"Su incorporación, como en años anteriores, viola los artículos 254 y 262 de la Constitución Nacional", sostienen desde el Colegio de Abogados. Foto: Archivo
Piden excluir a funcionarios públicos para elecciones de representantes ante CM
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El Colegio de Abogados del Paraguay solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se mantenga la postura ya asumida por la máxima instancia judicial de excluir del padrón de electores a todos los funcionarios públicos para las próximas elecciones de representantes de abogados ante el Consejo de la Magistratura (CM).
Desde el gremio refieren que los funcionarios públicos con título de abogado no pueden ejercer la profesión por inhabilidad, por lo que no deben integrar el padrón para las futuras elecciones, ya que su incorporación, como en años anteriores, viola los artículos 254 y 262 de la Constitución Nacional.
“El Consejo de la Magistratura está compuesto por (…) dos abogados de la matrícula nombrado por sus pares en elección directa (…) Art. 262. Es decir, la Constitución otorga representación a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión. En sentido contrario, impide al abogado no habilitado no solo la representación, sino la legitimidad activa y pasiva para participar en la elección”, seña parte del documento emitido a la CSJ.
Además, recuerda que en el año 2020 la Corte Suprema de Justicia dispuso la exclusión de los funcionarios públicos del padrón para elección de dos representantes del gremio de abogado ante el Consejo de la Magistratura.
Retroceso
Ante esa situación, el Colegio de Abogados del Paraguay considera que cambiar de postura para las próximas elecciones de abogados a ser convocados por la Corte Suprema de Justicia implicaría un grave retroceso en el proceso de transparencia, legitimidad y sobre todo la independencia del sistema de justicia.
Con el objetivo de profesionalizar a los colaboradores del sector público, el Indert, PGR, FAO llevan adelante un segundo diplomado sobre el complejo y delicado manejo de la tierra. Foto: Gentileza
Indert, Procuraduría y FAO realizan diplomado para especializar a funcionarios
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La Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) iniciaron la segunda edición del diplomado “Desarrollo Rural y de la Tierra. Ley, Economía y Política de Tierras”.
Esta capacitación se desarrolla con el objetivo de profesionalizar a los colaboradores del sector público, de las instituciones involucradas en el complejo y delicado manejo de la tierra; cuenta con la coordinación académica del Instituto René Cassin.
El lanzamiento del diplomado se realizó con un conversatorio, en que el profesor Francisco Ruiz Díaz, titular del Indert, realizó una introducción para poner el contexto a los profesionales que participan del diplomado.
Mostró cómo han variado las condiciones económicas en la historia como consecuencia de acontecimientos, entre los cuales se destaca el concepto de la propiedad privada, la titulación de las tierras y su incidencia, para pasar de un periodo de miles de años de bajo dinamismo económico y una revolución económica.
A su turno, el procurador Marco Aurelio González elogió el perfil del profesor Ruiz Díaz, quien es uno de los máximos exponentes de la ciencia de la tierra en el país y que es un lujo tenerlo como uno de los profesores del diplomado.
Valoró además su honestidad y capacidad de trabajo, en una tarea que exige una coordinación de actividades con varias instituciones y que lo está haciendo con mucha solvencia.
En tanto, el representante de la FAO, Iván Felipe León, se puso a disposición de la organización del diplomado para abordar los conceptos de las directrices de la tierra, la pesca y los bosques, un trabajo encarado por el organismo multilateral.
Las clases del diplomado se desarrollan en el auditorio de la Procuraduría General de la República y participan funcionarios de dicha institución, del Indert, de Catastro, de la Dirección General de Registros Públicos, del Instituto Geográfico, entre otras instituciones públicas involucradas en el manejo de la tierra en el país.
