La Corte Suprema de Justicia (CJS) otorgó la admisibilidad del estudio de la inconstitucionalidad planteada por un grupo de 26 navegantes que apuntan a percibir a una jubilación que está por encima de lo que contempla la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS). Desde la previsional, aclararon que esto no significa que los extrabajadores marítimos ya vayan a percibir los haberes solicitados.

“Lo llamativo es que un grupo de 5 navegantes planteó la acción de inconstitucionalidad y la Corte le rechazó, lo mismo con otros dos navegantes, sin embargo, con los mismos argumentos de la misma resolución, a 26 navegantes sí le concedió la admisibilidad. Estamos estudiando cuál fue el criterio para que la Corte le diga que no a dos grupos, pero le diga que sí los 26″, expuso Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS.

El IPS está elaborando una estrategia que apunta a plantear un recurso de reposición para dejar sin efecto la admisibilidad y rechazar in límine la resolución que data del 2016, la cual fue favorable para los navegantes. Lo que busca el instituto según explicaron, es que se anule dicha sentencia y que se vuelva a juzgar, dado que la previsional no fue parte del debate y no pudo argumentar ante la Corte el porqué no correspondía el pago solicitado por los trabajadores marítimos.

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La Carta Orgánica del IPS contempla que no se pueden pagar haberes por encima de los 10 salarios mínimos, lo que equivale actualmente a G. 29 millones. La pretensión de los navegantes es cobrar sus haberes por el monto que aportaron, lo que superaría ampliamente este tope reglamentado en la previsional.

“No es cierto que está habilitado para que ellos cobren, no es cierto que acá esto favorable para ellos y perjudicial para el IPS, es un simple trámite. Por el momento están cobrando de acuerdo a la Carta Orgánica”, dejó en claro Cubas ante la 1080 AM.

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En el 2013, 129 trabajadores marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Carta Orgánica que hablan sobre el tope máximo para el pago de haberes. Los navegantes argumentaron que ellos abonaron mucho más y querían jubilarse de acuerdo al salario que aportaron.

Tres años más tarde, en el 2016, se dictó una sentencia en contra del IPS y favorable para los demandantes y recién en el 2020 la previsional solicitó la nulidad de esta resolución. En el 2023 se dictó la caducidad en la acción de nulidad promovida por el IPS, la cual fue apelada y la Cámara dio la razón a la previsional.

Se emitió una resolución donde se establecía la prohibición de innovación, es decir, dispuso que no se le iba a otorgar una jubilación por encima de los valores establecidos en el marco legal, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

Contra esa resolución los navegantes marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad, pero lo hicieron en tres grupos, a dos de estos les fue rechazado por parte de la Corte, sin embargo, tuvo la admisión de estudio para un grupo de 26 personas, lo cual es sorpresivo para la previsional.

La responsabilidad de cualquier daño patrimonial en la causa Metrobús debe analizarse en torno a las decisiones de la administración que truncó la obra en octubre de 2018, refirió el abogado Tarek Tuma. “El Ministerio de Obras Públicas, ya a cargo del siguiente ministro (Arnoldo Wiens), decidió no seguir con la obra, entiendo que esto no estaba justificado de ninguna manera”, puntualizó sobre el proyecto adjudicado en 2016 y que debía culminar a fines de 2018, cuatro meses después de asumir el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Cada funcionario público, en este caso ministro debe responder por lo que hizo durante su gestión, el exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona no tiene por qué responder por lo que pasó en una administración posterior, no se le puede atribuir no haber concluido la obra ya que durante su mandato se realizó parte de la obra que se pudo realizar” sostuvo Tuma, respecto al extitular del MOPC, que culminó su mandato en agosto de 2018 por el cambio de gobierno.

Señaló que su cliente entregó la obra vial al gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez con un avance del 18 % y sin ningún tipo de cuestionamientos. “Todos sus actos fueron convalidados por el Tribunal de Cuentas, que es el encargado de juzgar la ejecución de los gastos de los administradores”, refirió el representante legal, este viernes, al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Agregó que cada acto realizado en torno a la obra durante la administración de Jiménez Gaona fue convalidado incluso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Respecto al estado actual de la causa judicial que enfrenta su defendido, Tuma manifestó que se está a la espera de la audiencia preliminar. Alegó que al haber cumplido todas las normativas durante su administración y al haber sido la obra interrumpida por decisiones posteriores, no corresponde imputarle ninguna responsabilidad en el conflicto actual.

