Una vez más se suspendió el juicio oral y público para el exministro del Interior, Walter Bower, y los policías Merardo Palacios y Osvaldo Vera, acusados por presunta tortura. La audiencia oral se suspendió porque los tres acusados recusaron a los jueces de sentencia, Fabián Weinsensee, Laura Ocampos y Cándida Fleitas.

La nueva recusación se genero luego de que se filtrara un supuesto audio en el que se escucha a quien, supuestamente, sería la magistrada Laura Ocampo, integrante del tribunal de sentencia, dialogando con quien sería uno de los abogados querellantes. Ante la nueva recusación se suspendió la prosecución del juicio oral y público, en el que ya se debía imponer las condenas respectivas para cada uno de los condenados.

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Para los jueces de sentencia quedó probado que Palacios y Vera participaron de hechos de maltrato físico hacia Jorge Luis López Sosa y otras personas, tanto en la comisaría así como también en la Marina. Respecto a Bower, quedó acreditada la participación en los hechos que se dieron en este último lugar. Aún está pendiente el pedido de pena que deben realizar las partes y el posterior veredicto del colegiado.

El exministro del Interior Walter Bower fue acusado con los expolicías Osvaldo Vera y Merardo Palacios por supuestos hechos de tortura contra dos uniformados en mayo del año 2000 en la Marina, porque supuestamente los mismos participaron del frustrado golpe de Estado contra el entonces presidente, Luis Ángel González Macchi.

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Un procedimiento de desalojo de un inmueble ubicado en la colonia Naranjito, en el distrito de San Rafael del Paraná (Itapúa) estaba previsto para este martes por la mañana, pero debió suspenderse luego de que se comunicara, esta misma mañana, del ingreso del pedido de recusación del fiscal Luis Albertini, a cargo del operativo de constatación de la superficie ocupada por el asentamiento San Francisco.

En conversación con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, el fiscal Albertini comentó que recibieron la noticia de que el representante legal de los ocupantes del inmueble en litigio presentaron el pedido de recusación ya cuando la comitiva fiscal y policial se encontraba en el lugar ultimando detalles para ingresar al sitio.

“El objetivo era realizar el procedimiento de constatación del inmueble con el ingeniero del Ministerio Público, es a los efectos de tomar los planos georeferenciales para contrastar con los títulos presentados tanto por el titular del inmueble, como con los del registro público y los de catastro. En ese sentido, esa tarea no la vamos a poder realizar porque se presentó la recusación” indicó el interviniente.

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Albertini precisó que, tras esta verificación, se debía de proceder también al desalojo de las 40 familias apostadas en el lugar con un total de 33 casas, precisando que estarían habitando unas 80 personas, entre adultos y niños, pero que ninguno de los ocupantes ha presentado título de propiedad o trámite ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) que les habilite permanecer en el sitio.

Para el mencionado procedimiento se convocó a un total de 150 efectivos policiales, entre ellos de las divisiones tácticas antidisturbios, linces y montada, provenientes de los departamentos de Caazapá, Alto Paraná e Itapúa.

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La madre, cuya hija fue víctima de un supuesto abuso sexual por parte de un tío paterno en la ciudad de Hernandarias, urgió la resolución de la la Fiscalía ante la presentación de una recusación.

El hecho había ocurrido en el año 2021 en la ciudad esteña. La denuncia refiere que la menor fue abusada cuando tenía tres años de edad por parte de un familiar cercano. A pesar de la existencia de la declaración realizada en el 2022 en Cámara Gessell, la causa (a cargo de la fiscal Vivian Coronel) no sigue su curso, por lo que el supuesto responsable sigue impune.

La madre, cuya identidad se resguarda por protección de la menor, relató a La Nación que ella vivía en un complejo habitacional de Hernandarias con el padre de sus dos hijas y que luego de la separación de su marido –por violencia doméstica- tuvo que mudarse a la ciudad de Fernando de la Mora. Allí notó comportamiento extraño en una de sus hijas, por lo que la llevó al Hospital de Acosta Ñu, donde se constató la existencia de abuso sexual de parte de otro familiar.

