El funcionario del Ministerio Público Karim Ismael Villalba, quien presta servicio en la Fiscalía General del Estado, denunció que fue agredido por haberse encadenado a la camioneta del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
Villalba fue nombrado por la anterior fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, pero con la llegada de Rolón se anularon los nombramientos y uno de los afectados fue Karim Villalba. El joven decidió encadenarse al vehículo de Rolón para reclamar que se revea la postura inicial y se mantenga firme la resolución de nombramiento del joven.
Debido a que se anuló su nombramiento, el joven no recibió sus salarios de los meses de febrero y marzo. Desde los esos meses viene solicitando audiencia y la reconsideración correspondiente para mantener la resolución de nombramiento que firmó Sandra Quiñónez.
Te puede interesar: Un enojado Mbururu golpeó la mesa y recusó al tribunal por “falta de capacidad”
El funcionario tomó la determinación de encadenarse debido a la falta de respuesta de las autoridades del Ministerio Público que se pasan contratando a jueces jubilados y no a darles el apoyo a los jóvenes como el caso de Karim Villalba.
El joven fue esposado por las autoridades policiales y debido a los golpes que recibió tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial para que sea atendido. El padre del joven comentó que su hijo hace 4 años que está trabajando en el Ministerio Público y lamentó que tenga que sufrir la agresión de los guardias del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
Podes leer: Vecinos denuncian estar cansados de adictos que asaltan y roban cables en Villa Elisa
Dejanos tu comentario
Ministerio Público pide 30 años de cárcel para el líder del clan Rotela por el caso “Chacal”
En la noche de este viernes 31 de enero, desde el Poder Judicial informaron que en el proceso que se le sigue a Armando Javier Rotela, líder del clan Rotela, los fiscales Christian Ortiz y Luis Said solicitaron 21 años de cárcel más 9 años de medida de seguridad para para el acusado por hechos vinculados al tráfico de estupefacientes, estructura desbaratada en operativo denominado “Chacal”, desarrollado el año 2021. También su reclusión en un Centro Penitenciario de Máxima Seguridad.
En el mismo trámite judicial, los representantes de la Fiscalía también solicitaron pena privativa de libertad para otros integrantes del clan Rotela, como Vicente Chase, alias “Petiso”, por quien solicitaron 19 años de cárcel más 4 años como medida de seguridad. Además pidieron 10 años de reclusión para Carmen Ortiz, pareja de Chase, y 18 años para el guardiacárcel Chistian Medina.
Para Juan Javier Rodas, alias “Picholi”, los agentes de Ministerio Público pidieron 20 años de pena privativa de libertad, más 6 años como medida de seguridad.
La solicitud de cárcel también alcanzó a Fredy Pérez y Carlos González, para quienes pidieron 17 años de reclusión. Otro integrante del clan Rotela por el que pidieron prisión es Ronald Cantero, para quien solicitaron 15 años de encierro tras las rejas.
Preso hasta el año 2046
Hasta ahora, el Ministerio Público logró unificar las penas con medidas contra Armando Javier Rotela Ayala, sindicado como líder del clan Rotela, con lo que fue confirmado que permanecerá en prisión hasta el año 2046. El criminal fue condenado en dos causas por posesión, comercialización y tráfico de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego, por lo que deberá compurgar una pena carcelaria de 31 años.
De acuerdo al informe emitido por la institución judicial, Rotela compurgaría inicialmente 23 años de cárcel y 8 años como medida de seguridad, hasta el 23 de julio del año 2038, y luego acumularía su medida de seguridad de ocho años, que llega hasta el año 2046.
Actualmente está recluido en una prisión con medidas especiales en Emboscada, tras ser trasladado en diciembre pasado desde Tacumbú por el operativo Veneratio, que desarticuló su grupo criminal en la penitenciaría.
