En el salón Auditorio de la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional se desarrolló un análisis crítico “Al poder disciplinario ejercido por la Corte Suprema de Justicia contra los abogados litigantes”, donde se contó con la presencia de renombrados disertantes. Seis de los exponentes coincidieron de que la Corte no puede sancionar a los abogados que no trabajan para ellos.

Según el profesor doctor Nicolás Gaona Irún hubo coincidencia entre los colegios de abogados de que la Corte no tiene facultades disciplinarias que está ejerciendo sobre los abogados que no dependientes o funcionarios judiciales. Sin embargo, uno de los disertantes se mostró renuente a la situación y demostró su apoyo a la Corte, afirmando que sí tiene la potestad contra los litigantes.

“La postura de seis de los exponentes es que la Corte no puede juzgar disciplinariamente a quien no es su dependiente. Cada uno dio su punto de vista y fue socializado con el auditorio”, detalló Gaona en entrevista con La Nación/Nación Media. El evento organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) contó con una alta participación al tratarse de una situación que compete a los abogados del territorio nacional.

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Confirmó que uno de los expositores se mostró a favor de la Corte Suprema de Justicia y se excusó ante una ley que ya fue derogada. “Excepto el colegio de abogados de Villarrica representado por el doctor David Bogado, quien dijo que cree que la Corte tiene facultades e infundo su punto de vista, pero en una Ley que está derogada que es la 879″, señaló.

Indicó que el auditorio realizó sus preguntas como puntos de vistas, en el que muchos coincidieron en que la corte se extralimita y que no tiene la facultad disciplinaria con los abogados independientes. “En todos los casos hubo coincidencia que no puede disciplinar y que son inconstitucionales las medidas aplicadas por la Corte. Además, se habló de que la colegiatura obligatoria era una salida que había fracasado”, puntualizó.

Agregó que se resolvió hacer un informe sobre la exposición realizada y que será publicada dentro de un mes en formato de libro, que tendrá una presentación en formato digital y más adelante en impreso. “Yo creo que la corte se extralimita que funda la existencia del Consejo de Superintendencia así como la Ley 609 y el mal entendido sobre la vigencia de la ley 879 que fue derogada en el año 1992, sin embargo ellos están poniendo en vigencia”, sentenció.

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Las declaraciones a un canal digital en la que hizo una comparación polémica sobre la posibilidad que los equipos brasileños dejen de disputar la Copa Liberta­dores ocupó al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a presentar sus disculpas.

“Eso sería como Tarzán sin Chita, imposible”, había afirmado el titular de la Conmebol, lo que generó indignación en Brasil, tras viralizarse rápidamente el video de referencia.

“En relación a mis recien­tes declaraciones, quiero expresar mis disculpas. La expresión que utilicé es una frase popular y jamás tuve la intención de menospre­ciar ni descalificar a nadie. La Conmebol Libertadores es impensable sin la parti­cipación de clubes de los 10 países miembros”, indicó en un comunicado publicado en sus redes.

Agregó que “siempre promoví el respeto y la inclusión en el fútbol y la sociedad, valores fundamentales para la Con­mebol. Reafirmó mi compro­miso de seguir trabajando por un fútbol más justo, unido y libre de discriminación”.

Este viernes 14 de marzo, se cumple un año de la presentación del pedido judicial de desafuero del expresidente y senador vitalicio Mario Abdo Benítez y del diputado Mauricio Espínola, solicitado por la jueza Cynthia Lovera, en la causa por la filtración de datos de la Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes). Desde entonces, ambos pedidos quedaron cajoneados en el Congreso, debido a que no se reunieron ni el número de quórum, ni los votos necesarios para la aprobación.

Ante el reciente anuncio del exmandatario solicitando a los legisladores aprobar su desafuero, comenzó un debate en las diferentes bancadas, que si bien, los números aún no son oficiales, se habla que existiría un total de 25 votos seguros, por la aprobación.

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En un sondeo rápido entre legisladores de diferentes bancadas de la Cámara de Senadores, tanto oficialistas, como disidencia, y la misma oposición, señalaron en coincidencia que, en este caso, y ante el pedido explícito del propio afectado, la mayoría de los legisladores estaría acompañando la aprobación del desafuero de Abdo Benítez.

Esto, considerando que ya habían actuado de ese modo, cuando el propio senador opositor Rafael Filizzola solicitó a sus pares, otorgarle el desafuero, para someterse libremente ante la justicia y ejercer su defensa. El 20 de noviembre de 2024, el Senado había desaforado por unanimidad a Filizzola para que se someta a la justicia.

Teniendo en cuenta que los abogados de la defensa de Abdo Benítez presentaron la petición ante el Congreso, la cual será estudiada la próxima semana, primero en la Comisión de Asuntos Constitucionales que deberá dictaminar, para que finalmente el plenario pueda llevar adelante su deliberación.

Es importante señalar que el plenario de la Cámara de Senadores necesitará de dos tercios de votos de los presentes para conceder el pedido planteado por el exmandatario. Esto quiere decir, que si durante la sesión ordinaria o extraordinaria en la que se llegue a tratar el plenario está compuesto por la totalidad de sus miembros, es decir 45 parlamentarios. Así, necesariamente deberán contar con 30 votos para lograr la aprobación del desafuero. No obstante, si se registran algunas ausencias, el número de votos requerido iría disminuyendo, pero siempre manteniendo los dos tercios de los presentes.

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De manera unánime, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Antonio Garay Zuccolillo, fue electo este jueves como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para el periodo 2025-2026. Alicia Pucheta, titular saliente del órgano extrapoder y representante del Poder Ejecutivo, fue quien propuso a Garay para el cargo, en la sesión de hoy.

“Mi designación será retribuida con laboriosidad, firmeza, rectitud, decencia para la salud de la institucionalidad de la república. Tenemos el empeño pleno en elaborar el proyecto de reforma a la ley que regula el funcionamiento de esta institución con la experiencia de los años que no fallan ni engañan en cuanto a determinadas normativas que deben ser mejoradas”, expresó el ministro.

Esta es la primera vez que un ministro de la máxima ins­tancia judicial encabeza la institución que tiene como finalidad enjuiciar a magistra­dos judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por mal desempeño en sus funciones. Garay Zuccolillo forma parte de la Corte Suprema de Justicia desde hace 21 años tras hacer carrera como agente fiscal y juez.

“Tendremos como norte la eficiencia, la celeridad y la eficacia en todos los enjuiciamientos sin distinción concernientes a los magistrados, agentes fiscales y defensores públicos, todo esto en restrictas observancias del debido proceso y el derecho a la defensa”, indicó el nuevo presidente, que asumirá funciones desde el sábado 1 de marzo.

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Garay anunció la elaboración de un reglamento interno que establecerá pautas y normativas que regirán para los miembros del JEM y funcionarios de la institución. “Esta presidencia se abocará prioritaria y dirigentemente en reestablecer en su totalidad la plena vigencia en lo que hace a la institucionalidad de la república con el eficaz acompañamiento de quienes integran el colegiado que es fundamental”, remarcó.

Por otra parte, la vicepresidencia primera recae sobre, Pucheta mientras que la vicepresidencia segunda es ocupada por el senador Derlis Maidana. También son integrantes actuales del JEM, Enrique Berni, representante del Consejo de la Magistratura; Alejandro Aguilera, representante de la Cámara de Diputados; Manuel Ramírez Candia, representante de la Corte Suprema de Justicia y Mario Varela, representante de la Cámara de Senadores.

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