El Tribunal de Apelación en lo Penal, especializado en Anticorrupción, confirmó este jueves al juez Gustavo Amarilla en la causa que enfrenta el senador Erico Galeano, acusado por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal, en el marco del operativo denominado A Ultranza Py, lanzado en febrero de 2022.

Ante la decisión del tribunal, se podrá fijar nuevamente la audiencia de imposición de medidas del congresista. La decisión se sustenta ante la inexistencia de causales para apartar al magistrado del caso. El pasado 18 de agosto, la defensa de Galeano, ejercida por el abogado Cristóbal Cáceres Frutos, argumentó la recusación en una presunta “parcialidad manifiesta”, por lo que solicitó que Amarilla sea apartado.

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En la citada audiencia se debía definir el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público. Al respecto, la jueza Bibiana Teresita Benítez, en su argumentación para el rechazo de la recusación, sostuvo que “es así, que este Tribunal de Alzada pudo constatar que la causal esgrimida no concurre, limitándose el mismo a señalar y expresar en su escrito un extenso fundamento que hace más a cuestiones meramente procesales sobre circunstancias específicas acaecidas durante la tramitación del presente juicio y que finalmente en nada guardan con los preceptos reglados para la interposición del instituto procesal de la recusación”.

Mientras que el camarista Arnulfo Arias manifestó que la “causal alegada no se adecua a la situación prevista en el inciso 13 del artículo 50 del Código Procesal Penal, que prevé sobre cuestiones particulares que los jueces invocan para separarse de los juicios, toda vez que no se encuentren en condiciones suficientes para seguir actuando en los mismos. Las circunstancias son de carácter personal y solo pueden ser señalados por los magistrados cuando afecten su imparcialidad o independencia. Consecuentemente, la recusación presentada debe ser rechazada”.

Desde la Fiscalía sostienen que una aeronave de la marca Beech, propiedad de Galeano, fue utilizada supuestamente como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas, entre ellos, Miguel Ángel Insfrán, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González, lo que pudo facilitar el envío de cargamentos ilícitos al extranjero.

El documento refiere que a cambio de la aeronave el legislador, supuestamente, habría recibido sumas de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, que habría insertado dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compras de bienes. Por otro parte, según el acta de imputación, Galeano habría recibido aproximadamente USD 1.000.000 para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provendría del crimen organizado.

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