El Tribunal de Apelaciones integrado por los jueces Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez, ratificó la prisión preventiva Elián López Torres, imputado por el delito de lesión grave, tras arrojar una copa de vidrio a la joven Dahiana Benítez, ocasionándole la pérdida de un ojo, en un local nocturno. De esta manera, se confirma la resolución del juez penal de Garantía Rolando Duarte, quien había decretado la prisión del imputado.

Los camaristas mencionaron que existe aún el peligro de fuga en el presente caso, así como peligro de obstrucción de la investigación del Ministerio Público, por lo que corresponde ratificar la prisión del imputado, refiere la resolución judicial.

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La defensa del procesado había apelado la resolución judicial tratando de que el tribunal de apelación pueda revocar la determinación del juzgado de Garantía y el imputado pueda estar en arresto domiciliario, pero tal situación no se generó y el joven seguirá privado de su libertad.

De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, el joven había arrojado una copa de vidrio a la víctima, quien acabó perdiendo un ojo luego del impacto de dicho objeto contra su rostro.

Por su parte, los familiares de la joven víctima del hecho piden justicia por el grave suceso que se registró y que el presente caso no quede impune.

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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú indicó que el equipo de fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez cuenta desde este miércoles con 10 días hábiles para volver a examinar los reportes de indicios punibles emitidos por la Contraloría que hacen mención a un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1,6 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente de la entidad, Vicente Bataglia.

“Ayer martes se sugirió la providencia de oposición. Este juzgado entiende que es necesario que el Ministerio Público vuelva a examinar con mayor detenimiento los puntos u observaciones que hizo la Contraloría”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El magistrado acotó que “en esta primera etapa de este trámite los fiscales intervinientes pueden ratificarse de lo que ya han suscrito o pueden rectificar”. Sostuvo que “a partir de hoy disponen de 10 días hábiles para poder hacer ese análisis, lógicamente eso queda al arbitrio de los agentes si se utilizará o no todo esos plazos”.

De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública, por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que puedan proseguir la investigación.

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El médico es investigado por lesión de confianza y estafa. También sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina, quienes fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.

El 31 de octubre pasado los agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría y un grupo de parlamentarios de la oposición bajo el argumento que durante la etapa investigativa se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.

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“Tiene que haber una sanción para aquellos administradores que desvían su comportamiento y manejan mal los recursos del asegurado”, manifestó el asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González. Se refirió de este modo al cuestionar la solicitud de desestimación de la denuncia contra el expresidente de la institución Vicente Bataglia, investigado por lesión de confianza y estafa.

También sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.

“Nos sorprende este pedido, es apresurado que hayan llegado a esta conclusión. Nosotros tenemos una auditoría pendiente de fiscalización por parte de la auditora interna del IPS y el perito de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que este es un elemento necesario que debe contar el Ministerio Público a fin de poder concluir su investigación y determinar si hay una conducta penal relevante”, manifestó González a la 1020 AM.

El pedido de desestimación al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos fue realizado por el equipo de agentes fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez. “Ellos estaban en conocimiento de que hay una auditoría pendiente”, dijo González.

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Recordó que la investigación fiscal contra Bataglia y sus excolaboradores inició en setiembre del 2023, tras la presentación de 3 reportes por parte de la Contraloría General de la República al IPS y al Ministerio Público donde se hacía mención de un perjuicio patrimonial.

Sin embargo, los agentes del Ministerio Público, a través de un documento de 24 páginas, sostienen que durante la etapa investigativa se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.

González mencionó que de prosperar el pedido de desestimación aguardarán los resultados de la auditoría para requerir la “reapertura de la causa al existir hechos nuevos que ameritan que sean investigados”.

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su sesión ordinaria de este miércoles, decidió designar a los actuales actuarios judiciales Diego Alejandro Torres Sandoval y Marcelo Rocholl Salinas, como nuevos jueces del fuero civil y comercial. Los altos magistrados consideraron que la elección de ambas ternas fue muy difícil, teniendo en cuenta la preparación de cada uno de los ternados.

Rocholl Salinas ocupará el juzgado civil y comercial del cuarto turno, mientras que Torres Sandoval estará en el juzgado civil y comercial del undécimo turno. Ambos pasaron por todas las etapas antes de llegar a la magistratura judicial.

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Igualmente, los ministros de la Corte designaron a Carlos César González Ríos, en carácter de miembro del Tribunal de Apelación en lo civil, comercial y laboral, Circunscripción Judicial de Cordillera. A Sandra Stefani Salinas Presentado, en carácter de juez Penal de Sentencia N° 4 Circunscripción Judicial de Cordillera.

Del mismo modo fue designada Cynthia Margarita Sostoa Santander, en carácter de juez Penal Itinerante de Asunción, Circunscripción Judicial de la Capital. A Liz Paola Mongelós Aguilera, en carácter de juez de Primera Instancia en lo Penal de la Adolescencia de Asunción, Circunscripción Judicial de la Capital. La lista de designaciones para los cargos sigue con Fernando Aníbal Ortiz Medina como juez Penal de la Adolescencia, Circunscripción Judicial de Boquerón.

También fue designada Mariela Patricia Hicks Cantero, en carácter de agente fiscal de Cuentas. Cleider Marlene Velázquez López, fue nombrada como agente fiscal itinerante. Igualmente, Guido Germán Rojas Moreira, en carácter de defensor público para el Juzgado de Primera Instancia de Luque, Circunscripción Judicial de Central y otros.

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