Se inició la audiencia preliminar y el Ministerio Público ratificó su acusación y pedido de juicio oral y público contra el expresidente de Conajzar José Antonio Ortiz acusado por lesión de confianza por la adjudicación irregular de explotación de juegos de azar y legalización de tragamonedas. La diligencia judicial se llevó a cabo ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.
El fiscal Alcides Corbalán fue quien se ratificó en la acusación del Ministerio Público contra Ortiz. Por su parte la defensa del expresidente de la Conajzar solicitó el sobreseimiento provisional.
La audiencia prosigue este jueves, cuando el juez Humberto Otazú decida si José Antonio Ortiz estará sentado o no en el banquillo de los acusados por los mencionados hechos punibles que acusó la Fiscalía.
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Desde el Ministerio Público mencionaron que cuentan con elementos probatorios para sostener la acusación y el pedido de juicio oral y público para el extitular de la Conajzar.
Una vez que se decida si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público se tendrá que sortear el Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Ortiz y los demás procesados por lesión de confianza. Del mismo modo, se deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
El presente caso ya se suspendió en varias oportunidades por recusaciones que se presentaron contra el magistrado Otazú, quien fue confirmado en su momento por el Tribunal de Apelación.
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Conajzar recaudó G. 55.900 millones
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) registró una recaudación de G. 55.957 millones al cierre de abril, que representa un incremento del 12,36 % en comparación al mismo periodo del 2023, cuando la recaudación alcanzó G. 49.805 millones.
En el desglose, la recaudación del ente dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) alcanzó G. 14.658 millones en enero, G. 13.229 millones en febrero, G. 13.932 millones en marzo y G. 14.137 millones en abril. En la web institucional del MEF, apartado “Conajzar”, se encuentra disponible el cuadro comparativo de los cánones percibidos en los últimos años, en el siguiente enlace: https://lc.cx/-QNyXc.
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Por mandato de la ley 1016/1997, que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar, los recursos provenientes de los juegos de azar serán destinados en todos los niveles de la administración oficial a los sectores de la salud pública, educación escolar y bienestar social.
La Conajzar tiene a su cargo la planificación, el control y la fiscalización de los juegos de azar, de las actividades de las personas físicas o jurídicas dedicadas a su explotación, al igual que las relaciones interjurisdiccionales emergentes de la actividad.
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Conajzar recaudó 12 % más en los primeros cuatro meses
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) registró una recaudación de G. 55.957 millones al cierre de abril del 2024, lo que representa un 12,36 % más en comparación al mismo periodo del 2023, cuando la recaudación alcanzó G. 49.805 millones.
La dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó que la recaudación de enero alcanzó G. 14.658 millones, en febrero G. 13.229 millones, en marzo G. 13.932 millones y en abril G. 14.137 millones.
Solo hasta marzo de este año, se recaudó G. 41.819 millones, lo que representa un 10,44 % más en comparación al primer trimestre del año anterior.
Por mandato de la Ley 1016/1997 los recursos provenientes de los juegos de azar son destinados en todos los niveles de la administración oficial; específicamente a los sectores de la salud pública, educación escolar y bienestar social.
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La institución tiene a su cargo la planificación, el control y la fiscalización de los juegos de azar, de las actividades de las personas físicas o jurídicas dedicadas a su explotación, al igual que las relaciones interjurisdiccionales emergentes de la actividad.
Acerca de los juegos clandestinos pertenecientes a personas o empresas que no tributan, no pagan canon ni impuestos, la Conajzar prevé aplicar acciones para eliminar las máquinas, pero también las apuestas deportivas, carreras de caballo, bingos y otros juegos que detenta contra la salud de menores de edad y el erario público.
“Se habla de que existen 150.000 máquinas clandestinas, pero creo que son más. También hay otras modalidades que operan en la clandestinidad.
Los empresarios deben cumplir con los requisitos debidos para que estén habilitados”, indicó el presidente de Conajzar, Carlos Liseras a Unicanal.
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La extitular de Petropar, primera condenada del entorno de Abdo
Patricia Samudio, extitular de Petropar, fue condenada a cuatro años de prisión por las compras irregulares durante la pandemia de coronavirus. De esta manera se convirtió en la primera del entorno del expresidente Mario Abdo Benítez en ser condenada por hechos de corrupción.
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA
Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.
Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió ayer en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.
SUPUESTA COIMA DE NARCO
Otro de los procesados del entorno de Mario Abdo Benítez es el exsenador y exministro de la Senad y del Interior, Arnaldo Giuzzio.
El exministro enfrentará juicio oral y público por la causa penal de cohecho pasivo agravado en carácter de autor, por su presunto vínculo con el brasileño sindicado como narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques, quien fue detenido en el Brasil. Su causa comenzó cuando se dio a conocer que alquiló una camioneta, para unas vacaciones familiares en el Brasil, de la empresa que pertenecía a Espíndola Marques.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
OTRO AMIGO DE NARCOS
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante.
Roa fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY. En noviembre pasado, la Fiscalía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.
ABDO, ARREGUI, FERNÁNDEZ, GIUZZIO Y ESPÍNOLA
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.
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Patricia Samudio fue condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza
Patricia Samudio, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) y del primer anillo del expresidente Mario Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia de covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.
El Ministerio Público había solicitado ambas penas para Samudio y su esposo y el tribunal de sentencia integrado por Gloria Hermosa, Darío Báez y Alba González así lo resolvió. Los fiscales Silvio Corbeta y Francisco Cabrera sostuvieron que se probó el delito de lesión de confianza en la compra irregular de agua tónica durante la pandemia.
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Acusación
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a la petrolera estatal.
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