En el centro el senador Líder Amarilla en una fiesta junto con Sergio Espínola (izq) y Renán Leguizamón, funcionarios públicos que aparecen en sociedades vinculadas al legislador y que no declararon a Contraloría. Foto: Gentileza
Funcionarios públicos vinculados a empresas de Líder Amarilla, se burlan de la Contraloría
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Históricamente al frente de firmas contratistas a las que el hoy senador de la Nación, el liberal Líder Santiago Amarilla adjudicaba millones en obras de forma directa en sus tiempos de intendente, funcionarios públicos que, aparecen como accionistas, presidente, vicepresidente en estas empresas omiten estos vínculos en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR).
Por Rossana Escobar M.
Sergio Manuel Espínola Villalba y Renán Leguizamón Garcete. El primero es un modesto funcionario municipal hoy día en la comuna de J.A Saldívar que había ingresado a la Función Pública con el padrinazgo de Líder Amarilla que lo contrató como chófer en la municipalidad de Villa Elisa y en el segundo caso se trata de un funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS).
Los mencionados funcionarios figuran en las empresas Mármol S.A y Las Primas S.A contratistas a las que Líder Amarilla y el ahora gobernador de Central, Ricardo Estigarribia habían favorecido con millonarias adjudicaciones cuando eran intendentes de Villa Elisa.
Así también, Sergio Espínola y Renán Leguizamón figuran en cargos de vicepresidente, presidente, síndico en distintos años en Terranova Inmobiliaria S.A, sociedad denunciada por supuesta usura por parte de un concejal de Itá.
Declaración jurada de Sergio Espínola lo presenta como modesto funcionario municipal, mientras funge de empresario en documentos proveídos ministerio de Economía. Foto: Archivo
Sergio Manuel Espínola además aparece en Amarilla & Asociados S.A, playa de autos del senador Líder Amarilla, empresa en la que el legislador declara G. 2.000 millones en acciones, según el documento presentado a la Contraloría al asumir el cargo en el Congreso Nacional.
El funcionario municipal Sergio Espínola en 10 años nunca había presentado una manifestación de bienes hasta que saltó su nombre en los negocios que se atribuyen al hoy senador Líder Amarilla. Tras la serie de nuestro medio, el empleado de la comuna de J.A Saldívar remitió su declaración jurada a la Contraloría y en el documento aparece como un modesto servidor público, pese a que en informes proveídos por el ministerio de Economía y Finanzas revelan su participación en importantes empresas, entre ellas las que ganaron millones en licitaciones durante la administración de Líder Amarilla y Ricardo Estigarribia en Villa Elisa.
Un salario de G. 4,4 millones en la municipalidad de J.A Saldívar, una deuda con cuota mensual de G. 500 mil al mes, un ahorro de G. 3,4 millones y un automóvil usado es todo lo que aparece en la declaración jurada que Sergio Espínola presentó por primera vez a la Contraloría.
Por su parte, Renán Leguizamón, el funcionario de IPS que también aparece en las contratistas de obras como en la sociedad denunciada por usura, omite su participación en empresas burlándose magistralmente de la Contraloría.
Desde el ente de control confirmaron que abrieron un sumario a Sergio Espínola, funcionario de la municipalidad de J.A Saldívar que en 10 años ninguneó la Ley de Declaraciones Juradas, sin embargo, no se pronuncian sobre las empresas en la que aparecen los mencionados más arriba, pero que no consignan en sus respectivas manifestaciones de bienes.
Cabe subrayar que Líder Amarilla tampoco menciona su participación en Terranova Inmobiliaria S.A, empresa denunciada por usura y la que el denunciante edil de Itá vincula directamente al parlamentario liberal y al funcionario municipal, Sergio Espínola.
La Comisión de Semillas del Mercosur se reúne en Paraguay
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Paraguay alberga la reunión de la Comisión de Semillas del Mercado Común del Sur (Mercosur) que se desarrolla del 15 al 18 de abril, donde grupos de trabajo intercambiarán información y buscarán avanzar en reglamentaciones de semillas y conversar sobre los obstáculos al comercio a través de importantes reuniones con sus pares. El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) informó que participan de las reuniones de trabajo representantes de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.
