La fiscal Alma Zayas tiene un año más de tiempo para poder investigar al exintendente de San Pedro del Ycuamandyyú, Gustavo Benítez, y otras personas por lesión de confianza. Foto: Archivo
Otorgan sobreseimiento provisional a exintendente de San Pedro del Ycuamandyyú
Compartir en redes
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú hizo lugar al sobreseimiento provisional del exintendente de San Pedro del Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez, y a otros siete imputados por lesión de confianza donde inicialmente se sostuvo que existió un perjuicio patrimonial de G. 6.906.370.169. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
La fiscal Alma Zayas solicitó el sobreseimiento provisional debido a que se tiene varias diligencias pendientes de realización por lo que requiere más tiempo para poder cerrar la investigación. En caso de encontrar elementos contra los investigados el Ministerio Público podrá reabrir el caso y presentar la acusación contra los investigados.
El magistrado argumentó la resolución judicial “observamos que el Ministerio Público no ha podido recolectar los elementos probatorios necesarios en la etapa preparatoria para sostener una eventual acusación en la presente causa, por lo que la solicitud de dicho requerimiento responde necesariamente a una situación objetiva de insuficiencia probatoria respecto a las características delictivas del suceso investigado y de la autoría y/o responsabilidad del imputado.”
Antecedentes
Según el acta de imputación formulada por la agente del Ministerio Público Victoria Acuña, el exjefe comunal y los demás procesados tuvieron participación en un perjuicio patrimonial a la municipalidad de esa ciudad, de G 6.906.370.169.
Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón y Francisco Balbino González, quien ocupó de manera interina por 9 días la intendencia, en su calidad de ordenadores de gastos, habrían firmado han firmado órdenes de pago, cheques y contratos sin que exista documento de respaldo, pero de todas formas se realizaron los desembolsos.
El exintendente de Independencia, Francisco Arnaldo Chávez, fue encontrado culpable por el hecho punible de contrabando, tras el decomiso de 3.000 kilos de azúcar brasileña. Foto: Jorge Jara
Contrabando de azúcar: condenan a 5 años de cárcel a exintendente de Independencia
Compartir en redes
El tribunal de sentencia, integrado por los jueces Gloria Hermosa, Cristian González y Darío Báez, condenó a 5 años de cárcel al exintendente de la Municipalidad de Independencia, Francisco Arnaldo Chávez, quien fue encontrado culpable por el hecho punible de contrabando, tras un decomiso de 3.000 kilos de azúcar brasileña. El agente fiscal del presente caso fue Miguel Quintana Larrea.
Durante el desarrollo del juicio oral y público el fiscal demostró que el exjefe comunal fue autor del contrabando de azúcar, ocurrido en junio del año 2020. Chávez compró 3.000 kilos de azúcar brasileña, distribuidos en paquetes de 5 kilos, y lo depositó en el propio salón multiuso de la Municipalidad y ordenó a empleados municipales el cierre del lugar para que nadie tenga acceso a las mercaderías y posteriormente disponer de ellas.
El Tribunal de Sentencia tuvo como probado el hecho acusado por el Ministerio Público. Las instituciones involucradas en la investigación y confirmación de los hechos fueron la Policía Nacional, Departamento Especializado contra Hechos Punibles Económicos, funcionarios de la Dirección Nacional de Aduana y de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (C.O.I.A.).
La defensa del exjefe comunal tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será una cámara de apelaciones quien tendrá que estudiar si corresponde ratificar la condena dictada en primera instancia.
Condenan a 4 años y 6 meses de cárcel a exintendente de Mariscal Estigarribia
Compartir en redes
Un tribunal de sentencia, integrado por los jueces Elsa García, Adriana Planás y Mathías Garcete, condenó a 4 años y 6 meses de cárcel luego de ser encontrado culpable por el delito de lesión de confianza al exintendente de Mariscal Estigarribia, Chaco, Eladio Alcaraz.