Dejanos tu comentario
Conductor fue agredido a machetazos tras rozar a otro rodado en San Lorenzo
Un hombre denunció que fue agredido con un machete luego de que el otro conductor pasara la luz roja y tuvieron un roce sobre la avenida Eusebio Ayala, en la ciudad de San Lorenzo. Desde el Ministerio Público ordenaron la liberación del agresor y le volvieron a entregar el arma blanca con la que hirió a la víctima.
Según el reporte policial, el hecho se reportó durante la noche de ayer jueves, cuando al conductor de la camioneta que estaba sobre la calle Leopardi le dio verde el semáforo y aceleró con dirección a la avenida Eusebio Ayala, pero el chofer de un automóvil, al parecer pasó la luz roja y se produjo el percance, que afortunadamente no reportó heridos.
La víctima, identificada, como José Estigarribia, indicó que el hombre bajó con un machete en mano abrió la puerta de su auto y le comenzó a agredir con el arma blanca. Lo macheteó varias veces en el brazo derecho, en el que presenta rasguños y golpes, además golpeó la camioneta, afortunadamente el arma no tenía buen filo.
Ambos fueron hasta la Comisaría 15 Barcequillo y el hecho fue comunicado a la fiscal Dora Elizabeth Nohl, quien ordenó la liberación del agresor y concluyó que se trataba de un hecho penal privado, por daños y lesión corporal. Estigarribia indicó que el roce se pudo solucionar en forma pacífica, pero el actuar del hombre fue bastante grave.
“La Fiscalía dispuso la liberación, pero parece que los agentes que intervinieron le comunicaron que solo se trató de un accidente de tránsito y no se le comunicó el hecho en sí. Según lo que corresponde, él debería ser demorado hasta presentar su declaración y de acuerdo al arma indicó que entregue solo si quiere”, expresó Estigarribia en canal Trece.
Agregó que el hombre incluso lo amenazó de muerte y comenzó con lanzar machetazos en su contra y quiso herirlo a la altura de la cabeza, pero logró esquivar el golpe. “El machete tenía unos 60 centímetros de largo. El hombre bajó, abrió mi puerta y empezó a agredirme, incluso me amenazó de muerte. Me dijo te voy a matar y en ese momento temí por mi vida”, puntualizó.
Leé también: Imputan a chofer de bus por mantener las puertas abiertas en robo fatal
Dejanos tu comentario
Imputan a chofer de bus por mantener las puertas abiertas en robo fatal
El Ministerio Público imputó por homicidio culposo al chofer de la Empresa de Transporte Línea 118 Caraguatay SRL, debido a que circulaba con las puertas abiertas durante el asalto que sufrió Cinthia Verónica Riquelme Rodas, de 42 años, y que falleció por un golpe en la cabeza al caer del bus en movimiento, sobre la ruta PY02, a la altura del kilómetro 10 de San Lorenzo, el pasado 20 de enero.
“Yo ya había formulado también imputación días posteriores al hecho con relación al chofer del colectivo, él está imputado por homicidio culposo también. Y está investigado tenemos seis meses de plazo para la investigación y determinación posterior de la responsabilidad”, señaló la fiscal Dora Nohl, este viernes, a la 1020 AM, sin mencionar la identidad del trabajador del volante.
La agente del Ministerio Público afirmó que efectivamente las puertas del colectivo estaban abiertas que facilitó la subida del supuesto vendedor ambulante identificado como Arnaldo Ariel Giménez Salcedo, de 19 años, quien fue detenido ayer jueves en la localidad de Fassardi, en el departamento del Guairá.
Te puede identificar: Roban dos motocicletas a una misma familia en el Hospital San Pablo
Aclaró que la responsabilidad del chofer es por haber tenido las puertas abiertas y no precisamente por permitir que suba el presunto asaltante, quien fungía de vendedor y al estirar el teléfono de la víctima, saltando fuera del bus, hizo que la mujer perdiera el equilibrio. “Es una falta haber tenido las puertas abiertas cuando que la Ley de Transporte prevé que deben estar cerradas”, manifestó.