Algunos de los temas abarcan los requisitos en cada Estado parte para la producción de los granos a campo, el intercambio de información sobre el registro de variedades, así como los avances en la reglamentación en cuanto al desarrollo del cultivo de cannabis.
También explicaron que se reúnen grupos de especialistas en papa semilla y de identificación varietal por medios no convencionales, dependientes del SGT8.
DIGITALIZACIÓN
Igualmente se evaluará la posibilidad de digitalizar la emisión de los certificados de calidad de validez regional y trámites vinculados a la certificación, exportaciones e importaciones a fin de favorecer el comercio entre la región. Agregaron que los especialistas en papa semilla analizarán el establecimiento de los requisitos mínimos para los laboratorios que realizan análisis de este producto así como las metodologías de análisis de nematodos y ralstonia solanacearum por parte de cada país.
Por último, los técnicos de las delegaciones trabajarán en la actualización de las acciones relacionadas a los métodos de identificación varietal enfocados en el control de comercio, fiscalización, apoyo e inscripción de nuevas variedades.
El proceso de divorcio en Paraguay implica una serie de pasos legales y financieros que pueden variar dependiendo de varios factores. Para tener una idea un poco más precisa, conversamos con Ygnacio Sánchez, abogado y especialista en esta área, y él nos señaló, los costos de inversión, los lapsos de tiempos y qué se necesita para arrancar con estos trámites.
Lo primero que se debe saber es que todo puede fluctuar en función del tipo de divorcio que se promueva. Actualmente, el código positivo paraguayo contempla dos figuras principales: el divorcio por mutuo acuerdo y el divorcio a petición de una sola parte, también conocido como divorcio controvertido.
Hablando sobre los costos, Sánchez señaló que “el promedio de inversión del divorcio por mutuo acuerdo es de USD 700, mientras que el divorcio a petición de una sola parte tiene un costo promedio de USD 1.000″. Además, añade que si se opta por el régimen ganancial, se deberá sumar USD 550 adicionales a la inversión total.
Ygnacio Sanchez , Abogado.
En cuanto al tiempo que lleva completar el proceso, Sánchez explica que “Como abogado me dedico a agilizar el procedimiento, ya que en varias ocasiones es una de las peticiones principales de los clientes, podemos lograr que el divorcio por mutuo acuerdo se finiquite en tan solo 1 mes, mientras que el divorcio a petición de una sola parte puede tardar aproximadamente 3 meses”. Sin embargo, advierte que ciertos factores pueden retrasar el proceso, como los plazos procesales más largos en casos de divorcio unilateral o la necesidad de promover primero la disolución conyugal.
El papel del abogado es fundamental en este proceso, ya que su asesoramiento y patrocinio son esenciales para garantizar que el procedimiento se lleve a cabo de manera eficiente y legal. Además, muchas firmas jurídicas, como YC Gestiones, ofrecen servicios adicionales como la contención psicológica por parte de profesionales del área de la salud mental, reconociendo la sensibilidad de la situación.
En casos donde existen disputas sobre la custodia de los hijos o la división de bienes, se promueve el juicio de régimen de relacionamiento, donde ambas partes deben llegar a un acuerdo que priorice el interés superior del niño.
Finalmente, Sánchez ofrece algunos consejos para quienes están considerando un divorcio, ‘‘Lo primordial es asegurarse de contratar a un abogado especializado y experimentado, reunir todos los documentos relacionados con el matrimonio y establecer una comunicación abierta y honesta con el abogado para abordar cualquier preocupación legal’', acotó.
El proceso de divorcio en Paraguay implica una inversión financiera y un compromiso de tiempo significativos, pero con el asesoramiento adecuado y los servicios especializados disponibles, puede ser gestionado de manera eficiente y respetuosa con las necesidades de ambas partes involucradas.