La agente fiscal Vivian Coronel imputó a dos mujeres por participar en la venta de una niña de dos años de edad por la suma de G. 5 millones. Las imputadas tienen 44 y 19 años, respectivamente. El Ministerio Público consideró que los delitos cometidos por las dos mujeres son por tráfico de menores y violación de la regla de adopción.
De acuerdo al acta de imputación, la joven de 19 años de edad es la madre de la niña de dos años, mientras que la mujer de 44 años es la presunta compradora que abonó al acto la suma de G. 5 millones.
Relata el Ministerio Público que la madre de la niña de dos años necesitaba de dinero, por ende decidió vender a su hija. Por su parte, la mujer de más edad se aprovechó de la situación de necesidad de la madre de la niña y le ofreció la mencionada suma de dinero para poder quedarse con la niña.
Los hechos se habrían registrado el pasado 19 de julio en la vivienda situada en Minga Guazú. La tía de la niña fue quien se acercó hasta la sede del Ministerio Público a radicar la denuncia contra las personas que están involucradas en el grave hecho.
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Se maneja la información de que la madre de la niña es adicta a las drogas y para poder deshacerse de su hija decidió venderla a una señora. La Fiscalía, con el acompañamiento de la Policía Nacional, realizó varios allanamientos, logrando así detener a las dos personas que hoy están imputadas en el presente caso.
Ahora ambas mujeres deberán comparecer ante un Juzgado Penal de Garantía donde se definirá si son remitidas a la cárcel de mujeres o son beneficiadas con medidas alternativas a la prisión.
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Fiscalía paraguaya investigará espionaje informático de Brasil
El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la gestión de Jair Bolsonaro y ejecutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.
Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.
El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.
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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utilizado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.
Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.
A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.
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Productores de tomate garantizan buena cosecha y niegan crisis
El presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas del Paraguay, Máximo González, manifestó a GEN/Nación Media que a finales de abril se tendrá una buena cosecha de tomates; incluso afirmó que será una superproducción que abastecerá la demanda local.
“A fines de abril tendremos una superproducción de tomates en Paraguay, y eso significa que se va a cubrir el 40 % de la demanda y vamos a solicitar un documento de importación legal a los sectores empresariales, para que se pueda defender la producción nacional y comercializar a precios justos”, expresó el productor.
Reiteró que se está logrando cubrir la producción y desmintieron que que hay una crisis por la falta de semillas o incluso apoyo por parte del gobierno. Señaló que hay personas “pseudo productoras” que buscan desprestigiar el trabajo que realizan ello como gremio.
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“Hay malas intenciones por parte de personas que son importadoras. Son pseudo productores que buscan desprestigiar nuestro trabajo. Nosotros somos serios y responsables, y trabajamos siempre de forma coordinada. Tenemos trazabilidad. El Seneva controla nuestro trabajo a través de una aplicación”, contó.
También mencionó que quieren seguir enviado su producción al exterior, porque haber iniciado con la exportación de locote y tomate fue un logro obtenido mediante esfuerzos del gremio, el Ministerio de Agricultura y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).
“Nosotros somos los que firmamos el proyecto para desarrollar el cultivo de tomate todo el año. Hoy somos 670 productores y el Senave nos dio 1.200.000 semillas híbridas. Hoy se está observando la producción y comercialización”, manifestó. Recordó que en el verano hubo una cosecha histórica entre enero, febrero y marzo. Actualmente el precio del tomate en finca se encuentra a G. 7.500.
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Exportación
Durante el 2024 las exportaciones de tomate generaron ingresos por G. 5.000 millones. Fue histórico que Paraguay haya vuelto a enviar esta hortaliza a Argentina después de 70 años. En total, se enviaron 55 camiones de tomates paraguayos, y se volvió a conquistar este mercado.