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El caso comenzó con su denuncia realizada en Fernando de la Mora, pero la imputación presentada por un fiscal de esa ciudad fue rechazada en el juzgado por el sitio donde habría ocurrido el delito. Es por ello que se dispuso el traslado del expediente a Hernandarias, donde finalmente se estancó la investigación. Es de recordar que la carpeta titulada “abuso sexual en niños” fue directamente a Ciudad del Este, porque allí está la unidad fiscal a cargo de la fiscala Coronel.

Igualmente, autoridades del Hospital Pediátrico Acosta Ñu realizaron la denuncia ante la existencia de un diagnóstico médico y sicológico. La madre mencionó que la forense de la Unidad 4 de la fiscalía de Fernando de la Mora confirmó sobre el abuso sexual, por lo que el fiscal de esa unidad procedió a la imputación del supuesto abusador, quien sería el tío paterno de la menor.

Debido a que el hecho ocurrió en la ciudad de Hernandarias, la unidad fiscal de Fernando de la Mora resolvió el traslado de la carpeta a la jurisdicción de Ciudad del Este. Allí, el expediente a cargo de la fiscala Coronel, quedó encajonado por más de un año, denunció la madre.

La abogada Carol Arias detalló en una entrevista concedida a la radio Universo y canal GEN que el supuesto autor del hecho es un ciudadano libanés con doble nacionalidad, y el mismo enfrenta procesos legales debido a documentación con inconsistencias entre Brasil y Paraguay, incluyendo el uso de nombres distintos en ambos países.

La profesional expresó su frustración por la lentitud judicial en el caso, y ahora aguarda la resolución del Ministerio Público acerca de la recusación presentada por la familia afectada, para que de esa manera pueda proseguir la causa penal, en la que estaría involucrado el ciudadano libanés.

En tanto, la menor sigue un tratamiento psicológico debido a las secuelas. “Lo más triste es que la familia afectada debe demostrar qué ocurrió, poniendo en duda la credibilidad de la Cámara Gessel”, afirmó la abogada.

El supuesto abusador es descendiente libanés de nacionalidad brasileña, presuntamente con documentos falsos paraguayos. Sobre este punto, hay una causa abierta en Hernandarias, a cargo de la fiscala Natalia Montanía.

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Una nueva recusación presentada por la defensa técnica de la condenada a dos años y seis meses de cárcel Celina Villalba de Lovera contra los camaristas Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete traba el estudio de la confirmación o no de la sentencia dictada en primera instancia. Igualmente fue sentenciada Nélida Huespe de Peralta. Ambas pertenecían a la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay donde generaron un perjuicio de G. 1.240 millones.

Ya cuando los tres camaristas mencionados más arriba estaban estudiando la apelación del caso la condenada Villalba de Lovera recusó a los tres jueces, quienes no pueden seguir analizando el caso y deben remitir un informe a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que deberá destrabar el caso y evitar que quede impune.

No es la primera vez que las condenadas se turnan para presentar la recusación debido a que en otra oportunidad ya recusaron a los mismos camaristas, quienes fueron confirmados para que sigan estudiando el caso, por lo que si los ministros consideran pueden aplicar la sanción disciplinaria ante las reiteradas recusaciones que se presentan.

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Durante el desarrollo del juicio oral y público se probó que Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera fueron autoras de hechos punibles contra el patrimonio que causaron un daño patrimonial a la Asociación en la suma de G. 1.240.971.000. Lo real y concreto es que con motivo de las actuaciones dilatorias, obstruccionistas y abusivas, la condena podría quedar sin efectos reales y materializarse una impunidad absoluta, pues los hechos ocurrieron a partir del 15 de diciembre de 2014 hasta el mes de marzo de 2015, con lo cual en el mes de diciembre de 2024 se argumentaría la operatividad de la prescripción de la acción penal.

Pese a que el hecho generó un perjuicio sumamente importante para la Asociación, que nuclea un aproximado de 20.000 mil jubilados del sector público y la docencia, y que existe una sentencia condenatoria, el juzgamiento en segunda instancia no ha podido ser llevado a cabo por las recusaciones promovidas por las defensas, las que se han turnado para plantear estos recursos dilatorios y desprovistos de buena fe, que lo único que consolidarían es una impunidad, puesto que aun cuando el Tribunal de Apelación pueda eventualmente pronunciarse antes de que opere una hipotética prescripción, de todas maneras las defensas aún tienen la posibilidad de interponer recursos ante la Sala Penal de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

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