La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cambios introducidos por los Diputados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.

La iniciativa fue aprobada este miércoles 20 con el voto positivo de 36 legisladores y con esto, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las diferentes comisiones recomendaron acompañar los cambios realizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.

La ley sancionada contempla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de libertad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.

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“El texto de Diputados introdujo mejoras de forma, que ameritan ser aceptadas. Propone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el senador Luis Pettengill, presidente de la referida comisión.

Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, celebró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejemplares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.

“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudadanos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo.

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En la misma línea opinó su colega, Rubén Velázquez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Paraguay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son necesarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abusos infantiles vamos a necesitar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

En setiembre de 2023, Lucas Gabriel González Leiva fue condenado a 12 años de cárcel por la muerte del niño de 11 años, Francisco Samuel Moreira Benítez, por atropellarlo en la vereda donde compartía con su familia. El joven estaba alcoholizado y drogado, según se demostró en juicio. El 1 de noviembre pasado obtuvo arresto domiciliario y la medida generó mucho dolor en la familia del niño. Sonia Benítez Duarte, madre del pequeño, anunció que continuarán exigiendo justicia y apelarán la medida otorgada.

“Me siento indignada, impotente, es una situación que no esperábamos, una condena de 12 años, un juicio que nos llevó casi tres años concluir y, en un día, resuelven arresto domiciliario, es de no creer, pero había sido que se puede”, dijo Sonia Benítez a La Nación/Nación Media. Explicó que la defensa de Lucas Gabriel había apelado la sentencia de condena y un tribunal le concedió sobre la medición de la pena y “nos querían mandar nuevamente a un juicio oral que debía realizarse el 1 de noviembre, lo que es una total injusticia”.

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Comentó que presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia y, “al día siguiente, (defensores de Lucas Gabriel) ya pidieron revisión de medida que el tribunal rechazó, porque era imposible justificar eso con un condenado a 12 años de prisión”. Agregó que “los defensores del autor volvieron a apelar y en menos de 24 horas, la Cámara de Apelaciones resolvió concederles el arresto domiciliario”.

Anunció que recurrirán a la CSJ porque “no podemos permitir esta desfachatez, cómo vamos a hablar de justicia si es tan fácil que un condenado a 12 años tenga su prisión domiciliaria”. “De los tres miembros de la cámara, dos votaron a favor de la medida; la preopinante y la principal es Marta Isabel Acosta Insfrán, no sé cuanto habrá recibido, lo diré así directamente, porque es demasiado obvio”, dijo la madre del niño fallecido.

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El hecho que llevó a la condena y ahora la medida de arresto domiciliario, ocurrió el 15 de noviembre de 2020, a las 20:50. Lucas Gabriel González Leiva, bajo los efectos del alcohol y las drogas, al mando de un automóvil, atropelló y causó la muerte de Francisco Samuel Moreira, quien tenía 11 años. El trágico accidente fue sobre la avenida San José, en el kilómetro 6,5. de Ciudad del Este. Lucas conducía a alta velocidad un automóvil Toyota Premio de color perla, con matrícula AACU 314.

Primero chocó contra un vehículo estacionado al lado de la carretera y, mientras huía de ese primer percance, atropelló y mató al niño, quien estaba con su familia en la vereda de una hamburguesería. Luego del atropello, el vehículo se estrelló contra una columna de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que por el impacto cayó sobre el rodado y ocasionó lesiones al conductor.

• San Francisco, Estados Unidos. AFP.

El hombre que atacó con un martillo al esposo de la exlí­der parlamentaria demócrata Nancy Pelosi en 2022 fue sen­tenciado a cadena perpetua por un tribunal de California.

David DePape, quien irrum­pió en la casa de la pareja en San Francisco y golpeó a Paul Pelosi en un horrible ataque que fue grabado por cámaras policiales, ya cumple una sen­tencia federal de 30 años por el incidente.

Un juez de San Francisco emi­tió el veredicto de prisión per­petua por secuestro agravado, entre otros cargos.

En octubre de 2022, cuando ocurrió el ataque, Nancy Pelosi era la segunda per­sona en la línea presidencial estadounidense y era regu­larmente blanco de teorías de conspiración alimentadas por la extrema derecha.

Brooke Jenkins, fiscal distri­tal de San Francisco, saludó la sentencia y calificó el inci­dente como un “horrible ata­que hacia uno de nuestros líderes, una familia y hacia nuestra democracia”.

“No podemos permitir que la violencia política se vuelva normal y tenemos que actuar rápidamente para garantizar que haya serias consecuen­cias para quienes intimidan por medio de la violencia a nuestros líderes electos”, agregó Jenkins.

El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.

En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.

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La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.

Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.

La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.

En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.

La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.

Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.

En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.

Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.

Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.

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“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.

Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.

Fuente: AFP