Las afirmaciones de Tuma surgen tras las afirmaciones del procurador general de la República, Marco Aurelio González, que aseguró que el proyecto no debió haber sido detenido y que las acciones posteriores provocaron el conflicto con la empresa portuguesa Mota-Engil, responsable de las obras del Metrobús, la cual había demandado al Estado paraguayo y en diciembre de 2023 se sentenció a una condena por USD 16 millones.

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El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alberto Mar­tínez Simón aguarda que las observaciones “objetivas e inteligentes” realizadas desde los gremios de escri­banos, notarios y represen­tantes campesinos sobre el proyecto de crear el Registro Unificado Nacional (RUN) sean atendidas por el Con­greso Nacional.

Señaló que su petición surge con la finalidad de lograr una normativa clara y aplicable que responda a la realidad económica del Paraguay y las expectativas ciudadanas. Indicó que el registro público es una pieza esencial para el desarrollo económico.

“El Registro Público acá y en cualquier parte del mundo es una pieza esencial para el desarrollo económico. Creo que el presidente Santiago Peña, cuando toma la inicia­tiva de unificar las institu­ciones por su perfil de econo­mista, habrá visto esto como una pieza esencial y decidió dar este paso trascendente”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emi­tido por el canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

El proyecto de ley que esta­blece la fusión de la Direc­ción General de los Registros Públicos, el Servicio Nacio­nal de Catastro, y el Depar­tamento de Agrimensura y Geodesia, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y será remitido próximamente a Diputados para su tratamiento.

“Con este sistema unificado, los trámites ahora se harán en un solo movimiento, sin la necesidad de pasar por varias instituciones. Estamos bus­cando que el sistema funcione mejor, sea más rápido y trans­parente, evitando los cuellos de botella y reduciendo la posibilidad de irregularida­des mediante la digitalización de los procesos”, comentó.

Señaló que el modelo del Registro Unificado Nacional se inspira en sistemas exito­sos de otros países, como el de Panamá, que destaca por su eficiencia y rapidez. Asi­mismo, Martínez Simón se hizo eco de las críticas pro­venientes de los diferentes gremios afirmando que desde la máxima instancia judicial ya se requirió un tiempo pru­dencial con el objetivo de ir ajustando la propuesta una vez sancionada y promulgada.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alberto Martínez Simón aguarda que las observaciones “objetivas e inteligentes” realizadas desde los gremios de escribanos, notarios y representantes campesinos sobre el proyecto de crear el Registro Unificado Nacional (RUN), sean atendidas por el Congreso Nacional.

Señaló que su petición surge con la finalidad de lograr una normativa, clara y aplicable que responda a la realidad económica del Paraguay y las expectativas ciudadanas. Indicó que el registro público es una pieza esencial para el desarrollo económico.

“El Registro Público acá y en cualquier parte del mundo es una pieza esencial para el desarrollo económico. Creo que el presidente Santiago Peña, cuando toma la iniciativa de unificar las instituciones por su perfil de economista, habrá visto esto como una pieza esencial y decidió dar este paso trascendente”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El proyecto de ley que establece la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro, y el Departamento de Agrimensura y Geodesia, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y será remitido próximamente a Diputados para su tratamiento.

“Con este sistema unificado, los trámites ahora se harán en un solo movimiento, sin la necesidad de pasar por varias instituciones. Estamos buscando que el sistema funcione mejor, sea más rápido y transparente, evitando los cuellos de botella y reduciendo la posibilidad de irregularidades mediante la digitalización de los procesos”, comentó.

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Señaló que el modelo del Registro Unificado Nacional se inspira en sistemas exitosos de otros países, como el de Panamá, que destaca por su eficiencia y rapidez. Asimismo Martínez Simón se hizo eco de las críticas provenientes de los diferentes gremios afirmando que desde la máxima instancia judicial ya se requirió un tiempo prudencial con el objetivo de ir ajustando la propuesta una vez sancionada y promulgada.

“Espero que las observaciones puntuales, inteligentes, objetivas de los gremios también sean escuchadas. Ojalá que no sea necesario (realizar cambios), pero si hace falta se deberá realizar una reforma legislativa por eso estamos pidiendo desde la Corte una vacatio legis, que se sancione y promulgue la ley, pero que todavía no entre en ejecución, sino hasta tiempo después con el fin de hacer los ajustes operativos”, puntualizó.

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