“El chofer al día siguiente del hecho se puso a disposición, se presentó a la Fiscalía y había declarado. En este caso es un homicidio culposo, como todo homicidio ocurrido en un accidente de tránsito”, remarcó la abogada Nohl. La expectativa de pena por homicidio culposo es hasta cinco años.
Qué dice la ley
La Ley n.º 5016/2014 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo 82, que establece reglas para el transporte público urbano, expresa en el inciso “f”: “Queda prohibido en los vehículos en circulación, fumar, escupir, sacar los brazos o partes del cuerpo fuera de los mismos, llevar pasajeros en las estriberas y mantener las puertas abiertas”.
También en el artículo 112, acerca de las faltas graves, el inciso “v” expresa: “Mantener abiertas las puertas de un vehículo al servicio del transporte público, mientras se encuentra en movimiento o llevar pasajeros en las estriberas o no detenerse junto a la acera al alzar o bajar pasajeros”.
En cuanto a las sanciones para las faltas graves, el artículo 119, en el inciso “b”, refiere “multa de 4 (cuatro) a 10 (diez) jornales mínimos legales, quita de puntos o inhabilitación cuando corresponda”. Los montos van desde 430.508 hasta 1.076.270 guaraníes, a partir de un sumario administrativo previo. “La inhabilitación se aplicará a todos aquellos conductores, que resultaren culpables de accidentes con víctimas fatales o lesiones graves en los términos establecidos para el efecto por el Código Penal”.
Leé también: Investigan misteriosa muerte de una joven en un motel de Capiatá
Dejanos tu comentario
IPS lamenta que Fiscalía no haya imputado a ocupantes de inmueble recuperado
En una diligencia del Instituto de Previsión Social (IPS), en compañía de agentes de la Policía Nacional y un escribano público, lograron la recuperación del inmueble “Penthouse”, ubicado en el Edificio Piribebuy y que estaba siendo ocupado clandestinamente. Pese a este logro, la previsional lamenta el nulo acompañamiento del Ministerio Público.
“Nosotros comunicamos esto al Ministerio Público, hicimos la denuncia y es una vergüenza y desidia del Ministerio Público porque hicimos pedidos de allanamiento, de constitución, hemos solicitado la imputación y nunca tuvimos retorno de parte de la Fiscalía. Ya hace dos años que se hizo la denuncia, hemos propuesto, pero no hemos tenido resultados”, cuestionó José González, asesor jurídico del IPS.
En contacto con La Nación/Nación Media, el abogado precisó que este hecho ya data de hace dos años atrás cuando se realizó una denuncia por invasión y sustracción de energía eléctrica. En ese momento, se había logrado el desalojo de los ocupantes, pero una hora posterior al operativo, tras forzar las cerraduras, estas personas ingresaron nuevamente al inmueble.
Le puede interesar: IPS recuperó el inmueble “Penthouse” de ocupantes clandestinos
“La propiedad no está ocupada en este momento, labramos acta y el inmueble está desalojado. Acá lo que nos preocupa es que el IPS hace la denuncia ante los organismos correspondientes, pero hay una inacción de parte del Ministerio Público. Estas son propiedades importantes del IPS que necesitamos recuperar y ante la inacción de ellos en muchos casos no podemos avanzar”, lamentó.
González afirmó que la previsional se ve obligada a hacer “justicia por manos propias” en muchas ocasiones debido a la falta de acompañamiento de la Fiscalía y mencionó que existen varias denuncias realizadas por el IPS sobre las cuales no hay ningún retorno de parte del Ministerio Público respecto a pedidos de diligencias.
“Esto debe seguir su curso en el Ministerio Público porque esta persona cometió un hecho punible y debe ser imputado, se debe avanzar con la investigación. No puede ser que no presente imputación, o sino es como que el sistema de justicia contribuye a que la gente siga ocupando las propiedades del IPS y que no haya consecuencias. Vamos a seguir denunciando y esperamos que el Ministerio Público funcione”, concluyó.