El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio logró nuevamente la suspensión de su audiencia preliminar fijada para este jueves con la presentación de una reposición con apelación en subsidio, bajo el argumento de que accedieron de manera tardía a la acusación fiscal y requieren un mayor tiempo para interiorizarse sobre las evidencias en la causa que enfrenta por presunto cohecho pasivo agravado.
“Pedimos ayer (miércoles) la reposición de plazo del artículo 352 que regula esta audiencia, un plazo de cinco días hábiles dentro del cual las partes deben examinar la carpeta fiscal. Tenemos constancia de que recién el 29 de agosto nos entregaron la carpeta porque estaba en proceso de digitalización”, afirmó el abogado Guillermo Duarte Cacavelos mediante una entrevista con los medios de prensa.
Sin embargo, el juez penal de Garantías José Delmás declaró improcedente el pedido, bajo el argumento de que el expediente judicial ya se encontraba a disposición en formato digital desde el día que se presentó la acusación contra el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas y que la providencia que llama a preliminar se ajusta a derecho, ya que respetó el plazo de ley para convocar al acusado.
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De esta manera el expediente subirá al Tribunal de Apelación, que estará a cargo de destrabar el caso. Giuzzio fue imputado hace un año, el 16 de agosto de 2022, ante las sospechas de que habría recibido una coima por parte del supuesto capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, actualmente detenido en su país.
El documento, que contiene las evidencias obrantes y que fue remitido semanas atrás por la Fiscalía al juez Delmás, presentando la acusación y solicitando juicio oral y público, refiere que aproximadamente desde el mes de julio de 2021 hasta febrero de 2022 Giuzzio, en su carácter de ministro del Interior, mantuvo contacto personal y comunicación directa con Marcus Vinicius, quien administraba y dirigía las empresas Black Eagle Group SA - Ombu SA.
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Filtración Seprelad: la Corte rechazó chicanas de Giuzzio y caso se destraba
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrado por los ministros Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gustavo Santander rechazó las últimas dos chicanas que presentaron Arnaldo Giuzzio y Daniel Farías, imputados por siete hechos punibles que tienen relación con el caso conocido como filtración de información de Seprelad donde también está imputado el expresidente de la República Mario Abdo Benítez.
Los abogados Emilio Fuster, defensor de Giuzzio; y Enrique Kronawetter, representante legal de Daniel Farías, presentaron una apelación contra la resolución del Tribunal de Apelación que había otorgado seis meses más de tiempo al Ministerio Público para que pueda presentar su requerimiento conclusivo.
La Corte declaró inadmisibles los recursos planteados por los dos imputados argumentando que “corresponde declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto atendiendo a que, si bien se trata de una resolución originaria del Tribunal de Apelación, el mismo no ha fundado debidamente su recurso, ya que se ha limitado a expresar como motivo de agravio que la resolución apelada es infundada”.
Asimismo, menciona el fallo judicial que “tampoco el apelante ha establecido cual es el agravio que le ocasiona la concesión de la prórroga extraordinaria, y por lo tanto no es posible para esta Sala Penal realizar el análisis de lo invocado”, indica parte de la resolución de la Corte que rechazó las dos apelaciones de los dos imputados.
Ahora el expediente deberá bajar al Juzgado Penal de Garantías a cargo de la jueza Cynthia Lovera, quien tendrá que fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares así como resolver las doce chicanas más que aún faltan definir.
NUEVE IMPUTADOS
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado del mandamás Mauricio Espínola, por varios hechos punibles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato presidencial Santiago Peña.
Según el acta de imputación, existen suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de los siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Tras haber recusado a la jueza, la camarilla del expresidente Mario Abdo Benítez presentó otras chicanas contra la Cámara de Apelación que deberá estudiar si la magistrada sigue o no con la causa, todo esto con el objetivo de entorpecer a como dé lugar la investigación por las filtraciones de la Seprelad.
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Arnaldo Giuzzio evade el banco de acusados y su juicio pasa a marzo de 2025
El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, nuevamente recurrió a chicanas con la finalidad de evitar el inicio de su juicio oral y público tras ser acusado por el Ministerio Público por presunto cohecho pasivo agravado por supuestos vínculos con el capo narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
El proceso debió comenzar este lunes, sin embargo, el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y simpatizante del Partido Democrático Progresista (PDP) tomó la decisión de reemplazar al defensor público que lo asistió durante ocho meses y contrató a su amigo personal, el abogado y exministro anticontrabando Emilio Fuster.
