El juez penal de Garantías, Gustavo Amarilla, citó para el próximo 18 de agosto, a las 8:30, al senador Erico Galeano para la audiencia de imposición de medidas cautelares. El congresista se encuentra imputado, desde el 19 de mayo pasado, por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del megaoperativo denominado A Ultranza Paraguay.
Este martes pasado, el legislador declaró ante el Ministerio Público y pidió considerar la inclusión de testigos y pedidos de informes a instituciones, a fin de respaldar su versión sobre la propiedad que está ubicada en un conocido condominio y que forma parte de la investigación.
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El pasado 6 de agosto debió realizarse el proceso, pero finalmente fue suspendido tras la presentación de dos acciones de inconstitucionalidad, impulsada por la defensa del congresista, una contra la excepción de incompetencia de jurisdicción y otra contra la excepción de falta de acción.
La Fiscalía requiere la prisión preventiva de Galeano, quien primero perdió sus fueros en Diputados, y luego fue desaforado el pasado 21 de julio por unanimidad en la Cámara Alta. La nueva fecha establecida por Amarilla surge tras corroborar que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no emitió ninguna medida cautelar a favor del político.
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Antecedentes de la imputación
Desde la Fiscalía sostienen que una aeronave de la marca Beech, propiedad de Galeano, fue utilizada supuestamente como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas, entre ellos, Miguel Ángel Insfrán, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González, lo que pudo facilitar el envío de cargamentos al extranjero.
El documento refiere que, a cambio de la aeronave, el legislador supuestamente habría recibido sumas de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, que habría insertado dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compras de bienes. Por otro parte, según el acta de imputación, Galeano habría recibido aproximadamente USD 1.000.000 para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provendría del crimen organizado.