El exministro de Salud Julio Mazzoleni declaró en el marco del juicio oral y público que se le sigue a Justo Ferreira y a su hija Patricia Ferreira, accionista y directora de la firma Imedic SA, acusados por el contrabando de 50 camas hospitalarias, producción de documento no auténtico y asociación criminal por la compra fallida de insumos para el Ministerio de Salud durante la pandemia del covid-19.
El exsecretario de Estado señaló que la compra de camas para terapia intensiva fue realizada por vía de la excepción, no obstante, tras verificar que no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas por el pliego de bases y condiciones, se frustró la compra y se denunció el hecho ante el Ministerio Público, indicó Mazzoleni.
La declaración del exministro de Salud compromete seriamente la situación procesal del clan Ferreira. Igualmente declaró en el juicio oral Julio Fernández, director de Aduanas.
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Por su parte, Carlos Arregui, extitular de Seprelad que integró la comisión de investigación, mencionó al colegiado que habían elaborado un informe sobre esa compra realizada por Imedic. Arregui manifestó: “Recuerdo que había algunas especificaciones técnicas no cumplidas por la empresa”. Enfatizó que las camas eléctricas no figuraban en las especificaciones técnicas de la licitación, sino que eran camas manuales, sin embargo Imedic adquirió de las primeras, refirió Arregui.
El juicio oral prosigue el próximo 28 de junio con la declaración de más testigos. El Tribunal de Sentencia que juzga a los acusados está integrado por Elsa García, Juan Pablo Mendoza y Yolanda Morel.
Además de Justo Ferreira y su hija Patricia, están acusados en el presente caso Carlos Alberto Gamarra, Guillermo Andrés Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, funcionarios de Aduanas y despachante, respectivamente.
Antecedentes
En julio del 2021, el juez Humberto Otazú elevó a juicio oral y público el proceso penal al clan Ferreira. La determinación del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia preliminar. Esta resolución judicial fue apelada por la defensa de los procesados y en setiembre del mismo año el Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Gustavo Santander, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín, ratificó que Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y otros procesados deberían enfrentar un juicio oral y público.
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