Se suspendió la audiencia preliminar del extitular de la Conajzar José Antonio Ortiz Báez y otros acusados por lesión de confianza por la adjudicación de explotación de juegos de azar en forma irregular. La diligencia judicial se pospuso porque uno de los acusados recusó al juez de Delitos Económicos Humberto Otazú y así logró dilatar la realización de la diligencia judicial.
Ahora será un Tribunal de Apelación el que estudie la nueva recusación que pesa contra el juez Otazú y decida si confirma la competencia del referido magistrado en el mencionado caso. Una vez que se confirme nuevamente al magistrado Otazú, tendrá que fijar una fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar en la que se tiene que definir si los procesados enfrentarán un juicio oral y público.
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El presente caso ya se viene suspendiendo en numerosas ocasiones por lo que en la próxima se espera que ya se realice la diligencia judicial.
Los procesados en la presente causa formaban parte del Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). El Ministerio Público sostiene que los acusados habrían concedido de forma irregular adjudicaciones de máquinas tragamonedas y de otros juegos de azar.
La fiscal María Estefanía González fue quien llevó adelante la presente investigación y presentó la acusación contra Ortiz y demás procesados. La representante del Ministerio Público solicitó al juzgado que el presente caso se eleve a un juicio oral debido a que cuenta con suficientes elementos para llegar a una condena.
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Triple choque en Sanber: juez definirá si ratifica o no la prisión de Sanabria Vierci
A las 07:30 de este miércoles se deberá realizar la audiencia de revisión de medidas cautelares para el empresario Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre, por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque- San Bernardino donde falleció toda una familia.
La diligencia judicial se realizará ante el juez penal de garantía de Caacupé Augusto Acuña, quien tendrá que definir si ratifica la prisión preventiva de Sanabria Vierci en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional o en otro recinto penitenciario. Por su parte, la querella adhesiva pedirá al juzgado penal de garantía que se ratifique la prisión del imputado.
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La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.
En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.
La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.
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Lesión de confianza y asociación criminal: juez fija audiencia preliminar para Miguel Prieto
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.
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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Fiscalía se ratifica en acusación para que “lavadores” de Pavão afronten juicio oral
Arrancó este miércoles la audiencia preliminar para los acusados por el operativo Pavo Real I que desbarató un esquema de lavado de dinero del narcotraficante, Jarvis Chimenes Pavão, preso en una cárcel de máxima seguridad en Brasil. La diligencia judicial se realiza ante el juez Osmar Legal quien tendrá que definir si eleva a juicio oral y público de los 24 acusados. En la audiencia, el Ministerio Público se ratificó en su acusación para que los presuntos lavadores de Jarvis puedan afrontar el juicio oral y público.
La audiencia prosigue el próximo martes 25 de marzo con la presentación de los incidentes de parte de la defensa de los acusados.
La fiscalía en su momento pidió el comiso de más de 100 inmuebles, entre los cuales figuran dos hoteles en Pedro Juan Caballero, por aproximadamente USD 150 millones y USD 2 millones, respectivamente, depositados en las cuentas de los acusados Angela Kunrad y el abogado Alfredo Duarte.
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Están acusados en el presente caso: Adrián Rolando Brizuela Olmedo, Daniel Montenegro Menesez, Gabriela Esther González Jacquet, Carlos Andres Oleñik Memmel, Pedro Pablo Seall Melgarejo, Lilia Haydee Ayala De Silva, y Jorge Fernando Mora Galeano.
La lista de acusados sigue con: Renan Gilberto Mora Benítez, Ronaldo Adalberto Serrati Duarte, Evaldo Andrade Dos Santos, Víctor Hugo Paniagua Fretes Filho, Gustavo Aníbal Medina Carneiro, María Cristina González Ibarra, y Nancy Del Carmen Alfonso Prieto.
Asimismo los acusados, Raquel Amaro Fernández, Marcos Raúl Aveiro Mendoza, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorena Arce Cáceres, Alberto Manuel Barboza Beraud, Ricardo Sanabria Ferreira, Olga Elena Reichardt De Souza, Alexandre Reichardt De Souza, Amilcar Battaglín De Souza y Rosely Messias Da Silva Pavao.
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Metrobús: pericia de la Fiscalía concluye que no hubo daño patrimonial
Se realizó la audiencia preliminar del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, acusado por el delito de lesión de confianza por el caso conocido como Metrobús. La diligencia judicial se desarrolló ante el juez Humberto Otazú.
El abogado Ricardo Preda, representante legal del extitular del MOPC, fue claro en puntualizar las irregularidades y los vicios que tiene la acusación del Ministerio Público por lo que se debe hacer lugar al sobreseimiento definitivo de Jiménez Gaona.
Preda indicó que “la propia pericia de la Fiscalía concluyó que no existe perjuicio patrimonial en el caso investigado, un argumento clave que debilita la acusación presentada”. Sostuvo que “el informe técnico fue presentado después de que la acusación fuera formalizada, lo que ha levantado serias dudas sobre la transparencia y solidez del proceso judicial”, señalo el citado profesional. Añadió que “la acusación del Ministerio Público, tiene muchos vicios y eso hace que caiga en contradicciones”.
Del mismo modo, el abogado citó las falencias de la investigación mencionando que “no existe precisión y detalle en la descripción de los hechos punibles, así como se usó un tipo penal derogado, lo que genera nulidad procesal del presente caso”. También agrego que “la investigación fue deficiente, sin pruebas concluyentes que justifiquen la acusación”.
Otro punto importante que describió el abogado fue que se ha “violado el derecho a la defensa, ya que los acusados fueron indagados por hechos distintos a los expuestos en la acusación fiscal, por lo que se debe hacer lugar a la nulidad de la acusación y por ende el sobreseimiento definitivo”. Del mismo modo, se dejó constancia la ausencia de perjuicio patrimonial real, ya que los pagos fueron aprobados por fiscalización y el BID.
Otro punto importante que mencionó el citado profesional fue que “la obra se ejecutó y se pagó en un 18,5 % y lógicamente en este estado no podría cumplir con todas las expectativas “sociales” depositadas en el proyecto; la misma quedó inconclusa no por una inviabilidad técnica, sino por una decisión política de la siguiente administración, que igualmente fue la que tomó la decisión de demolerlas parcialmente”.
Preda concluyo que “En agosto de 2018, al fenecer el mandato, la administración de Ramón Jiménez Gaona entregó un avance de obra del 18,5 %, como se afirmó, así como pólizas de seguro y contratos vigentes. La siguiente administración dispuso la suspensión de las obras, la intervención del proyecto. Luego de meses de trabajo, en junio de 2019 la intervención recomendó la continuación del proyecto; pero en febrero de 2020 la administración decidió la cancelación del proyecto” refirió el defensor del exministro del MOPC.
La audiencia preliminar prosigue este jueves y ya el juez Humberto Otazú tendrá que resolver si corresponde hacer lugar a los incidentes planteados por la defensa de Jiménez Gaona y ordenar el sobreseimiento definitivo o enviar a juicio oral. También en el presente caso está acusada la exviceministra de Administración y Finanzas, Marta Benítez.
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