El colegiado sostuvo que la conducta de Alcaraz fue grave y dolosa debido a que el perjuicio ocasionado fue de los fondos del Fonacide, que debían ser destinados para el desarrollo del niño y del adolescente de la zona de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, un tribunal de apelación tendrá que resolver si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.
Según la acusación por lesión de confianza, el exjefe comunal habría causado un perjuicio patrimonial de G. 1.054 millones durante su gestión al frente del Municipio. El exintendente omitió presentar la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal del 2013 ante la Junta Municipal y también a la Contraloría General de la República.
Asimismo, la Fiscalía sostuvo que se habría elaborado documentación en blanco para justificar las erogaciones, como contratos, realización de obras y mejoras en instituciones educativas de comunidades indígenas en las que no se realizaron.
Otorgan arresto domiciliario al exgobernador de Presidente Hayes, Óscar Núñez
Compartir en redes
Un Tribunal de Sentencias hizo lugar al arresto domiciliario para el exgobernador de Presidente Hayes, Óscar Venancio Núñez, condenado a 11 años de prisión luego de ser encontrado culpable por los delitos por lesión de confianza, administración en provecho propio y otros. La presente sentencia fue apelada por la defensa de Núñez y el caso está para su estudio en la cámara de apelación donde se definirá si corresponde anular la sentencia y se haga un nuevo juicio.
El colegiado hizo lugar al arresto domiciliario imponiendo una fianza de G. 53.000 millones y cumplirá la resolución judicial en su casa ubicada en la ciudad de Benjamín Aceval.
El Ministerio Público se opuso al arresto domiciliario y por tal motivo no se descarta que se apele la resolución judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación que estudie y decida si corresponde confirmar la resolución judicial.
Óscar Venancio Núñez fue sentenciado en primera instancia por presuntamente ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 42.500 millones a la gobernación de Presidente Hayes. El Ministerio Público sostuvo la acusación durante el desarrollo de la audiencia oral y pública.
El juez de Ejecución, Carlos Mendoza, dispuso la prisión domiciliaria del exministro del MEC, Luis Alberto Riart, condenado a 3 años de cárcel por lesión de confianza. Foto: Archivo
Otorgan prisión domiciliaria al exministro del MEC, Luis Riart, condenado por lesión de confianza
Compartir en redes
El juez de Ejecución, Carlos Mendoza, dispuso la prisión domiciliaria del exministro de Educación (MEC), Luis Alberto Riart, condenado a tres años de cárcel por lesión de confianza y quien estaba cumpliendo su condena en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
El magistrado decidió otorgar la prisión domiciliaria por el plazo restante de su condena, debiendo pasar a guardar reclusión en su domicilio, ubicado de la calle Juan Zorrilla de San Martín, del Barrio San Vicente de la ciudad de Asunción.
Asimismo, se dispuso el estricto control de la Policía Nacional y del Trabajador Social, quien deberá constituirse en el domicilio de Riart en forma mensual e informar al Juzgado. El sentenciado no podrá abandonar el país ni cambiar de domicilio.
Riart fue el titular del MEC durante el gobierno de Fernando Lugo. El exsecretario de Estado fue condenado por la compra irregular de un edifico para el MEC, el mismo correspondía al Excelsior, ubicado en 15 de Agosto entre Presidente Franco y Benjamín Constant, de Asunción, el cual era propiedad de María Josefina Scavone.
El edificio estaba valuado en G. 12.579.600.000 y fue adquirido por el MEC en la administración de Riart por G. 14.045.123.400, a modo de urgencia en el año 2014. Debía albergar oficinas para unas 200 personas, pero la Fiscalía constató en su momento que no había urgencia para la compra. Posteriormente, el Ministerio Público halló contradicciones en el proceso, debido a que primeramente se realizó la compra vía excepción y luego se llamó a licitación para la remodelación del edificio.