El juicio oral y público para Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira, accionista y directora de la firma Imedic SA, acusados por producción de documentos no auténticos y otros delitos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia del covid-19, ya está entrando en su etapa final y este lunes declararon dos acusados ante el Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar el presente caso.
Los procesados Carlos Gamarra y Gustavo Adolfo Acosta hicieron uso de su derecho y declararon ante los jueces de Sentencia que tienen a su cargo juzgarlos por los delitos mencionados más arriba. Los mismos comentaron al Tribunal de Sentencia sobre la labor que les tocó realizar.
La audiencia oral prosigue el próximo lunes 9 de octubre con la oportunidad de que Justo Ferreira, su hija u otros acusados, puedan hacer uso de su derecho y declarar en el presente juicio oral y público. Una vez que se realice dicha diligencia ya se ingresará a la etapa de la presentación de los alegatos finales en el presente caso, en el que la Fiscalía pedirá los años de condena para los procesados en el presente caso.
Los jueces de Sentencia Elsa García, Juan Pablo Mendoza y Yolanda Morel, son los que tienen a su cargo juzgar el presente caso. El Ministerio Público sostiene que se ha probado la existencia de los hechos punibles acusados contra los Ferreira, así como para los demás acusados en el presente caso,.
Están acusados en el presente caso el funcionario de Aduanas Guillermo Molinas, Justo Ferreira, Patricia Ferreira y otros.
Antecedentes
En julio de 2021 el juez Humberto Otazú elevó a juicio oral y público el proceso penal del clan Ferreira. La determinación del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia preliminar.
Esta resolución judicial fue apelada por la defensa de los procesados y en setiembre del mismo año el Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Gustavo Santander, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín, ratificó que Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y otros procesados deberían enfrentar un juicio oral y público.
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