La decisión de Giuzzio se dio 3 días antes de que comience su juicio. Mediante esta nueva maniobra dilatoria su representante legal requirió un tiempo adicional para estudiar el caso y preparar su estrategia de defensa, petición aceptada por los miembros del tribunal de sentencia, siendo esta la cuarta suspensión del proceso.
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De esta forma se fijó el 3 de marzo de 2025 como nueva fecha para el arranque de su juicio oral y público. La agente Verónica Valdez, quien interina otras unidades fiscales, pidió la reprogramación del juicio debido a dificultades para asistir en la fecha inicial.
Antecedentes
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contratar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, del cual era titular hasta febrero de 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marqués de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que el exministro usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
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Giuzzio recurre a mismo modus operandi que caso filtración para evitar juicio oral
La defensa del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien debe estar sentado en el banquillo de los acusados como cualquier procesado, recurre al mismo modus operandi presentando chicanas al igual que el caso filtración de información de Seprelad para evitar ser juzgado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado por mantener vínculos con el presunto narcotraficante detenido en Brasil Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
Esta vez el acusado Arnaldo Giuzzio designó como nuevo abogado defensor a Emilio Fúster y pidió al tribunal de sentencia la suspensión del inicio del juicio oral atendiendo a que necesita tiempo para poder preparar la defensa del procesado. Este tipo de chicanas, que es similar a la del caso filtración de información, es una muestra más que el exministro de Mario Abdo Benítez no quiere someterse a la Justicia y recurrirá a los actos dilatorios para evitar ser juzgado.
Giuzzio anteriormente estuvo siendo representado por el defensor público Francisco Acevedo, quien ahora deja de ser defensor del acusado y asume Fúster, quien es abogado del exsecretario de Estado en el proceso penal que enfrenta por siete delitos por el caso conocido como filtración y producción de información falsa de Seprelad.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el presente caso está integrado por los jueces Adriana Planas, Yolanda Morel y Karina Cáceres, quienes ya fijaron para el 3 de marzo de 2025 el inicio del juicio oral y público de Giuzzio. Esta es la cuarta suspensión del juicio oral de Giuzzio.
FISCALÍA
También la fiscala Verónica Valdez pidió la suspensión de la audiencia oral fijada para este lunes 18 de noviembre. La representante del Ministerio Público argumentó que está interinando otras unidades fiscales y será difícil poder asistir al juicio oral.
ACUSACIÓN
El 16 de agosto de 2023, los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Diego Arzamendia presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público.
El exministro ocupó la titularidad del Ministerio del Interior hasta el 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por el presidente Mario Abdo Benítez, luego de trascender pruebas del trato que mantenía con el presunto narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, hoy procesado en Brasil.
CAPO NARCO, PROVEEDOR DEL ESTADO
Se había comprobado cómo Giuzzio viajó en el vehículo prestado del capo narco brasileño para ir al Brasil en plan de vacaciones. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.
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Mario Abdo y su entorno siguen evitando afrontar la Justicia
El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.
- Unidad de Investigación Nación Media
Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judiciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Benítez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por filtraciones de secretos a punta de chicanas.
GIUZZIO, EL ÚLTIMO BENEFICIADO
El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Marqués. Las audiencias del juicio oral y público debían iniciarse el pasado 1 de julio; sin embargo, fueron postergadas y deben iniciar el próximo18 de noviembre.
Pese a los tres meses de gracia que recibió, ayer lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sentencia que debe entender en la causa de Giuzzio postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.
El exministro todopoderoso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domicilio particular, según documentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afrontará juicio.
LO QUE DICE LA CARPETA FISCAL
Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Ministerio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
De acuerdo con los documentos que constan en la acusación presentada contra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicaciones con el narco brasileño en julio de 2021. Según las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
LA ÚNICA CONDENADA… HASTA AHORA
Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuentas pendientes en la Justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del período anterior están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.
Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió en abril pasado en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.
OTRO AMIGO DE NARCOS
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.
En noviembre pasado, la Fiscalía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.
ABDO, ARREGUI, FERNÁNDEZ, GIUZZIO Y ESPÍNOLA
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (Art. 318 del CP), denuncia falsa (Art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y asociación criminal.