de su casa, que tenía un valor de G. 1.500 millones.
Del mismo modo en la presente causa penal está imputada la escribana María De Lourdes Duarte Franco, por lavado de dinero, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, declaración falsa y asociación criminal.
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Farsa de Abdo: sus aliados frenan desafuero que él pidió
Hace un año, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, requiere que el Senado despoje de sus fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la finalidad de que enfrente a la justicia en el caso de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El pedido fue remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera el 14 de marzo del 2024 tras la admisión de la imputación fiscal por la revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Desde entonces, los aliados de Abdo Benítez impidieron que sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo. El pasado 12 de marzo, con bombos y platillos, el expresidente anunció mediante sus redes sociales oficiales que solicitaría su desafuero como senador vitalicio, al tiempo de arremeter contra el Ministerio Público y calificarla como una institución “sometida a un grupo de poder”.
Este anuncio al parecer fue parte de un show montado por Abdo Benítez y su entorno, ya que el requerimiento del órgano extrapoder continua pendiente de estudio en el pleno a raíz de las trabas impulsadas por los abdistas y aliados opositores que obstruyen la labor de la justicia.
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La artimaña dilatoria en busca de impunidad quedó totalmente evidenciada luego de su incomparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que por solicitud de sus leales, los legisladores Lilian Samaniego y Rafael Filizzola, optó por convocarlo el día de ayer, martes 1 de abril, para dar su versión de los hechos que se le atribuyen.
Sin embargo, terminaron acudiendo solo sus abogados Enrique Kronawetter y César Trapani, pese a que con anterioridad Mario Abdo había expresado su predisposición de aclarar su situación, colocando incluso su “cabeza a disposición”.
En medio de un show mediático, también había solicitado el cese de una supuesta persecución contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, con la intención de evitar que perciban la orfandad política de parte de su líder.
En la ocasión, los abogados no lograron refutar las pruebas en contra ni presentar argumentos sólidos que demuestren la inocencia de Marito y derriben las acusaciones de que en su gobierno se montó un esquema de persecución política y terrorismo de Estado contra sus adversarios.
No obstante, el bloque asesor por mayoría de sus miembros terminó aconsejando dar vía libre al desafuero del colorado disidente. La bancada del movimiento Honor Colorado acompaña el pedido de desafuero realizado por el propio Abdo Benítez y la Fiscalía.
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Vínculo de Cartes con Israel expone el terrorismo de Estado en la era Abdo
“Esto tiene un gran mensaje político, se da en un momento muy importante”, dijo el abogado Pedro Ovelar al referirse sobre la visita realizada por el expresidente de la República y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, a Israel. Agregó que el acontecimiento terminó demostrando la instalación de un esquema de terrorismo de Estado y persecución política contra su cliente durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Cartes fue invitado por el estado de Israel para hablar de la lucha contra el antisemitismo, justamente cuando la sanción más grave de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos se centró sobre este punto”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las sanciones aplicadas por el país norteamericano al empresario derivaron de las acusaciones sobre los presuntos vínculos que mantiene con Hezbolá. La campaña de vincular a Cartes con el grupo terrorista, considerado como uno de los principales enemigos de Israel fue impulsado por el abdismo en confabulación con poderosos medios de comunicación y una oposición sumisa.
“Se demostró que fue una campaña de denuncias falsas, montada por el exgobierno. En marzo del año 2022 ellos enviaron un informe manipulado y falso a FINCEN en EE. UU., lo que derivó en su sanción en julio del 2022″, comentó Ovelar.
El intento de vincular a Cartes con el grupos terroristas fue desplegado con fuerza en junio del año 2022, meses antes de los comicios internos del Partido Colorado, que se desarrollaron el 18 de diciembre del mismo año. En ese entonces, el líder de Honor Colorado y el exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, disputaban la titularidad de la Junta de Gobierno de la nucleación.
Llamativamente, la campaña también fue desatada en el marco de los comicios presidenciales realizados el 30 de abril del mismo año. El esquema contó con una activa participación del entonces embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, de acuerdo a las denuncias realizadas por cercanos a Cartes.
Antecedentes
Uno de los puntos centrales del intento de vinculación a Cartes con terroristas fue la falsa denuncia impulsada por el entonces ministro de la Seprelad, René Fernández, quien sin fundamentos ni argumentos denunció a la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) por posibles conexiones con el terrorismo, en el famoso caso conocido como el “avión iraní”.
