Este jueves se suspendió la audiencia preliminar de Belén Whittingslow, que se encuentra en Uruguay, luego que fuera recusada la jueza Alicia Pedrozo y el Tribunal de Apelación, a través de su representante legal, el abogado Rodrigo Cuevas, en el caso en que está acusada por producción de documentos no auténticos y alteración de datos relevantes en el marco del caso conocido como “compra-nota de la UCA”. La sala penal de la Corte deberá destrabar el presente caso.
El 21 de junio de 2019, la jueza Lici Sánchez había ordenado la captura de María Belén Whittingslow Castañe, actualmente de 33 años de edad, y la declaró en rebeldía, al igual que Víctor David Oviedo Arce (exempleado de la universidad) y Leonard Chung Wang (estudiante), en el marco del proceso legal del caso de supuesta compra de notas en la Universidad Católica de Asunción (UCA), que inició en el 2015. La orden de captura fue recientemente levantada, pero la defensa de la joven pide notificación a la Interpol para tener garantías de que no será detenida al ingresar a Paraguay.
Un total de 43 estudiantes fueron expulsados de la UCA por la presunta compra de calificaciones, incluida Whittingslow, quien rechazó la acusación y fue imputada el 11 de junio del 2015 por supuesta producción de documentos no auténticos. La joven aseguró que nunca fue notificada para ninguna audiencia y que la imputación fue en represalia a su denuncia por supuesto acoso sexual contra Cristian Kriskovich, entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), miembro del Consejo de la Magistratura y docente de la Facultad de Derecho de UCA.
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Entonces, Whittingslow había indicado que el último requerimiento fiscal en la causa “Cristian Daniel Kriskovich de Vargas sobre supuesto acoso sexual” era de fecha previa, 1 de junio del 2015. La denunciante presentó como prueba varios mensajes obscenos recibidos en su teléfono celular en el año 2014 que habría enviado Kriskovich por WhatsApp.
La denuncia por acoso fue desestimada, y Whittingslow fue imputada en el caso de compra de notas, y seguidamente se dictó orden de captura en su contra. En tanto, Kriskovich denunció a la estudiante por difamación y calumnia y pidió un resarcimiento de unos US$ 450.000. Ante esta situación, la joven huyó a Uruguay, en agosto de 2019, bajo el status de refugiada, por lo cual también se había dictado captura internacional contra ella.
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