El juez de delitos económicos Humberto Otazú rechazó la excepción de incompetencia planteada por el concejal Sebastián Martínez, director de Desarrollo Social, imputado junto con el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por lesión de confianza con relación a una compra de la entidad municipal realizada para familias humildes en abril de 2020 durante la pandemia del covid-19.
Además, el magistrado rechazó la reposición que planteó la defensa de Prieto y de Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas del municipio esteño, confirmando así la admisión de la imputación por el presunto perjuicio de G. 1.769.790.000 en la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas.
Lea más: Otra denuncia por lesión de confianza contra Miguel Prieto
También rechazó la nulidad de la imputación presentada por Maggi Fariña Almada (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones), José Cáceres Galeano (jefe de Desarrollo Comunitario), Julián Benítez Gamarra (jefe de Almacenes), Higinio Acuña (jefe de Adquisición y Suministros), Cirle Alcaraz Ramírez (responsable de pago en la comuna), Emili Florentín y Nelson Segovia (tesorero).
Según el Ministerio Público, representado por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas, la compra se generó vía excepción y la firma beneficiada es Tía Chela SRL, cuyo propietario, Fermín Ávalos Britos, también está imputado. La investigación refiere que se habría simulado una cadena de compra y venta en la que participó la empresa Vanemi SA, cuya responsable es Emili Vanessa Florentín Páez (igualmente imputada), quien sería del entorno de Prieto.
Lea también: Prieto utiliza kit de alimentos para chantajear y movilizar a esteños a su favor