La industria tabacalera tenía en ese entonces entre sus principales accionistas a Cartes. La acusación formulada en el gobierno de Abdo Benítez apuntaba a generar no solo un daño político, sino también moral y económico para sacarlo de la arena electoral.
Mediante discursos coordinados, el abdismo instaló con fuerte respaldo de medios aliados que la aeronave con matrícula venezolana YV3531 transportaba en su interior a tripulantes relacionados con supuestos grupos terroristas. Las 18 personas incluso fueron involucradas de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbolá de Líbano.
El avión hizo una operación de traslado de mercadería de exportación, más específicamente, 7.086 cajas de cigarrillo vendidas por la firma Tabasa a Tabacal Free Zone Nv, empresa ubicada en el país de Aruba. Recientemente el Ministerio Público requirió la desestimación de la causa al no encontrarse elementos que sustenten la acusación.
“La desestimación de la causa ratifica la falsedad así como la persecución a un inocente orquestado desde el anterior gobierno. Acá hubo un presidente que en convivencia con el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, montaron todo este show mediático, político que está hoy en día absolutamente desbaratado”, sentenció.
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Ratifican prisión del hermano de Cucho Cabaña
La Cámara de Apelaciones ratificó la prisión preventiva de Marcelo Cabaña, hermano de Reinaldo “Cucho” Cabaña, procesado por el operativo Berilo donde está igualmente acusado Cucho y otras personas más. La abogada Giselle Gutiérrez, defensora del acusado Marcelo Cabaña, indicó que el mismo padece de tuberculosis pulmonar y lo ideal sería que se realice el tratamiento en su domicilio.
Por su parte, la fiscala Ingrid Cubilla sostuvo en su escrito que conforme a la calificación provisoria de los hechos atribuidos al acusado, la pena mínima no se encuentra superada y los hechos graves que le son atribuidos al acusado: tenencia sin autorización y comercialización de sustancias estupefacientes, cuyo marco penal que prevé una sanción de entre 5 y 15 años de pena privativa de libertad.
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Acusación
El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas más.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), llevaron a cabo más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
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Frente Guasu homenajeará a Lugo y critica rol de la oposición
A través de una plenaria los partidos y movimientos que conforman la concertación del Frente Guasu (FG) decidieron que el 20 de abril rendirán un homenaje al expresidente de la República, Fernando Lugo, recordando su triunfo en las elecciones generales del 2008 ante la Asociación Nacional Republicana (ANR).
Detallaron que la actividad denominada Aty popular servirá para establecer un debate amplio entorno a propuestas y alternativas “para volver a concretar el gran cambio en nuestro país”. Entre las conclusiones y resoluciones tomadas se argumenta que la reactivación de la coalición surge con el objetivo de acompañar los “grandes reclamos populares”.
“Después del golpe parlamentario que truncó las esperanzas de miles de compatriotas, el Frente Guasu siguió acompañando las luchas y las movilizaciones populares; la bancada parlamentaria continuó defendiendo y reivindicando los derechos de los trabajadores, de las familias campesinas, de los pueblos indígenas, de las mujeres y jóvenes, de la soberanía nacional, y batallando por el otro país: el Paraguay democrático, popular y socialista”, señala el comunicado emitido.
Los dirigentes políticos de izquierda sostienen que “posterior a los resultados electorales del 2023, cada uno de nuestros partidos analizamos los errores cometidos, las autocríticas no se limitaron solamente a cuestiones electorales; hay causas políticas y tácticas equivocadas que debilitaron el proyecto estratégico, errores que hoy son asumidos y nos compromete a su rectificación y superación”.
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De esta manera indican que la reactivación se dará en los diferentes distritos y departamentos del país, mediante reuniones, asambleas, debates, tras cuestionar el rol que ejercen actualmente los partidos y movimientos de oposición con cargos electivos.
“Gran parte de la oposición olvidó de debatir y defender una agenda social; los derechos laborales de la clase trabajadora, la reforma agraria, las denuncias contra los arbitrarios desalojos, la persecución a los pueblos indígenas, la gratuidad de la salud y la educación pública, la equidad tributaria, la defensa de la soberanía nacional, el medio ambiente y los recursos naturales han casi desaparecido del debate político”, indica el comunicado.