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Farsa de Abdo: sus aliados frenan desafuero que él pidió
Hace un año, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, requiere que el Senado despoje de sus fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la finalidad de que enfrente a la justicia en el caso de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El pedido fue remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera el 14 de marzo del 2024 tras la admisión de la imputación fiscal por la revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Desde entonces, los aliados de Abdo Benítez impidieron que sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo. El pasado 12 de marzo, con bombos y platillos, el expresidente anunció mediante sus redes sociales oficiales que solicitaría su desafuero como senador vitalicio, al tiempo de arremeter contra el Ministerio Público y calificarla como una institución “sometida a un grupo de poder”.
Este anuncio al parecer fue parte de un show montado por Abdo Benítez y su entorno, ya que el requerimiento del órgano extrapoder continua pendiente de estudio en el pleno a raíz de las trabas impulsadas por los abdistas y aliados opositores que obstruyen la labor de la justicia.
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La artimaña dilatoria en busca de impunidad quedó totalmente evidenciada luego de su incomparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que por solicitud de sus leales, los legisladores Lilian Samaniego y Rafael Filizzola, optó por convocarlo el día de ayer, martes 1 de abril, para dar su versión de los hechos que se le atribuyen.
Sin embargo, terminaron acudiendo solo sus abogados Enrique Kronawetter y César Trapani, pese a que con anterioridad Mario Abdo había expresado su predisposición de aclarar su situación, colocando incluso su “cabeza a disposición”.
En medio de un show mediático, también había solicitado el cese de una supuesta persecución contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, con la intención de evitar que perciban la orfandad política de parte de su líder.
En la ocasión, los abogados no lograron refutar las pruebas en contra ni presentar argumentos sólidos que demuestren la inocencia de Marito y derriben las acusaciones de que en su gobierno se montó un esquema de persecución política y terrorismo de Estado contra sus adversarios.
No obstante, el bloque asesor por mayoría de sus miembros terminó aconsejando dar vía libre al desafuero del colorado disidente. La bancada del movimiento Honor Colorado acompaña el pedido de desafuero realizado por el propio Abdo Benítez y la Fiscalía.
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Minga Guazú: indagan conducta sospechosa de guardiacárceles en segundo plan de fuga
El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, brindó detalles de las investigaciones en torno a la logística encontrada que posibilitó desactivar ayer domingo un nuevo plan de fuga masiva en la cárcel de Minga Guazú (Alto Paraná). Dijo que las evidencias halladas, consistentes en sábanas atadas para ser utilizadas como cuerdas, ya obran en poder del Ministerio Público.
La investigación se centra en las 18 personas encargadas de verificar las celdas del módulo 5 del penal, donde se habría gestado el plan de escape. No se descarta que algunos agentes pertenezcan a grupos criminales y que se hayan infiltrado en la cárcel.
“Nada descarta eso, por eso se tiene que estar constantemente atentos e investigando. El trabajo que hace Inteligencia es justamente indagar el entorno social, familiar de cada uno de los funcionarios”, expresó el abogado Maciel, este lunes, en conferencia de prensa. Aclaró que no hay información de los siete reos que siguen prófugos, tras la fuga del pasado miércoles 26 de marzo y de la que solo uno fue recapturado.
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En cuanto a la confabulación de los cinco agentes penitenciarios que facilitaron la huida de estos presos en el primer plan de escapatoria, expresó que indefectiblemente se deberá mejorar el proceso de selección de los guardiacárceles.
“Son dos factores: mejorar el proceso de selección e intensificar las capacitaciones. Y el tercer elemento que se trabaja de manera paralela que es el trabajo de inteligencia”, manifestó, revelando ante la prensa que los funcionarios encargados de la seguridad cobran un salario de G. 3.850.000.
Así también, el viceministro se refirió al plan de mejora de la infraestructura tecnológica impulsado por el Ministerio de Justicia para el monitoreo de los presidiarios. “Está prevista la posibilidad de hacer las instalaciones técnicas que se requieran. Está presentado, no sé si fue aprobado o no presupuesto”, puntualizó.
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